Tegucigalpa, Honduras.- El pleno del Congreso Nacional aprobó la Ley Temporal de Centralización de Activos Financieros Incautados en la Cuenta Única del Tesoro (CUT), una medida que también faculta a las instituciones de seguridad y justicia a ejecutar contrataciones directas con los dineros bajo administración de la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI).
La normativa busca acelerar el flujo de recursos decomisados al crimen organizado para inyectar liquidez inmediata a las dependencias de combate a la delincuencia, evitando que los valores permanezcan inmovilizados durante los prolongados juzgamientos.
Bajo este esquema, la totalidad de los valores pecuniarios incautados será transferida directamente a la caja única estatal para su posterior redistribución presupuestaria.
Esta nueva normativa surge luego de la entraga en vigencia del Decreto No. 227-2026, que reforma la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito para permitir la distribución anticipada de recursos económicos incautados por la OABI, en su artículo 78.
El decreto establece una distribución específica de los recursos entre las dependencias encargadas de la defensa y el juzgamiento, asignando un 25% de los recursos a la Secretaría de Defensa y otro 25% a la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y el Poder Judicial percibirán cada uno un 15% del total de los fondos, mientras que la OABI conservará un 10%.
Además el 10% restante del presupuesto disponible se dividirá en partes iguales entre la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación (DNII) y la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANC), con un 5% para cada entidad.
"Que los bienes incautados, ese dinero va a pasar a la caja única porque es el procedimiento legal que se debe de seguir para que la Secretaría de Finanzas establezca los porcentajes ya aprobados a estas instituciones", explicó Tania Pinto, diputada del Partido Nacional.
Compras directas
Uno de los ejes principales del articulado faculta a los entes beneficiarios a emplear el mecanismo de contratación directa sin pasar por licitación pública, buscando acelerar la adquisición de vehículos, armamento e insumos policiales y militares.
La legislación contempla una cláusula de devolución que obliga a la Secretaría de Finanzas a restituir el dinero incautado con sus respectivos intereses en un plazo de 30 días, si el tribunal correspondiente emite una sentencia absolutoria firme a favor del imputado.
"Se le está autorizando que se utilice el mecanismo de contratación directa para no tener que hacer una licitación pública y darle celeridad a esto; las proponemos por la urgencia, estamos hablando de la seguridad de Honduras", argumentó la parlamentaria Pinto.
Cuestionan opacidad
La habilitación de compras directas sobre dinero en proceso de juzgamiento provocó un intenso debate en el hemiciclo, donde sectores legislativos alertaron sobre la falta de controles y la suspensión de las reglas de la Ley de Contratación del Estado.
Los cuestionamientos apuntan a que los activos en disputa superan los 1,000 millones de lempiras, por lo que prescindir de los procesos licitatorios vulnera las garantías de fiscalización sobre fondos que aún no son patrimonio definitivo del Estado.
"Las instituciones del Estado que puedan hacer uso de ellos mediante contrataciones directas indudablemente violentan en primer lugar el principio de inocencia y además la Ley de Contratación del Estado", sostuvo Marco Ramiro Lobo, diputado de Libre.
El congresista agregó que la disposición resta transparencia al uso de los recursos de la OABI, al transferir sumas millonarias a las dependencias públicas antes de que concluyan los juicios y existan sentencias condenas firmes.
