La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) anunció que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra las reformas al decreto 282-2010.
Estas reformas le quitan exclusividad a la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, de realizar nombramientos, traslados, contrataciones, entre otros, no se hicieron esperar.
El juez y presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, Guillermo López Lone, expresó no estar de acuerdo con esa determinación tomada por 90 diputados del Congreso, al reformar el decreto transitorio que daba potestades inherentes a la presidenta del Poder Judicial.
"Estamos sorprendidos de que el Congreso Nacional le haya metido tanta prisa a la reforma del decreto 282-2010. Había una petición directa de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y ni siquiera fue atendida", dijo López.
"No sólo es una descortesía, sino, que una desconsideración del Congreso Nacional, y bueno, ya está aprobada la reforma", aseguró.
"Desafortunadamente no se hizo el procedimiento que establece el artículo 373 de la Constitución de la República, porque lo que ha hecho efectivamente el Congreso, es una ratificación y esa ratificación adolece de un vicio de inconstitucionalidad y tendrá que procederse oportunamente ante la Sala Constitucional con la acción respectiva", añadió.
Recurso de inconstitucionalidad
Las acciones legales que estaría llevando a cabo la AJD sobre las reformas al decreto 282-2010, es la presentación de un recurso de inconstitucionalidad y las comunicaciones que sean pertinentes con ante instancias de carácter internacional, anunciaron desde la AJD.
Según López Lone, "es en razón de que se está violentando el proceso de reforma de la Constitución de la República, y por otro lado, que esto significa una intromisión del Poder Legislativo a la independencia y autonomía del Poder Judicial".
Las violaciones que habrían sido cometidas por los diputados que votaron para aprobar las reformas, de acuerdo con el magistrado Guillermo López, están contenidas en el artículo 313 de la Constitución de la República, en el que explica que no le atribuye facultades al pleno de la Corte Suprema de Justicia para asumir funciones de carácter administrativo.
"La Constitución, originalmente, se las había conferido. Pero con la reforma del 2010 esas atribuciones desaparecieron y para poder darle esas atribuciones tendría que haberse reformado el artículo 313, y el decreto 282-2010, cuando se reformó, pasó por el proceso de una reforma de carácter constitucional, fue ratificado en la legislatura subsiguiente y este no lo ha sido", argumentó el togado.
Desde la AJD todavía no tienen clara una fecha en la que presentarán el recurso de inconstitucionalidad contra las reformas al decreto 282-2010, que le atribuye acciones administrativas al pleno de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
De su lado, la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras (Asomaj), Ana Cardona, solicitó a las autoridades del Poder Judicial iniciar los procesos de concurso para los cargos dentro del sistema judicial, con el fin de garantizar que las contrataciones se realicen por capacidad y no por vínculos políticos.
“Nosotros lo decimos así: se les acabó la piñata porque era una piñata el nombramiento y ascensos que se daban en el Poder Judicial y que venimos constantemente denunciándolo en los comunicados y pidiendo a la máxima autoridad que sometiera a concurso, que nombrara por meritocracia y no de dedo como lo venía haciendo la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (Rebeca Ráquel Obando)”, declaró.
La titular de Asomaj señaló que la reforma aprobada recientemente por el Congreso Nacional es de carácter transitorio, por lo que consideró necesario que los diputados continúen con la discusión y aprobación de la ley que crea el Consejo de la Judicatura.
“Es necesaria la aprobación de la Ley del Consejo de la Judicatura”, reiteró Cardona, al tiempo que recordó que, constitucionalmente, la función de jueces y magistrados es administrar justicia en el ámbito jurisdiccional y no en el administrativo.
Cardona aseguró que se han aprobado 90 nombramientos y que, según su criterio, los más beneficiados han sido integrantes de otras asociaciones internas del Poder Judicial.
