San Pedro Sula, Honduras
En una audiencia de procedimiento abreviado, seis los siete agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), acusados por el robo de 14 millones de lempiras a un prestamista, aceptaron su responsabilidad en la comisión del delito.
Los seis imputados son Omar Daniel Paguaga Sevilla, Emerson Gabriel Castillo Martínez, Luis Gustavo Martínez Estrada, Bryan Emmanuel Mejía Vásquez, Félix Manuel Hernández Bonilla y Enar Moisés Ramos Ochoa.
Los acusados se presentaron el jueves 22 de mayo al Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción a la audiencia de procedimiento abreviado luego de que las partes procesales solicitaran la aplicación de esa vía alterna en la causa contra los agentes.
Los seis policías de viva voz reconocieron ante la jueza su participación en el hecho delictivo, razón para ser condenados en relación con los delitos de robo con fuerza agravado, privación injusta de la libertad, allanamiento de morada por funcionario público y abuso de autoridad en perjuicio del prestamista Hilton Velásquez Fúnez, Eduardo Noé Quintanilla Amador, Maynor Maudiel Sabillón Fernández, la inviolabilidad domiciliaria y Estado de Honduras.
Omar Daniel Paguaga Sevilla, Emerson Gabriel Castillo Martínez, Luis Gustavo Martínez Estrada, Bryan Emmanuel Mejía Vásquez, y Enar Moisés Ramos Ochoa también reconocieron ser autores del ilícito de falsificación de documentos públicos.
En cuanto a, Omar Daniel Paguaga Sevilla y Emerson Gabriel Castillo Martínez, también serán condenados por falso testimonio en perjuicio de la fe pública del Estado de Honduras. Serán sentenciados entre 8 y 12 años de prisión, condena que se conocerá en un término de tres días.
El séptimo implicado en el robo de la caja fuerte es Rigoberto Ramos, quien no aceptó la vía alterna y días atrás, se llevó a cabo la audiencia preliminar, resolución que se conocerá en los próximos días.
Los policías allanaron la casa sin orden judicial ni administrativa
El 26 de enero de 2024, siete agentes de la DPI fueron capturados y presentados ante el Juzgado. Tras la audiencia de declaración de imputado, fueron enviados a prisión, y en la audiencia inicial se les dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva
Según la acusación del Ministerio Público, el 29 de diciembre de 2023, los imputados ingresaron sin orden judicial ni administrativa a la vivienda de un prestamista en la residencial Los Alpes, forzaron el portón de entrada y se dirigieron directamente al dormitorio, donde sustrajeron una caja fuerte que contenía más de 14 millones de lempiras y 240 tarjetas de débito de clientes de una empresa
Los policías, además de robarse la caja fuerte, se llevaron relojes, lociones, joyas y un maletín con 460,000 lempiras en efectivo.
Los agentes también detuvieron a dos empleados del prestamista, a quienes les implantaron pruebas para acusarlos de tráfico de droga y tenencia ilegal de armas. Los dos colaboradores del prestamista fueron acusados en los juzgados, pero quedaron libres en audiencia inicial porque las pruebas acusatorias eran falsas.
Vendedor de carros también fue víctima de robo por policías
El 17 de abril de 2024, un juez le dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva a otros ocho agentes de la DPI acusados de robo en la vivienda de un vendedor de carros en la colonia Montefresco.
Los imputados son Bayron Isidro Ramos Hernández, Josiel Fernando Rueda Núñez, Wilson Josué Durón Valladares, Carlos Noé Núñez Álvarez, Joel Renán Zambrano Banegas, Rodys Edgardo Hernández Casco, Walter Alexander Muñoz Muñoz y Denis Alfredo Estrada López.
Los cargos que enfrentan los agentes son asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionarios públicos, falsificación de documentos públicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público.
El proceso que se le sigue a los ocho agentes de la DPI acusados de asaltar la casa del vendedor de carros está parado hace ocho meses en la Corte de Apelaciones Penal con Jurisdicción Nacional.
