San Pedro Sula, Honduras
Una propuesta de reforma a la Ley Electoral busca otorgar al Consejo Nacional Electoral (CNE) nuevas facultades para combatir la desinformación política y electoral.
De aprobarse, el organismo podría monitorear publicaciones de partidos, precandidatos y candidatos, exigir rectificaciones y aplicar multas de entre cinco y 20 salarios mínimos.
La iniciativa aparece en momentos en que la desinformación se ha consolidado como uno de los principales desafíos de los procesos electorales hondureños, un fenómeno que LA PRENSA Verifica y EH Verifica vienen documentando desde 2023 y sobre el que han planteado la necesidad de establecer mecanismos institucionales para enfrentarlo.
La propuesta fue conocida por el pleno del CNE el 23 de julio de 2026 y fue elaborada por exfuncionarios del extinto Tribunal Nacional de Elecciones, del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del propio organismo electoral.
Entre sus impulsores figuran Roberto Callejas, Augusto Aguilar, Jacobo Hernández, Mario Aguilar González, Enrique Ortez, Kelvin Aguirre, Flavio Nájera, Germán Lobo y Denis Gómez.
Aunque el documento también propone cambios en la integración de las Juntas Receptoras de Votos, la fiscalización de los partidos políticos, el funcionamiento del pleno del CNE y la actualización del Censo Nacional Electoral, uno de sus apartados más novedosos incorpora por primera vez la desinformación al catálogo de infracciones electorales.
Monitoreo y sanciones
La propuesta incorporaría la desinformación al catálogo de infracciones electorales. Entre las conductas sancionables menciona las noticias falsas, las encuestas fabricadas, los mensajes de odio, los contenidos manipulados mediante inteligencia artificial (IA) y los deepfakes, como parte de una reforma al artículo 226 de la Ley Electoral.
También se contempla la creación de tres artículos con el propósito de establecer seguimiento y alerta de la desinformación electoral.
Los infractores podrían recibir multas de entre cinco y 20 salarios mínimos. La sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de una eventual responsabilidad penal y las resoluciones tendrían que notificarse a la Procuraduría General de la República.
El proyecto también ordenaría al CNE establecer un protocolo de monitoreo, seguimiento y alerta para vigilar las cuentas oficiales de los partidos políticos, así como las de los precandidatos durante las elecciones primarias y de los candidatos en las elecciones generales.
Kelvin Aguirre, exconsejero del CNE y uno de los proponentes, explicó que “lo que proponemos es un artículo adicional donde ese monitoreo tenga alertas tempranas para identificar noticias falsas, principalmente si provienen de partidos políticos y candidatos”.
La propuesta también permitiría al organismo electoral suscribir acuerdos con compañías propietarias de redes sociales para atender publicaciones con desinformación, encuestas falsas o apología del odio durante el período comprendido entre la convocatoria a elecciones primarias y la declaratoria de las elecciones generales.
“Hemos comparado otros procesos, como México, Panamá, Ecuador y Brasil, que han suscrito acuerdos con empresas como Meta para dar de bajas publicaciones que constituyen 'fake news' y afectan el proceso electoral”, afirmó Aguirre.
Sin embargo, el articulado deja abierto varias interrogantes: no establece si el CNE tendría facultad para ordenar directamente la eliminación de publicaciones, si únicamente emitiría alertas a las plataformas digitales o si la decisión final seguiría correspondiente a las compañías tecnológicas.
Tampoco desarrolla criterios para diferenciar una mentira deliberada de un error, una opinión, una sátira o una afirmación política controvertida.
Cuando el CNE ratifique la existencia de desinformación, podría emitir amonestaciones, exigir rectificaciones, aplicar sanciones públicas por desacato y realizar aclaraciones institucionales cuando considere que la información falsa provocó un daño grave.
Denis Gómez, exmagistrado del TSE, sostuvo que “la iniciativa de poner tres artículos nuevos que, por lo menos, visibilicen el tema de la desinformación electoral es porque, si comparamos la aprobación de la ley en 2021 con la reciente elección de 2025, ese elemento no era tan agravado como ahora sucedió”.
