La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y más de 30 organizaciones internacionales expresaron su alarma por el aumento de hostigamiento, estigmatización y presiones institucionales contra periodistas y medios en Honduras, a pocos días de las elecciones generales.
Las organizaciones denunciaron que altos mandos de las Fuerzas Armadas han emitido declaraciones que acusan a periodistas de encabezar “campañas mediáticas” y de estar involucrados en presuntos entramados vinculados al crimen organizado, señalamiento que —según la SIP— constituye un acto de estigmatización que pone en riesgo a la prensa.
También recordaron que este año se han registrado intentos de obligar a medios a revelar sus fuentes, descalificaciones públicas y un patrón de vigilancia digital.
El principal artífice de los ataques sistemáticos contra la prensa hondureña es el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández.
Grupo OPSA ha denunciado en reiteradas ocasiones las mentiras y actos de cinismo por parte de Roosevelt Hernández al atacar a los medios de OPSA y a su presidente, Jorge Canahuati.
Además, el medio Criterio.hn reportó ataques cibernéticos y presiones judiciales relacionados con sus investigaciones, en un contexto que diversas organizaciones consideran “cada vez más hostil” para el periodismo independiente, especialmente para quienes cubren corrupción, seguridad y procesos electorales.
Grave preocupación internacional por el clima de hostigamiento contra la prensa en Honduras @sip_oficial @AmiMediosInfoCo adhiere y expresa su solidaridad ante intentos de criminalizar, intimidar y desacreditar a la prensa independiente https://t.co/mr4u4MqD6V
— Asociación Colombiana de Medios de Información (@AmiMediosInfoCo) November 19, 2025
Una Misión Internacional de Libertad de Expresión, integrada por entidades como RSF, CPJ, Artículo 19 y FLIP, documentó recientemente un patrón de intimidación desde sectores estatales y militares, así como la falta de garantías para ejercer el periodismo durante el proceso electoral.
La SIP y las organizaciones firmantes rechazaron las declaraciones del general Roosevelt Hernández y recordaron que las Fuerzas Armadas deben mantener neutralidad política y abstenerse de descalificar a la prensa. También señalaron que el Consejo Nacional Electoral ya había instruido al oficial a no pronunciarse sobre temas políticos.
Roosevelt Hernández parece decidido a imponer su bota militar sobre la prensa hondureña, en particular a la que se atreve a cuestionar sus errores, abusos contra la institucionalidad y constantes violaciones a la Constitución de la República.
Periodistas y medios de comunicación han sido víctimas de persecución, campañas de odio e intimidación durante el último año por parte de un militar que se ha alejado de los principios del fuero castrense para convertirse, según sus propios compañeros de armas, en un militante del partido Libertad y Refundación (Libre).
La mayoría de los medios de comunicación y las organizaciones defensoras de derechos humanos han condenado los abusos de Hernández Aguilar, quien se comporta como un funcionario intocable, pese a sus reiteradas acciones autoritarias como jefe de la institución castrense.
Uno de sus primeros ataques infundados ocurrió en febrero de 2025, cuando emprendió un proceso de demandas contra doce medios de comunicación, solicitando al Ministerio Público (MP) investigar a los periodistas para obligarlos a revelar sus fuentes, a pesar de que la legislación nacional e instrumentos internacionales protegen ese derecho.
La persecución se dirigió contra LA PRENSA, El Heraldo, Radio Cadena Voces (RCV), La Tribuna, Radio América, Abriendo Brecha, CHTV, Hable Como Habla, Q´Hubo TV, Hondudiario, Criterio HN y Noticias 24/7.
Recomendaciones
Las organizaciones emitieron recomendaciones que incluyen: garantizar el acceso a la información, respetar la protección de fuentes, investigar ataques y amenazas, fortalecer los mecanismos de protección, y establecer canales de diálogo entre instituciones, prensa y organismos de derechos humanos.
Finalmente, hicieron un llamado a la comunidad internacional —incluyendo misiones de observación, la OEA, la ONU y la Unión Europea— a supervisar de cerca la situación de la libertad de prensa en Honduras antes, durante y después de las elecciones.
