San Pedro Sula, Honduras
La desinformación se ha consolidado como un problema fuera de control en Honduras. Ha impactado el debate público, la percepción ciudadana sobre la gestión gubernamental y la confianza en las instituciones, entre otras repercusiones.
Durante los cuatro años de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, funcionarios denunciaron en múltiples ocasiones la existencia de campañas de desinformación en su contra y cuestionaron la veracidad de contenidos difundidos en el espacio público.
No obstante, LA PRENSA Verifica ha documentado que algunos de estos mismos funcionarios han emitido declaraciones con falsedades o verdades a medias como parte de sus discursos políticos.
También se ha comprobado que han amplificado bulos, especialmente en el contexto previo a los comicios de 2025.
Sin embargo, esas advertencias se han limitado a descalificaciones políticas. No se han traducido en políticas públicas, programas institucionales ni reformas legales dirigidas a enfrentar estructuralmente este fenómeno.
En el siguiente explicativo, LA PRENSA Verifica detalla qué hizo —y qué no— el gobierno de Castro para combatir la desinformación que, según el Foro Económico Mundial, es el principal problema del mundo.
Sin acciones
A la fecha, no hay registro de iniciativas de ley, proyectos normativos ni estrategias estatales impulsadas desde el Poder Ejecutivo o el Congreso Nacional para combatir la desinformación en Honduras.
Esta ausencia de acciones concretas ha mantenido el tema fuera de la agenda legislativa, dejando intactos los vacíos institucionales frente a un problema que sigue influyendo en la opinión pública y en la dinámica democrática del país.
En mayo de 2022, la Secretaría de Prensa promovió la creación de una plataforma que, más que enfrentar la desinformación, pretendía controlar a los medios de comunicación, según señalaron fuentes de LA PRENSA Verifica en ese momento.
En declaraciones a la prensa, el entonces subsecretario de Prensa, Carlos Estrada, expresó: “Cuando yo hablo de una ley de medios, es prácticamente poner en el tapete de la discusión, y es que al no tener un marco normativo que nosotros podamos armar de la sociedad, estamos creando una réplica de la mala praxis que se ha desarrollado en algunos espacios”.
Estrada aclaró que no se trataba de impulsar una ley específica, sino de abrir un debate en torno a una normativa o plataforma vinculada a la desinformación en medios. “Lógicamente, hay cosas que no son regulables porque van en contra de la libertad de prensa”, afirmó.
LA PRENSA Verifica ha documentado casos de noticias virales falsas, contenido manipulado y deepfakes que circulan sin consecuencias legales, debido a la insuficiencia del marco normativo para enfrentar los retos de las redes sociales y plataformas digitales.
La administración de la presidenta Xiomara Castro ha denunciado reiteradamente campañas de noticias falsas y manipulación mediática. El canciller Enrique Reina, por ejemplo, ha declarado que sectores de la oposición y de la “derecha internacional” recurren a campañas de desinformación para desacreditar al gobierno, calificándolas como parte de una “guerra psicológica”.
Estas denuncias reflejan una percepción de ataques comunicacionales, pero no constituyen una política pública sistematizada contra la desinformación.
La presidenta también ha advertido que no tolerará “calumnias ni falacias” que confundan al pueblo hondureño, exhortando a los actores políticos a evitar acusaciones sin pruebas y señalando que su gobierno estaría dispuesto a actuar legalmente contra quienes difundan información sin fundamento.
Estas declaraciones, sin embargo, se interpretan más como una defensa de su gestión ante ataques políticos que como parte de una estrategia institucional estructurada.
A pesar de las denuncias y llamados verbales, no hay constancia de que la Presidencia, su gabinete o congresistas afines al gobierno hayan presentado propuestas formales para regular la desinformación ni para tipificar sanciones claras contra la difusión intencional de noticias falsas en el país.
Un vacío
Como lo ha reiterado LA PRENSA Verifica, persiste un vacío legal en Honduras para enfrentar la desinformación, tanto en procesos electorales como en otros ámbitos.
Durante toda la campaña electoral de 2025, LA PRENSA Verifica advirtió que el Consejo Nacional Electoral (CNE), ente encargado de supervisar los procesos democráticos, carecía de sanciones y herramientas claras para combatir la desinformación electoral. Esta falta de regulación permitió que contenidos falsos circularan impunemente entre los votantes.
Esto evidencia que, más allá de declaraciones, no existieron acciones institucionales concretas ni mecanismos normativos adicionales para contrarrestar la desinformación antes, durante y después de los comicios.
Aunque el gobierno de Xiomara Castro denunció campañas de desinformación e instó a la ciudadanía a no compartir noticias falsas, no impulsó reformas legislativas ni políticas públicas estructuradas para combatir este fenómeno. Tampoco promovió regulaciones específicas para sancionar o controlar eficazmente su difusión.
La ausencia de una iniciativa de ley, de mecanismos regulatorios claros y de estrategias institucionales consolidadas revela que la lucha contra la desinformación sigue siendo una deuda pendiente del Estado.
Un análisis comparativo de LatamChequea —red de verificadores a la que pertenece LA PRENSA Verifica— muestra que diversos países de América Latina han discutido marcos legislativos o creado mecanismos para enfrentar la desinformación, aunque con modelos y resultados distintos.
El informe destaca avances en países como Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, donde se han impulsado discursos legislativos, así como la creación de observatorios o comisiones especializadas.
Geovanny Domínguez, excomisionado presidencial de Comunicación, reconoció que durante el gobierno de Xiomara Castro no se implementó un monitoreo adecuado para enfrentar la magnitud de los ataques informativos.
“Debimos haber hecho más monitoreo de la desinformación para poder responder a la altura del nivel de los ataques y de la gran cantidad de noticias falsas”, afirmó.
Domínguez consideró que una de las principales omisiones fue la falta de una estructura institucional permanente para abordar el fenómeno. A su juicio, el gobierno debió crear un observatorio de la desinformación que permitiera no solo reaccionar ante los contenidos falsos, sino también diseñar estrategias integrales y políticas públicas con participación multisectorial.
“El gobierno debió crear un observatorio de la desinformación para producir estrategias integrales para combatirla, e incluso políticas públicas que motivaran la participación de la academia, el gobierno y la sociedad civil”, sostuvo.
El exfuncionario añadió: “La desinformación debe ser regulada y algún gobierno tiene que asumir este tema, aun con los costos políticos que ello implique, porque es frecuente la difusión de información falsa, incluso en medios que se dicen serios”.
La gestión de Xiomara Castro deja pendiente la tarea de enfrentar la desinformación desde el Estado, sin caer en censura, pero con herramientas efectivas que protejan tanto a las instituciones como a la ciudadanía.
Mientras no existan políticas públicas concretas, la desinformación seguirá operando en un terreno sin reglas claras, afectando la confianza pública y la calidad del debate democrático, ahora bajo la administración de Nasry Asfura.
