San Pedro Sula, Honduras
Todos los días, la población escucha afirmaciones de políticos, funcionarios y otras figuras públicas sobre leyes, cifras, decisiones estatales y hechos de interés nacional.
Se presentan con seguridad en conferencias de prensa, entrevistas, redes sociales y programas de televisión, así como en espacios de diálogo digitales. Pero la convicción con la que se pronuncia una declaración no garantiza que coincida con la evidencia.
Entre el 1 de enero y el 29 de julio de 2026, las verificaciones políticas publicadas por LA PRENSA Verifica y EH Verifica dejaron un patrón que trasciende los casos individuales: los errores más frecuentes surgieron al explicar el alcance de las leyes y al presentar hechos sin toda la información necesaria para entenderlos.
Para descubrir esas tendencias, LA PRENSA Verifica y EH Verifica analizaron sus 94 verificaciones políticas ya procesadas y publicadas durante ese periodo.
El ejercicio no consistió en volver a comprobar las afirmaciones, sino en estudiar conjuntamente sus categorías, veredictos y protagonistas.
Esa revisión permite mirar más allá de cada falsedad o verdad a medias y ofrece una radiografía de las prácticas que dominaron el discurso político sometido a escrutinio durante casi siete meses.
Los datos muestran que la interpretación jurídica errónea fue la categoría más frecuente, con 33 registros. Le siguió la omisión de contexto, con 25. Juntas sumaron 58 de las 94 verificaciones: poco más de seis de cada diez.
El abogado y analista político Luis León consideró que una parte del problema comienza antes de que los actores públicos se coloquen frente a un micrófono.
“Muchos políticos opinan sobre temas jurídicos sin siquiera haber visto alguna vez la ley, sino que alguien les comentó y ellos solo repiten lo que alguien les comentó. Eso entonces genera que las opiniones jurídicas sean totalmente fuera de contexto y que sean utilizadas según el momento en el cual se está aplicando la misma intención de la ley”, afirmó.
Cuando citar no significa explicar
La revisión de los veredictos finales refuerza el hallazgo. De 32 interpretaciones jurídicas erróneas, 28 fueron calificadas como falsas, tres como engañosas y una como verdad a medias.
Esto significa que casi nueve de cada diez afirmaciones de esa categoría terminaron clasificadas como falsas.
León sostiene que no siempre se trata de una confusión inocente. “Es una práctica muy arraigada en los políticos justificar manipulando la ley, mutilando la ley o acomodando la ley según su interés. Muchas veces ellos se inventan los artículos”.
El abogado constitucionalista y analista político Kenneth Madrid coincidió en que el uso incorrecto de las normas puede responder al intento de justificar decisiones o instalar una interpretación favorable.
“Muchos políticos tratan de enmascarar una acción dándole un sentido distinto a la ley. Tarde o temprano, terminan siendo deslegitimados cuando la sociedad verifica si realmente ese es el significado de la norma; terminan perdiendo la credibilidad del pueblo hondureño porque realmente no están obedeciendo a un estudio significativo de la ley”, señaló.
La omisión de contexto siguió una ruta diferente. De los 26 casos consignados en la tabla de veredictos, 21 fueron clasificados como Verdad a medias, tres como Engañoso y dos como Falso.
En estos casos, la afirmación podía contener un dato cierto, pero dejaba fuera antecedentes, excepciones, fechas o explicaciones indispensables. La frase no necesitaba ser completamente falsa para llevar al público hacia una conclusión equivocada.
“Utilizar las leyes de manera incorrecta sí abona a la desinformación política. Muchas veces se busca imponer una idea en la colectividad para desinformar. La desinformación puede influir en la política al hacer pasar como ciertas circunstancias que son totalmente falsas y erróneas”, explicó Madrid.
Después de las interpretaciones jurídicas erróneas y las omisiones de contexto aparecen 12 casos de manipulación estadística y ocho de imprecisión estadística.
En conjunto, 20 verificaciones estuvieron relacionadas con cifras presentadas de forma problemática.
También se registraron cinco manipulaciones de contexto, tres negaciones de hechos o evidencia, una descontextualización temporal, una manipulación legal, una afirmación sin respaldo verificable y una exageración de logros. Solo tres casos fueron clasificados como verdaderos.
Esa cifra no significa que únicamente tres afirmaciones ciertas circularon en Honduras. Las 94 verificaciones no representan todo lo dicho por los actores públicos, sino el contenido político seleccionado y procesado por ambas unidades de verificación.
Los resultados describen ese conjunto específico y no permiten calcular qué porcentaje de todo el discurso nacional fue falso.
Problema cruzado
Las verificaciones alcanzaron a figuras del oficialismo, la oposición, el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y entidades públicas. Ramón Barrios, exdiputado del partido Libertad y Refundación (Libre), fue el personaje con más registros, con siete casos: cinco por interpretación jurídica errónea y dos por omisión de contexto. Hugo Noé Pino, actual congresista de Libre, apareció en cinco verificaciones y Rixi Moncada, excandidata presidencial de Libre, en cuatro.
La lista también incluye a Marlon Lara y Jorge Cálix, diputados del Partido Liberal; Marlon Ochoa, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE); Christian Duarte, exsecretario de Finanzas; Erick Tejada, exsecretario de Energía; y Enrique Reina, excanciller de la República.
Además, aparecen Salvador Nasralla, excandidato del Partido Liberal; Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional; Nasry Asfura, presidente de la República; Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional, y otros actores de distintas corrientes políticas.
La diversidad de nombres impide presentar el hallazgo como una práctica exclusiva de un partido. Los errores legales, las omisiones y el uso problemático de estadísticas se distribuyeron entre personas con posiciones e intereses diferentes.
León identifica dos áreas particularmente expuestas a interpretaciones equivocadas: “Donde hay muchas interpretaciones equivocadas de la ley es en todo lo que tiene que ver con la Constitución, temas constitucionales y, segundo, temas electorales. Todo lo que tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral”.
El analista también advierte que la ciudadanía enfrenta una desventaja cuando no consulta directamente las normas.
“La gente no la lee, no la estudia y no la conoce. Entonces se aferra a los comentarios de los políticos, y los políticos tienen la práctica de acomodar su análisis según la necesidad, justificación o interés político-partidario”, dijo.
Para Madrid, esta dinámica también deteriora la calidad de la discusión pública. “Eso no abona a un debate académico, serio y efectivo. Nos pone a discutir asuntos que no deberían debatirse porque sabemos que no tienen un fundamento correcto”.
Las verificaciones de EH Verifica y LA PRENSA Verifica muestran que la desinformación política no siempre llega disfrazada de una mentira evidente.
Puede aparecer en una explicación jurídica pronunciada con autoridad, en una cifra sin punto de comparación o en un hecho verdadero al que le quitaron el contexto.
Por eso, verificar el discurso público no consiste solamente en preguntar si algo ocurrió. También exige revisar si la ley realmente dice lo que el político asegura, si la cifra está completa y si la información omitida cambia el sentido de la declaración.
Una verdad recortada o una ley acomodada pueden llevar a la ciudadanía hacia una conclusión tan equivocada como una falsedad abierta.
