Tegucigalpa. Más de 100 miembros de maras y pandillas en el país han sido detenidos ocho días después de que el Gobierno lanzara la Estrategia Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos.
La Secretaría de Seguridad destacó ayer, entre otros aspectos, que se han decomisado a estos grupos delictivos 1,600,472 lempiras en efectivo, dinero producto del cobro de extorsiones.
En los ocho días que han transcurrido, los entes de seguridad del Estado ejecutaron 204 órdenes de captura y sancionaron a 157 conductores de unidades de transporte por no portar placas en sus vehículos.
Asimismo, se han realizado 58 operativos en las colonias más conflictivas y asediadas por las pandillas, así como en terminales de transporte urbano e interurbano de varias ciudades.
Segunda fase
Desde este despacho de seguridad se anunció que la segunda fase de esta estrategia consistirá en el bloqueo de tarjetas SIM o números telefónicos que son usados por extorsionadores para cometer el delito. Para esto, las compañías telefónicas privadas deberán cumplir con lo que establece la ley.
Las modalidades más comunes de los extorsionadores son la llamada telefónica, dejar una nota extorsiva y vía redes sociales. También utilizan servicios para que la población lo consuma como “car wash”, rifas, préstamos gota a gota, venta de comidas, repuestos y otros.
“Esto va en fases, este programa no es de una sola fase, no es reactivo en un solo momento. Esto lleva una estrategia bien planificada”, indicó el subdirector de la Policía Nacional, comisionado Juan Aguilar.
El oficial adelantó que la primera fase de esta estrategia no tiene un tiempo límite, porque todo dependerá de los resultados que se den en estos meses y que podría extenderse hasta enero.
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad, en 56 barrios y colonias de las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula tienen presencia de maras y pandillas como la MS-13, la Pandilla 18 y otros grupos delictivos.
A nivel nacional hay 19,471 agentes que están al servicio de las operaciones de seguridad para combatir el flagelo de la extorsión.