Policías capturados por sus propios compañeros: el lastre del crimen en Honduras

Prueba de la infiltración del crimen organizado en las funciones de los policías es que en menos de tres meses de este año, la institución fue salpicada por tres escándalos en los que 20 agentes de la DPI y la Dipampco se han visto involucrados en hechos delictivos por los que guardan prisión.

En los próximos días el MP presentará cinco requerimientos más en contra de miembros de la Dipampco y la Policía Militar del Orden Público por implantación de pruebas.

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El primer caso se dio el 24 de enero cuando capturaron a siete miembros de la DPI a quienes la Fiscalía acusó de los delitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y falso testimonio.

Según la acusación del MP, los agentes llegaron a una residencia propiedad de un prestamista en la residencial Los Alpes el 29 de diciembre de 2023, antes de las seis de la mañana sin orden judicial ni administrativa, ingresaron a la vivienda, rompieron el portón y se dirigieron directamente al dormitorio donde se encontraba una caja fuerte que se robaron con 14 millones de lempiras.

Los siete agentes acusados por ese caso están guardando prisión.

El segundo caso ocurrió el jueves 11 de abril cuando se les inició un proceso a otros ocho agentes de la DPI acusados de asaltar la casa de un vendedor de carros a quien también le implantaron pruebas falsas para incriminarlo en delitos que no cometió.

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A los ocho agentes de investigación les achacan los ilícitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionarios públicos, falsificación de documentos públicos y torturas. Los siete policías encausados se encuentran presos.

El tercer caso es el de cinco miembros de la Dipampco quienes fueron acusados el 17 de abril de los delitos de secuestro agravado y otras agresiones sexuales.

Los policías supuestamente cometieron los ilícitos en perjuicio de una testigo protegido por quien exigían la cantidad de 100,000.00 lempiras a cambio de su libertad.

El requerimiento presentado contra los agentes se desprende de un hecho ocurrido el miércoles 21 de febrero de 2024 del cual se recibió una denuncia de un posible secuestro registrado en la residencial Santa Mónica de San Pedro Sula.

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Las diligencias investigativas establecen que el modus operandi de los policías es que llamaban a las víctimas haciéndose pasar por conocidos y cuando los contactaban los subían a los busitos de la misma institución. Los andaban en los buses por varias calles de San Pedro Sula hasta que les pagaban el rescate.

Las indagaciones determinan que los montos que exigían por el rescate de las víctimas oscilaban entre los 100 y 300 mil lempiras.

De acuerdo a las averiguaciones, las víctimas eran mujeres a las que amenazaban con abusarlas y en otros casos les decían a los ofendidos que si no pagaban les pondrían drogas para presentarles acusaciones falsas. Los cinco agentes de la Dipampco guardan prisión.