Tegucigalpa, Honduras. La organización Defensores de Honduras se presentó formalmente ante la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional para someter a discusión un nuevo paquete de reformas orientadas a transparentar el escrutinio de votos y garantizar equidad entre aspirantes políticos.
La comitiva fue recibida por el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Antonio Rivera Callejas, quien destacó el papel que ha desempeñado la sociedad civil organizada en la defensa institucional y el fortalecimiento de la democracia.
La primera propuesta del organismo plantea la creación de una mesa ciudadana de fiscalización electoral que opere de forma independiente durante el funcionamiento de las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Esta figura de control social estaría integrada por ciudadanos sin afiliación partidaria provenientes de las iglesias o las universidades, seleccionados mediante sorteo público.
La meta central del mecanismo es vigilar y dar fe del conteo de sufragios en las urnas, especialmente en la modalidad de diputados al Poder Legislativo, donde históricamente se han señalado inconsistencias en el cierre de mesas.
"Estamos proponiendo una mesa ciudadana de fiscalización electoral que esté al frente de la Junta Receptora de Votos, que vea cómo cuentan y que dé fe de lo actuado en el momento más oscuro que es el escrutinio", explicó Ruth Lafosse, representante de la organización Defensores de Honduras.
Según la iniciativa, el fiscal ciudadano mantendría una hoja de incidencias independiente que sería escaneada y adjuntada formalmente al acta oficial de cierre para dar certeza sobre la fidelidad del resultado.
"Esa es una reforma que ellos proponen en el sentido de que una persona no política, no nacionalista, no liberal, no libre, esté ahí fiscalizando a los miembros de la junta receptora de votos", resaltó Antonio Rivera Callejas, diputado nacionalista.
La segunda reforma exige que todo funcionario público con intenciones de postularse a un cargo de elección popular deba dimitir de su puesto un año antes de los comicios generales, es decir, antes de la convocatoria a elecciones primarias.
La medida busca evitar el uso indevido de recursos estatales y asegurar condiciones de verdadera competencia frente a nuevos liderazgos o aspirantes jóvenes que no cuentan con la estructura gubernamental.
"De acuerdo a la Constitución de la República es obligación de todo funcionario público que renuncie antes de la convocatoria a elecciones primarias, es decir, un año antes de las elecciones generales", argumentó Ruth Lafosse, vocera de la comitiva ciudadana.
Las autoridades de la comisión parlamentaria confirmaron que ambas propuestas serán analizadas e incorporadas a los debates de la agenda legislativa previos a los próximos procesos electorales en el país.
