Tegucigalpa, Honduras. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió el recurso de amparo presentado por Scherly Arriaga, diputada del Libre, contra una resolución del Ministerio Público que negó el acceso a copias del expediente relacionado con la investigación de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional.
El recurso fue presentado por el abogado Darwin García contra la resolución emitida por la Fiscalía el 29 de junio de 2026, mediante la cual se negó la entrega de las copias solicitadas del expediente investigativo.
Tras admitir el recurso, la Sala de lo Constitucional ordenó al Ministerio Público remitir, en el plazo de un día hábil, los antecedentes relacionados con el caso, con el objetivo de continuar con el trámite correspondiente.
Sin embargo, la admisión del amparo no representa una resolución sobre el fondo de la controversia ni determina que la Fiscalía haya actuado de manera contraria a derecho.
¿En qué consiste la investigación?
La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada contra los Delitos de Corrupción y contempla señalamientos por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones públicas y traición a la patria.
El proceso busca determinar si los integrantes de la extinta Comisión Permanente del órgano legislativo sobrepasaron las facultades que la Constitución y las leyes les otorgaban durante sus actuaciones.
Entre los investigados figuran Luis Redondo, quien presidió el Congreso Nacional; Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Juan Barahona, Fabricio Sandoval, Silvia Ayala, Karen Martínez, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña.
Uno de los principales hechos bajo investigación está relacionado con la sesión legislativa del 8 de enero de 2026, cuando la Comisión Permanente participó en la aprobación del Decreto 58-2025.
La normativa ordenaba al Consejo Nacional Electoral realizar un recuento general de votos de las elecciones generales. En ese contexto, la Fiscalía busca establecer quiénes participaron en la sesión y si los integrantes de la Comisión asumieron atribuciones que correspondían al pleno de los 128 diputados.
En el marco de la investigación, el Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema de Justicia diligencias prejudiciales y una pericia cibernética sobre los registros de la sesión, con el propósito de identificar a los diputados y exdiputados que participaron en la aprobación del decreto.
Aunque la Comisión Permanente fue eliminada definitivamente mediante una reforma constitucional aprobada en abril de 2026, su desaparición no impide que el Ministerio Público investigue las actuaciones realizadas durante el período en que ese órgano legislativo estuvo vigente.
En el caso de Arriaga, el recurso de amparo está relacionado con su solicitud de acceso a copias del expediente investigativo y con la resolución fiscal que rechazó esa petición.
Mientras la Sala de lo Constitucional continúa con el trámite del recurso, el Ministerio Público mantiene la facultad de desarrollar las diligencias vinculadas con la investigación.
