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Paralizado proceso contra policías por robo a comerciante

  • 20 noviembre 2024 /

El expediente fue turnado a la Corte de Apelaciones Penal con Jurisdicción Nacional con sede en Tegucigalpa luego de que la defensa de los imputados presentara una apelación

San Pedro Sula, Honduras

El proceso que se le sigue a ocho agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) acusados de asaltar la casa de un vendedor de carros está parado hace seis meses en la Corte de Apelaciones Penal con Jurisdicción Nacional.

Los imputados son Bayron Isidro Ramos Hernández, Josiel Fernando Rueda Núñez, Wilson Josué Durón Valladares, Carlos Noé Núñez Álvarez, Joel Renán Zambrano Banegas, Rodys Edgardo Hernández Casco, Walter Alexander Muñoz y Denis Alfredo Estrada López.

Policías asaltaron casa de vendedor de carros y le implantaron pruebas

El Ministerio Público también acusó a los policías porque además le implantaron pruebas falsas al ofendido para incriminarlo en delitos que no cometió.

El 17 de abril de este año el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada le dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva a los ocho agentes por los delitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionarios públicos, falsificación de documentos públicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público.

Luego de que dejaran presos a los agentes, su defensa presentó un recurso de apelación por no estar de acuerdo con la resolución del juez que tiene a cargo el caso.

En la secretaría del juzgado que conoce la causa se informó que el expediente fue turnado a la Corte de Apelaciones Penal con Jurisdicción Nacional con sede en Tegucigalpa.

Se informó que hasta ayer el expediente no lo habían retornado al juzgado que tiene a cargo el proceso cumpliendo seis meses de estar en el tribunal de alzada.

Autoridades del Ministerio Público, que es el ente acusador, manifestaron que la tardanza en la referida corte en un atraso para el proceso y que va en contra de la administración de la justicia.

Indicaron que el Código Procesal Penal en su artículo 358 establece que el procedimiento a seguir por el tribunal de alzada es que una vez recibido el expediente en cinco días debe dictar la resolución.

En el requerimiento presentado por los fiscales del Ministerio Público se establece que el hecho ocurrió el 12 de enero de este año a las 4:40 de la madrugada cuando los acusados llegaron a bordo de dos vehículos tipo pick- up sin placas hasta una vivienda en la colonia Montefresco de San Pedro Sula, Cortés.

El 17 de abril el juez que conoce el caso de los ocho policías les decretó auto de formal procesamiento con prisión preventiva.

Los agentes de forma violenta rompieron el portón e ingresaron, dirigiéndose a la habitación del ofendido para luego llevarlo hasta la sala, donde fue víctima de golpes en todo su cuerpo, mientras otros efectivos registraban la casa.

Después de haberlo golpeado comenzaron a interrogarlo, preguntándole donde guardaba el dinero, las drogas, las armas de fuego y bienes de valor y el agraviado les expresó que no tenía nada de eso porque no se dedica a delinquir, todo ello mientras lo despojaban de dos iPhone, su cartera con documentos personales y dinero, un Apple Watch, un arma de fuego, además de tratar de boicotear el sistema de cámaras de la vivienda.

Las investigaciones señalan que después de más de tres horas de tenerlo retenido ilegalmente y llevarlo a distintos lugares de San Pedro Sula, los policías le exigieron al ofendido la cantidad de 350,000 lempiras para dejarlo en libertad, pero él les dijo que no tenía esa cantidad de dinero, posteriormente observó a uno de los agentes de policía que sacó de su chaleco unas bolsas y las introdujo a su mochila.

De la DPI sacaron las pruebas implantadas a vendedor de carros

Cuando amaneció lo llevaron a las instalaciones de la DPI, incluso amenazándolo con matarlo. Una vez en esas instalaciones y luego de presentar informes de investigación, lo presentaron como miembro de una estructura criminal, implantándole para ello bolsas de cocaína, marihuana y un arma de fuego automática tipo ametralladora marca UZI.

Los agentes continuaron amenazando al ofendido en el sentido de remitirlo al Ministerio Público con las falsas evidencias, en caso de no darles la cantidad de dinero que le solicitaban.

Al ser remitido al Ministerio Público, el testigo protegido fue puesto en libertad al demostrar que su detención fue ilegal y que le habían implantado las pruebas para achacarle delitos que no había cometido.