El lado siniestro de la Policía: crímenes de agentes en Honduras

La práctica de implantación de pruebas generada por las exigencias de obtener estadísticas policiales favorables ha conllevado a oficiales y agentes a cometer delitos y abusos, según los análisis de los casos investigados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).

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Las averiguaciones realizadas por ese ente investigador del Ministerio Público (MP) establecen que hay casos de policías infiltrados por el crimen organizado que se encargan de averiguar quiénes son testigos en casos contra estructuras criminales para delatarlos y desaparecerlos.

El Ministerio Público (MP) y los organismos de derechos humanos conocen más de 200 casos relacionados con ilícitos supuestamente cometidos por miembros de la Policía.

El 90 por ciento de las denuncias que investiga el MP corresponden a la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) seguida por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y también figuran abusos y delitos cometidos por miembros de la Policía Militar del Orden Público (Pmop).

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La implantación dio el espacio para que policías ampliaran su portafolio de delitos, entre los cuales figuran asesinatos, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, robos, implantación de pruebas y desapariciones forzadas amparándose en el estado de excepción temporal decretado por el Gobierno.

Los análisis del MP y la Atic establecen que en cada indagación que se está haciendo hay por lo menos un miembro de la Dipampco que estuvo en lo que fue la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP).

Esos análisis indican que la implantación de pruebas tiene su origen desde la extinta FNAMP porque los policías que formaron parte de ese cuerpo de seguridad pasaron a ser jefes de grupos en la Dipampco por la experiencia que tienen en el combate a las pandillas.

De acuerdo a las observaciones, la Secretaría de Seguridad tuvo que hacer una depuración cuando se dio la transición de la FNAMP a la Dipampco pues las autoridades policiales detectaron el problema y no se hicieron los correctivos.

Las indagaciones arrojan que hay expolicías vinculados con los agentes que les dan información y les perfilan los ciudadanos que pueden ser el blanco por el arraigo económico que tienen.

El MP y los organismos defensores de derechos humanos tienen registradas al menos 30 denuncias de desapariciones forzadas en las que están vinculados policías.

Uno de esos casos es el del joven Junior Tomas Santos Pineda, cuya desaparición se registró el 7 de marzo de 2023 en su casa en la colonia Lomas del Carmen de San Pedro Sula y las averiguaciones del MP establecen indicios racionales de la implicación de policías en el hecho.

El caso de Junior Santos Pineda es considerado paradigmático del estado de excepción porque implica otros delitos. De la desaparición del joven se deriva el crimen de su papá, no vidente, Tomas Santos Alejandro a quien mataron el 9 de junio de 2023 en su casa en Lomas del Carmen.

Don Tomas y su esposa que también es no vidente hacían plantones en los juzgados sampedranos con pancartas pidiendo justicia en el caso de su hijo Junior, sindicado por la Policía de pertenecer a una organización criminal.

La teoría de las autoridades es que a don Tomas Santos Alejandro lo matan para andar denunciando el caso de su hijo y las averiguaciones establecen indicios que detrás de su muerte hay policías. Por el crimen de Tomas Santos Alejandro hay dos miembros de la Mara Salvatrucha presos.

Las indagaciones realizadas por la Atic demuestran que hay casos de policías infiltrados por el crimen organizado que se encargan de averiguar quienes son testigos en casos contra estructuras criminales para delatarlos y desaparecerlos.

Hay varios casos, cuya investigación está avanzada, en los que testigos identifican plenamente a policías activos implicados en desapariciones.

Los estudios de instituciones de derechos humanos demuestran también que la mayoría de las desaparecidos son personas viven en territorios conflictivos dominados por organizaciones criminales. En las zonas dominadas por la Pandilla 18 es donde se dan más ese tipo de casos.

El modus operandi de las desapariciones es que los captores vestidos de policías se introducen en las casas de las víctimas en la noche o en la madrugada y las sacan por la fuerza y se las llevan y también acostumbran interceptar a las personas en vía pública siempre con vestimenta policial utilizando vehículos y motocicletas.

Las observaciones sobre las desapariciones indican que los casos se incrementaron al entrar en vigencia el estado de excepción (6 de diciembre de 2022) y eso indica que tiene que haber una injerencia policial.