Alcance limitado
La propuesta busca responder a un problema ampliamente documentado durante los últimos procesos electorales. No obstante, las nuevas facultades del CNE tendrían un alcance más limitado de lo que podría interpretarse inicialmente.
El monitoreo, las alertas y las eventuales sanciones estarían dirigidos únicamente a partidos políticos, precandidatos y candidatos.
Eso significa que, al menos en la redacción actual del proyecto, quedarían fuera buena parte de los contenidos difundidos por páginas anónimas, simpatizantes, creadores de contenido, redes coordinadas, medios apócrifos y usuarios particulares que suelen amplificar narrativas falsas sin mantener un vínculo oficial con una organización política.
La precisión cobra relevancia porque, durante los últimos procesos electorales, gran parte de la desinformación no surgió desde las cuentas oficiales de los candidatos, sino desde un ecosistema digital paralelo que posteriormente logró viralizar esos contenidos.
Ese fenómeno ha sido documentado de manera sistemática por LA PRENSA Verifica y EH Verifica desde 2023.
Solo en 2024, EH Verifica publicó más de 470 verificaciones, de las cuales más de 400 correspondieron a contenidos falsos o engañosos sobre elecciones, política, procesos judiciales, desastres naturales, conflictos internacionales, estafas digitales y otros temas de interés público.
Además, realizó más de 70 verificaciones de declaraciones de políticos, funcionarios y otras figuras públicas, incluyendo información incorrecta difundida por instituciones del propio Estado.
Durante 2025, EH Verifica y LA PRENSA Verifica publicaron 784 artículos relacionados con la lucha contra la desinformación.
De ellos, 475 fueron desmentidos de contenidos falsos y 107 verificaciones de afirmaciones realizadas por políticos, funcionarios y otros actores públicos, una cobertura que se intensificó durante las elecciones primarias y generales.
La magnitud del fenómeno quedó reflejada en una investigación realizada tras las elecciones generales de 2025, que documentó 96 incidentes de desinformación electoral, 12 encuestas falsas y 61 contenidos de discurso de odio.
Los contenidos analizados acumularon 6.2 millones de visualizaciones y 16,597 compartidos, mientras que el propio día de la elección circularon 11 de las 12 encuestas falsas identificadas.
Destacan verificación
Los propios autores de la propuesta reconocen que la dimensión del fenómeno exige una respuesta institucional.
“Creemos que Honduras no se puede quedar excluido de esa tendencia actual en los sistemas electorales de regular la desinformación electoral”, afirmó el exconsejero del CNE Kelvin Aguirre.
Aun así, considera que la regulación no sustituye el trabajo de la verificación periodística.“La ciudadanía debe ejercer un voto consciente y, mientras no haya una regulación, la única manera de combatir la desinformación es con más información”, sostuvo.
En ese sentido, destacó que EL HERALDO y LA PRENSA “son muy importantes, son sumamente valiosas” y que fueron “de los pocos mecanismos positivos e importantes que tuvimos como ciudadanía para ese combate de la desinformación que predominó en este último proceso de elecciones”.
Incluso propuso que, en caso de aprobarse la reforma, el CNE pueda establecer acuerdos de colaboración con medios que cuentan con unidades especializadas de verificación.
El exmagistrado Denis Gómez comparte esa visión.
“Celebremos los esfuerzos que los diarios (EL HERALDO y LA PRENSA) han hecho por empezar a investigar, por empezar a verificar y, con la verificación, decirle a la población cuándo alguien ha dicho algo y cuándo no lo ha dicho”, expresó, al tiempo que llamó a fortalecer la educación digital y ampliar los mecanismos de divulgación.
La propuesta representa el primer intento de incorporar la desinformación al marco jurídico electoral hondureño.
Sin embargo, también deja planteado uno de los principales desafíos evidenciados durante los últimos procesos electorales: mientras las nuevas facultades del CNE estarían dirigidas a los actores políticos que participan formalmente en la contienda, buena parte de las campañas de desinformación continúa originándose y propagándose desde redes de cuentas no oficiales, estructuras de amplificación y usuarios anónimos que, al menos en la redacción actual del proyecto, permanecerían fuera del alcance de la iniciativa.
