La Ceiba, Honduras. Partes clave del avión Jetstream 31-32 de la aerolínea Lanhsa, correspondiente al vuelo LNH-018 que cayó al mar el 17 de marzo de 2025, llegaron este lunes al muelle de cabotaje de La Ceiba.
Entre las piezas recuperadas figuran el fuselaje, los motores y las grabadoras de vuelo, que fueron embalados para su traslado a Washington, Estados Unidos, donde serán sometidos a peritajes especializados.
El accidente ocurrió a unos 800 metros de la pista del aeropuerto Juan Manuel Gálvez, en Roatán, y a una profundidad aproximada de 45 metros. La tragedia dejó 12 muertos y cinco sobrevivientes. Entre las víctimas estaban el artista Aurelio Martínez y los pilotos Luis Araya y Francisco Lagos.
Asimismo murieron: Carlos Edwin Mejía, su esposa Alba Rosa Acosta y sus hijas Karla y Kimberly Mejía. La lista de víctimas incluye además a Seida Torres, Andrea Flores, Angie Flores, Yeimi Duarte y Nidia Miranda Benítez.
Según datos de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (Ahac), la aeronave, cuyo año de fabricación data de 1989, alcanzó una altitud estimada de entre 20 y 35 pies sobre la pista previo a virar hacia la derecha, perdiendo la sustentación hasta impactar en el mar.
Abogados costearon el rescate del avión
Las labores de extracción submarina fueron financiadas por la firma legal DJC Law, con sede en Texas, Estados Unidos, que lleva la demanda de los familiares de las víctimas. Además contaron con la asistencia técnica de la Fuerza Naval de Honduras con el buque Gracias a Dios, la compañía Honeywell fabricante de los motores y buzos expertos contratados.
Los resultados de estos peritajes serán fundamentales para esclarecer si el accidente aéreo obedeció a fallas mecánicas o a un error humano, lo que permitirá fijar las responsabilidades civiles y determinar la reparación económica para losfamiliares de las víctimas.
Dos meses después del accidente, la familia de Aurelio Martínez, junto a otros parientes de las víctimas, demandaron a la aerolínea Lanhsa, contratando al bufete de abogados, liderado por el togado Andrés Pereira, de la firma DJC Law, debido al poco apoyo recibido tras las tragedia.