Prueba de la degeneración en las funciones de los policías es que este año en menos de tres meses la Policía fue salpicada por tres escándalos en los que 20 agentes de la DPI y la Dipampco se han visto implicados en hechos delictivos por los que guardan prisión.

En los próximos días el MP presentará cinco requerimientos más en contra de miembros de la Dipampco y la Policía Militar del Orden Público por implantación de pruebas.

Uno de esos casos es el de tres expolicías y un oficial policial activo que estuvieron presos dos años y cuatro meses y que salieron libres en febrero de 2023 tras ser declarados no culpables en juicio oral y público porque su defensa a través de un vídeo del 911 demostró que les implantaron las pruebas.

Los expolicías y el oficial fueron capturados el 16 de octubre de 2020 por agentes del cuerpo de seguridad llamado en ese entonces FNAMP en Quimistán, Santa Bárbara, junto a cuatro personas más acusados de ser parte de una banda que se dedicaba a cometer asaltos, movilizar drogas y traficar armas en el territorio hondureño.

Los arrestados fueron identificados como Serwin Aníbal Miranda Serrano, inspector de policía Héctor David Figueroa Uclés (de 43 años), clase II de policía retirado Rodemiro Zúñiga Hernández (de 39); policía depurado, Limber Aníbal Baca (de 30); expolicía que laboraba como guardia de seguridad, Elvin Armin Belarca Hernández (de 33); Tonny Josué Mejía Aguilar (de 21), Mario Antonio Membreño (de 23) y Kevin Fernando Chávez Mendoza (de 22).

La FNAMP presentó en las oficinas de San Pedro Sula a los detenidos con tres vehículos, un fusil AR-15, dos pistolas, cuatro cargadores para pistola nueve milímetros, un cargador para fusil AR15, 3,744 bolsitas de marihuana, ocho teléfonos celulares, libretas contables y dos sacos con marihuana.

Los ocho detenidos fueron remitidos a los juzgados donde se les abrió un proceso por los delitos de tráfico ilícito de drogas, asociación para delinquir, portación ilegal de armas de uso comercial y uso prohibido.

Los acusados estuvieron presos más de dos años pues salieron libres en febrero de 2023 tras ser declarados no culpables en juicio oral y público porque su defensa a través de un vídeo del 911, de una cámara afuera de las oficinas de la FNAMP en San Pedro Sula, demostró que les implantaron las pruebas.

En el video se observa cuando los perros antidrogas olfatean los carros decomisados a los detenidos y estos no dieron alerta de droga ni armas.

En la filmación se mira además que de las oficinas de la FNAMP sacan el fusil AR-15 y las otras evidencias para subirlas a los carros de los aprehendidos para implantárselas.

De las evidencias presentadas por la FNAMP realmente solo dos pistolas le decomisaron a los capturados y de las cuales andaban sus permisos para portarlas.

Otro de los motivos por los cuales el tribunal emitió una sentencia absolutoria a favor de los encausados es que los agentes que participaron en el operativo no se presentaron a declarar al juicio oral y público y el encargado de los caninos sí llegó a declarar y ratificó que los perros no hallaron droga en los carros de los imputados.

Otro de los requerimientos que presentará el MP es el de un comerciante de origen filipino de nombre Francis Ávila que fue capturado por agentes de la Dipampco en la colonia Real del Puente de Villanueva, Cortés, el 13 de noviembre de 2023.

En el informe dado a conocer por la Dipampco se establece que al filipino, sindicado como miembro de la Mara Salvatrucha, lo capturaron en la aldea El Milagro de Villanueva en las cercanías de un basurero en posesión de un fusil AR-15 con su respectivo cargador, 30 proyectiles, una pistola con proyectiles.

Según los agentes también le decomisaron droga lista para su venta y distribución, una computadora, un procesador para drogas, una balanza y una mochila.

En las indagaciones realizadas por la Atic se demostró con vídeos que el extranjero fue detenido en su casa y no en el basurero. En las averiguaciones también se establece que al filipino lo detienen en su casa y lo llevan en un carro para el basurero donde tras tirarlo al suelo llega otro vehículo del cual se bajan otros agentes de la Dipapmco y le implantan el fusil y otras evidencias.

El extranjero fue puesto a la orden de los juzgados por los delitos de portación ilegal de armas de fuego de uso prohibido, tráfico de drogas, portación ilegal de arma de uso permitido y porte ilegal de munición de uso prohibido, pero se está defendiendo en libertad porque le otorgaron medidas sustitutivas.

