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Emil J. Bove, el azote de narcos hondureños

El fiscal de Estados Unidos ha liderado los casos contra Don H, Fabio Lobo, los hermanos Devis y Javier Rivera Maradiaga, Fredy Nájera, Tony Hernández y los seis narcopolicías.

El fiscal Emil J. Bove III expuso los argumentos finales en la Corte de Nueva York en el juicio contra Tony Hernández.
El fiscal Emil J. Bove III expuso los argumentos finales en la Corte de Nueva York en el juicio contra Tony Hernández.

Nueva York, Estados Unidos.

El fiscal estadounidense Emil J. Bove III, quien le pidió al jurado que declarara culpable al exdiputado hondureño Juan Antonio (Tony) Hernández (de 41 años), se ha convertido en una figura fundamental para liberar a Honduras de narcotraficantes que sumergieron al país en una ola de violencia en la última década.

“Hagan justicia, justicia largamente esperada en Honduras”, exhortó el miércoles 16 de octubre al jurado cuando argumentaba las razones por las cuales Tony Hernández tenía que ser condenado por cuatro delitos relacionados con narcotráfico.

Bove, junto con sus colegas fiscales federales adjuntos Amanda L. Houle, Jason A. Richman, y Matthew J. Laroche, logró otro triunfo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York al cerrar el juicio del hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con un veredicto de culpabilidad.

El egresado del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, una de las escuelas de leyes más destacadas de Estados Unidos, ha logrado con sus colegas llevar y mantener en las cárceles norteamericanas a los capos Héctor Emilio Fernández, alias Don H, Fredy Renán Nájera Montoya, Fabio Porfirio Lobo, a los hermanos Devis Leonel y Javier Heriberto Rivera Maradiaga, a los seis narcopolicías Mario Guillermo Mejía Vargas, Víctor Oswaldo López Flores, Ludwig Criss Zelaya Romero, Juan Manuel Ávila Meza, Carlos Alberto Valladares y Jorge Alfredo Cruz Chávez.

Emil J. Bove ha trabajado en el Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo la dirección del fiscal Preet Bharara (2009-2017), Joon H. Kim (2017, interino) y Geoffrey S. Berman (asumió el cargo en 2018).

Emil J. Bove ha logrado condenas contra narcos de varios países, entre ellos, los sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Acusasiones contra los Rosenthal

Durante la gestión de Bharara, Bove y otros fiscales formularon acusasiones contra el extinto banquero Jaime Rosenthal, su hijo Yani, su sobrino Yankel y el apoderado legal Andrés Acosta, acusados de lavar dinero del temido cartel de los Cachiros.

En julio de 2017, Yani Rosenthal aceptó las acusaciones y se declaró culpable de ayudar “a los Cachiros a lavar dinero de las drogas y obtener acceso al sistema financiero internacional”.
En 2018, con la coordinación de Berman, acusó al diputado Midence Oquelí Martínez, también a Arnaldo Urbina Soto, Carlos Fernando Urbina Soto y Miguel Ángel Urbina Soto.

Con investigaciones realizadas por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), entre ellos Sandalio González, quien le pisó los talones a Tony Hernández, Bove logró que la Corte sentenciara a 216 meses de prisión a Efraín Antonio Campo Flores y Franquí Francisco Flores Freitas, sobrinos de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por conspirar para introducir cocaína a los Estados Unidos.

En el juicio de Tony Hernández, basó la acusasión en los testimonios de narcotraficantes que buscan una reducción de su sentencia.


Con las evidencias recogidas por la DEA, Bove y su equipo demostraron ante el juez que los dos venezolanos viajaron en un avión privado el 4 de julio de 2015 a San Pedro Sula, Honduras, para reunirse con un narco con la idea de discutir el envío de cientos de kilogramos de cocaína desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Venezuela) al Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, de Roatán, Islas de la Bahía.

Los narcosobrinos hacían negocios con traficantes relacionados con Fabio Lobo, quien, en septiembre de 2017, recibió una sentencia de 288 meses de prisión por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos.

El hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) se declaró culpable el 16 de mayo de 2016 ante la jueza de distrito de EUA, Lorna G. Schofield, acorralado por las imputaciones del fiscal Bove y sus compañeros de oficina.

Emil Bove y sus colegas trabajan para Geoffrey Steven Berman, fiscal para la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Testigos cooperantes

El exitoso equipo de fiscales de Bove ha utilizado a narcos presos en Estados Unidos para acusar a los traficantes que quedan en Honduras a cambio de reducir sus sentencias. Por ejemplo, en el juicio contra Tony Hernández recurrió a los testimonios de Víctor Hugo Díaz, alias el Rojo, Alexander "Chande" Ardón, y Devis Leonel Rivera Maradiaga.

La semana pasada, al presentar los argumentos ante el jurado, el fiscal Bove hizo un recuento de cómo Tony Hernández pasó de ser en 2004 un hombre que daba información a los narcotraficantes para luego convertirse en un poderoso narco respaldado por políticos, militares y policías corruptos.

Frente a los miembros del jurado, explicó que “corrompió” las instituciones públicas. También después de que el Partido Nacional, al cual pertenecía, perdiera las elecciones de 2005, juró que eso no volvería a pasar”.



Tony, afirmó el fiscal, invirtió millones de dólares en campañas de esa organización política en 2009, 2013 y 2017 con dinero del narcotráfico, y recordó durante sus argumentos que carteles como el de Sinaloa, liderado por Joaquín el Chapo Guzmán, donaron dinero para los candidatos del Partido Nacional, entre ellos Lobo Sosa y el actual mandatario.

Bove aseguró que “Tony Hernández ayudó a introducir 1.6 billones de dosis de cocaína a Estados Unidos, cada una de las cuales puede desatar una tragedia”. “Hernández volvió al Gobierno en contra de la gente. Usó al Gobierno para el tráfico de drogas”, dijo al jurado e indicó que en 2010, “Hernández y sus asociados controlaban el poder” y “el tráfico de droga era patrocinado por el Estado”.

Las argumentaciones de Bove fueron rechazadas por la Cancillería de Honduras que envió dos cartas al Departamento de Estado. El presidente Hernández también rechazó “los injustos y falsos señalamientos de que Honduras es un Estado que patrocina el narcotráfico o es un narcoestado”.