El Ministerio Público (MP) encausó en ocho meses del año a 67 policías por delitos de criminalidad organizada y los análisis de ese ente acusador del Estado establecen que el patrón delictivo de la mayoría de los agentes que están en prisión tiene como principal objetivo el robo.
El modus operandi de los policías, además, comprendía la implantación de pruebas falsas a las víctimas para acusarlas y crearles un estado de indefensión ante los fiscales y los jueces al momento de acusarlos en los tribunales.
La indefensión se da porque el perjudicado puede argumentar que fue víctima de robo y otro tipo de delito, pero los fiscales y el juez no toman en cuenta lo que él dice, porque pesa más la versión policial por la carga probatoria implantada por los agentes lo que es una manera de burlar el sistema judicial y del MP.
Los estudios realizados por la Agencia Técnica Investigación Criminal (Atic), ente indagador del MP, establecen que con las capturas viciadas de dolo, amparándose en el estado de excepción temporal, los agentes también buscaban crear una estadística policial favorable a la Secretaría de Seguridad.
Los análisis de ese ente de investigación criminal establecen que los agentes primero ubicaban a las personas que tienen un buen ingreso económico para robarles allanando sus casas.
En la selección de las víctimas, los efectivos policiales contaban con la complicidad de exmiembros de la policía que les daban información y les perfilaban los ciudadanos que podían ser el blanco por el estatus que tienen.
Otra característica del patrón criminal de los funcionarios policiales es que la generalidad de los casos que manejaron ellos son en flagrancia y no producto de un proceso investigativo acusando a los detenidos por portación ilegal de armas y droga, pero siempre en menor escala con pruebas implantadas que los agentes tienen ocultas en las sedes policiales producto de decomisos que no reportan.
Los informes del MP señalan que el accionar de los policías es típico del crimen organizado porque actúan en bandas y han identificado que operan a nivel nacional, pues hay denuncias en varias regiones del país.
Agentes de la Dipampco y de la DPI son los que más enjuician
Solo en los tribunales de San Pedro Sula este año han sido enjuiciados 24 agentes involucrados en cuatro escándalos que han salpicado a la Policía.
El primero caso se dio el 24 de enero cuando capturaron a siete miembros de la DPI, a quienes la Fiscalía acusó porque allanaron la residencia de un prestamista en la residencial Los Alpes el 29 de diciembre de 2023, antes de las seis de la mañana y sin orden judicial y se robaron una caja fuerte con 14 millones de lempiras. Los siete agentes están guardando prisión.
El segundo caso ocurrió el jueves 11 de abril, cuando se les inició un proceso a otros ocho agentes de la DPI que están presos acusados de asaltar la casa de un vendedor de carros, a quien también le implantaron pruebas falsas para incriminarlo en delitos que no cometió.
El tercer caso es el de cinco miembros de la Dipampco quienes fueron mandados a prisión el 17 de abril acusados de los delitos de secuestro agravado y otras agresiones sexuales en perjuicio de una testigo protegido.
El último caso ventilado en los juzgados de San Pedro Sula es el de diez agentes de la Dipampco capturados el martes 13 de agosto bajo los cargos de robo con violencia o intimidación agravado continuado, privación ilegal de la libertad realizada por funcionario o empleado público, torturas y falsificación de documentos públicos, en perjuicio de Francis Albert Ávilla Baliona y Pamela Mae Ávilla Baliona, quienes son dos hermanos de origen filipino.
De los diez agentes, solo cuatro fueron enviados a prisión. En su mayoría, los acusados son defendidos por abogados del Ministerio de Seguridad, pese a que los delitos de los que los acusan son graves y los cometieron con dolo y no en el cumplimiento de su deber.
Director de la Policía que dice ellos hicieron las capturas
El martes 13 de agosto, agentes de la Atic también capturaron en Tegucigalpa a cuatro agentes policiales asignados a la Unidad Metropolitana Policial de la colonia Kennedy por el delito de extorsión en perjuicio de un comerciante al que obligaron que les entregara 10,000 lempiras para dejarlo libre.
El 13 de junio en La Esperanza, Intibucá, dos miembros activos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) fueron arrestados por la Policía Nacional por detener a un ciudadano de forma ilegal y pedirle 100,000 lempiras para dejarlo libre. Por ese caso también fue acusado un oficial de esa entidad policial.
Juan Manuel Aguilar Godoy, director nacional de la Policía, en una comparecencia en el programa Frente a Frente de Canal 5, dijo que son una institución en permanente depuración y agregó que en los casos de los policías que han encausado ellos son los que hicieron las investigaciones y los presentaron al Ministerio Público en compañía de la Atic.
“La ley es clarita, la ley dice que la investigación técnico-cientifica le corresponde a la Policía y la investigación técnico-jurídica le corresponde al Ministerio Público en coordinación con fiscal general y con el director de fiscales hemos hecho las capturas de estos policías y en este año van 67 y no nos va a temblar la mano para seguir haciéndolo”, manifestó Aguilar Godoy.