El filipino denunció que en su casa tenía cinco armas de fuego con su respectivos permisos que no aparecen y más de 40,000 lempiras que se los robaron.

Entre las acusaciones que incoará el MP además está el caso de Elio Arturo Turcios Rodríguez, alias Pijiriche, arrestado por miembros de la Policía Militar del Orden Público en la colonia Municipal de San Pedro Sula el 26 de agosto de 2023.

En el expediente investigativo de la Policía Militar se establece que ese día recibieron la denuncia que en una calle de la colonia Municipal, a tres cuadras de la Policía de Tránsito, estaba un individuo en una motocicleta con un fusil en la espalda.

En el informe se relata que al lugar se desplazaron unas patrullas de ese cuerpo policial y al llegar el individuo al ver a los uniformados puso en marcha lo motocicleta y huyó.

Según la versión de los efectivos, ellos persiguieron a Turcios y antes de meterse a su casa lo capturaron.

Al hacer las averiguaciones la Atic requisó un vídeo de las cámaras instaladas por vecinos del lugar en el que se mira que no hubo ninguna persecución, sino que los militares entran a baja velocidad en las patrullas y se meten a la vivienda de Turcios y lo sacan de la casa sin decomisarle ninguna evidencia.

A Turcios, sindicado por la Policía Militar como jefe de la Pandilla 18, lo presentaron a los medios de comunicación con tres paquetes conteniendo marihuana, 40 puntas con cocaína, un fusil de uso exclusivo de la Policía Nacional y una motocicleta color negro marca Honda.

Las evidencias, según las averiguaciones, se las implantaron a Turcios en la sede de la Policía Militar, a excepción de la moto que sí es de su propiedad.

Elio Turcios está privado de su libertad en el centro penitenciario de El Progreso, Yoro.

Este año en menos de tres meses la Policía fue salpicada por tres escándalos en los que 20 agentes de la DPI y la Dipampco se han visto implicados en hechos delictivos.

El primero se dio el 24 de enero cuando capturaron a siete miembros de la DPI a quienes la Fiscalía acusó de los delitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y falso testimonio.

Según la acusación del MP, los agentes llegaron a una residencia propiedad de un prestamista en la residencial Los Alpes el 29 de diciembre de 2023 y sin orden judicial ni administrativa, ingresaron a la vivienda, rompieron el portón y se dirigieron directamente al dormitorio donde se encontraba una caja fuerte que se robaron con 14 millones de lempiras.

Los siete agentes acusados por ese caso están guardando prisión.

El segundo caso ocurrió el jueves 11 de abril cuando se les inició un proceso a otros ocho agentes de la DPI acusados de asaltar la casa de un vendedor de carros a quien también le implantaron pruebas falsas para incriminarlo en delitos que no cometió.

A los ocho agentes de investigación les imputan los ilícitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionarios públicos, falsificación de documentos públicos y torturas. Los siete policías encausados se encuentran presos,

El tercer caso es el de cinco miembros de la Dipampco quienes fueron acusados el 17 de abril de los delitos de secuestro agravado y otras agresiones sexuales.

Los policías supuestamente cometieron los ilícitos en perjuicio de una testigo protegido por quien exigían la cantidad de 100,000.00 lempiras a cambio de su libertad.

El requerimiento presentado contra los agentes se desprende de un hecho ocurrido el miércoles 21 de febrero de 2024 del cual se recibió una denuncia de un posible secuestro registrado en la residencial Santa Mónica de San Pedro Sula.

Las diligencias investigativas establecen que el modus operandi de los policías es que llamaban a las víctimas haciéndose pasar por conocidos y cuando los contactaban los subían a los busitos de la misma institución. Los andaban en los buses por varias calles de San Pedro Sula hasta que les pagaban el rescate.

Las indagaciones determinan que los montos que exigían por el rescate de las víctimas oscilaban entre los 100,000 y 300,000 lempiras.

De acuerdo a las averiguaciones, las víctimas eran mujeres a las que amenazaban con abusarlas y en otros casos les decían a los ofendidos que si no pagaban les pondrían drogas para presentarles acusaciones falsas. Los cinco agentes de la Dipampco guardan prisión.