Un juez dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Dennis Saúl Álvarez López, señalado como presunto responsable de los delitos de maltrato familiar agravado de forma habitual, privación ilegal de la libertad y violación, contra una mujer.
En el mismo caso, la madre del imputado, Rosibel López Ramos, fue acusada por su supuesta participación en los delitos de trato degradante, amenazas y privación ilegal de la libertad en perjuicio de la víctima.
De acuerdo con las investigaciones, la víctima mantenía una relación sentimental con Dennis Álvarez, marcada por episodios reiterados de violencia física y verbal, así como por conductas de control.
Entre los hechos denunciados, se señala que en una ocasión el imputado la agredio con un cuchillo, presuntamente con la intención de humillarla.
Durante el tiempo en que la víctima permaneció retenida, la madre del imputado, Rosibel Ramos, habría intervenido en los hechos, lanzando insultos y según la denuncia, alentando a su hijo a atentar contra la vida de la mujer para impedir que revelara lo ocurrido.
Pese a ello, la afectada logró escapar y posteriormente acudió ante las autoridades para interponer la denuncia correspondiente.
Los hechos de mayor gravedad habrían ocurrido en agosto de 2025, cuando el imputado presuntamente amenazó a la víctima con un arma blanca, la agredió físicamente y posteriormente la mantuvo privada de su libertad en una zona montañosa de Francisco Morazán.
De acuerdo con la investigación, la mujer permaneció atada durante aproximadamente un día y una noche, periodo en el que habría sido sometida a agresiones y amenazas constantes.
El Ministerio Público había presentado inicialmente cargos contra Dennis Álvarez por el delito de violencia contra la mujer en su modalidad agravada y continuada. Sin embargo, el juez del caso decidió reclasificar los hechos como maltrato familiar agravado con habitualidad.
Ante esta resolución, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER) anunció que interpondrá un recurso de apelación, al considerar que la calificación jurídica no refleja la gravedad de los hechos investigados.