La Comisión Especial de Juicio Político contra cuatro altos funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) entregó este miércoles a la junta directiva del Congreso Nacional el informe final con sus conclusiones y recomendaciones.
Tras la presentación del documento, el Congreso Nacional procedió a citar al consejero del CNE, Marlon Ochoa; a Mario Morazán, magistrado propietario del TJE; y a los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, quienes deberán comparecer ante el pleno legislativo como parte del proceso.
La presidenta de la comisión, Tania Pinto, explicó que la etapa de investigación y deliberación ha concluido, y que el informe recomienda la destitución de los cuatro altos funcionarios, al determinar la existencia de responsabilidad política en su actuación durante los procesos electorales.
Según el documento, se establece responsabilidad política para Mario Morazán, Marlon Ochoa, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, en el marco de los hechos analizados por la comisión.
Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, explicó que el proceso contempla únicamente dos escenarios: la destitución o la continuidad en el cargo de los señalados. Asimismo, indicó que los denunciados deberán presentarse ante el pleno legislativo, donde serán interrogados por los diputados antes de que se tome una decisión definitiva.
El jueves anterior, el Congreso aprobó la apertura del juicio político contra los funcionarios electorales, en relación con su desempeño durante las elecciones primarias e internas del 9 de marzo y las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.
En este contexto, el consejero Marlon Ochoa, del partido Libertad y Refundación (Libre), quien mantuvo una confrontación pública con sus compañeras consejeras Ana Paola Hall, del Partido Liberal, y Cossette López, no se presentó a la audiencia correspondiente dentro del proceso.
Los cuatro funcionarios electorales son acusados por presuntas actuaciones contrarias a la Constitución, así como por negligencia, incapacidad e incompetencia en el ejercicio de sus funciones durante los procesos electorales de 2025.
La comparecencia de los señalados ante el pleno será determinante para que el Congreso Nacional adopte una resolución final sobre su continuidad o destitución en los cargos.
