Por unanimidad, tres jueces del Tribunal de Sentencia de los Juzgados de San Pedro Sula declararon culpable a Katherine Yulibeth Romero Sorto, de 28 años, por tres delitos sexuales cometidos en perjuicio de dos menores de edad, un niño y una niña, hijos de su expareja.
La resolución fue emitida tras concluir el juicio oral y público que inició el pasado 2 de marzo, luego de que la imputada permaneciera bajo detención desde mayo de 2025.
El tribunal determinó su responsabilidad penal por los delitos de violación continuada y otras agresiones sexuales calificadas continuadas en perjuicio de los dos menores.
Durante el proceso judicial, los jueces analizaron una serie de pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales permitieron establecer la responsabilidad de la acusada sin lugar a dudas. La Fiscalía Especial de Protección de la Niñez y de la Adolescencia fue la encargada de dirigir la acusación durante el juicio.
Evidencias e investigaciones
Entre las evidencias presentadas por los fiscales se incluyeron evaluaciones psicológicas y exámenes físicos practicados a las víctimas, así como análisis videoforenses y testimonios obtenidos mediante cámara Gesell. También se incorporaron declaraciones de familiares, investigadores del caso y comunicaciones entre los menores y la acusada.
Las investigaciones establecieron que los hechos habrían ocurrido durante varios años, en momentos en que los niños permanecían bajo el cuidado de la ahora declarada culpable. El caso salió a la luz luego de una denuncia interpuesta por los padres de los menores, lo que permitió iniciar las diligencias correspondientes.
Tras el fallo condenatorio, el tribunal programó la audiencia de individualización de la pena para el jueves 26 de marzo a las 9:00 de la mañana. En esta etapa, los fiscales solicitarán la pena de prisión que deberá cumplir la acusada conforme a lo establecido en el Código Penal vigente.
De acuerdo con la legislación penal hondureña, la mujer podría enfrentar una condena que supera los 20 años de cárcel y que podría extenderse a más de 30 años de prisión, dependiendo de la determinación final que adopte el tribunal durante la audiencia de imposición de la pena.
