Ángel David Alvarado Sierra y Gina Azucena Poveda permanecerán en prisión preventiva, acusados del asesinato de sus amigos y vecinos José Darío Caballero Zelaya y Sobeyda Rodríguez García, en el municipio de El Progreso, Yoro, zona norte de Honduras.
Los cuerpos de los esposos Caballero Zelaya y Rodríguez García fueron hallados el miércoles 11 de febrero a la orilla de la carretera CA-13, en el tramo entre la colonia Núñez y la comunidad de Quebrada de Yoro. De acuerdo con las investigaciones, habrían sido ultimados a balazos la noche anterior, presuntamente por los sospechosos con quienes departieron durante varias horas.
Según las diligencias investigativas de la Policía, los acusados llegaron a la casa de las víctimas, en la residencial La Granja, donde también residían, para invitarlos a salir.
Posteriormente, en horas de la tarde-noche, se trasladaron hacia Tela, Atlántida, a bordo de una camioneta Toyota Prado, color gris, año 2026, propiedad de Alvarado Sierra. En ese lapso, y bajo los efectos del alcohol, se habría originado una discusión.
De acuerdo con el expediente, en el trayecto de regreso a El Progreso, el pleito escaló, y Ángel Alvarado presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra sus amigos.
Acto seguido, la pareja habría abandonado los cuerpos en el tramo carretero y regresado a su vivienda, donde limpiaron los rastros de sangre en la camioneta, cuyos asientos son de cuero, con el fin de eliminar evidencia del crimen.
Llamada y denuncia que los delató
Los investigadores indicaron que los detenidos, quienes guardan prisión preventiva en el Centro Penal de El Progreso, Yoro, tras cometer el crimen, llamaron al 911 para denunciar la presencia de los cuerpos en la carretera.
Además, acudieron a la estación policial para reportar el mismo hecho. También manifestaron que habían sido seguidos por otro vehículo.
La versión de los sospechosos y la supuesta persecución, sumadas al hallazgo de un orificio de bala en el lado izquierdo de la camioneta, detectado por un agente en la estación policial, levantaron sospechas.
Tras revisar las cámaras del 911 y dar seguimiento al recorrido de la Toyota Prado, los investigadores determinaron que no existía evidencia de que hubieran sido seguidos por otro automóvil.
Producto de las diligencias, la Policía ejecutó un allanamiento con orden judicial la noche del 10 de febrero, el mismo día en que murieron las víctimas, en la vivienda de la pareja detenida, en la residencial La Granja.
En el lugar, agentes de inspecciones oculares de la Fiscalía y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) hallaron casquillos de bala y rastros de sangre en los asientos de cuero del vehículo, entre otros indicios que los incriminarían.
Nuevo móvil del crimen
Nuevas líneas de investigación apuntan a una hipótesis adicional que habría motivado el doble crimen. Además de la discusión entre ambas parejas, los acusados mantenían una deuda de 230,000 lempiras con las víctimas, producto de un préstamo otorgado en diciembre de 2023, según fuentes del Ministerio Público (MP).
De acuerdo con la misma fuente, en la vivienda de los acusados se encontró una renovación del contrato de pago del préstamo, lo que reforzaría la teoría de que el móvil del crimen estaría relacionado con la deuda.
La fuente del MP indicó que, por la dinámica del hecho y porque los acusados llegaron a la vivienda de los esposos horas antes para invitarlos a salir, el Ministerio Público determinó que habrían actuado de forma premeditada. Por ello, el requerimiento fiscal tipifica el caso como asesinato y no como homicidio.
Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, manifestó: "Se indica que ellos empezaron en la vivienda a compartir, ya que eran conocidos. Posteriormente los hechores invitaron a la pareja a seguir compartiendo fuera de la vivienda. Ellos ya tenían planificada la acción que iban a realizar, supuestamente para evitar pagar una deuda. Fue así que ellos cumplieron su cometido dándole muerte a la pareja de esposos".
Ángel David Alvarado Sierra y Gina Azucena Poveda, de nacionalidad estadounidense, fueron detenidos en su vivienda en la residencial La Granja la misma noche en que José Darío Caballero Zelaya y Sobeyda Rodríguez García perdieron la vida.
Según el Código Penal, el delito de asesinato conlleva una pena de entre 25 y 30 años de prisión, mientras que el homicidio se castiga con penas de 15 a 20 años de cárcel.
