El Ministerio Público solicitará un auto de formal procesamiento para los exdirectores de la Penitenciaría Nacional de Támara, acusados de tortura en perjuicio de cuatro privados de libertad.
La petición la harán los fiscales durante la audiencia inicial que se llevará a cabo el 1 de julio a las 9:00 am.
En mayo, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público presentó requerimiento fiscal ante el Juzgado de Tegucigalpa, en donde se acusó al coronel Mariano Obdulio Pacheco Flores y al teniente coronel Ewart Arnaldo Padilla.
Ellos son acusados por los supuestos delitos de tortura, violación de los deberes de los funcionarios y lesiones en perjuicio de cuatro privados de libertad que estuvieron recluidos en la celda conocida como La Bestia.
-A los exdirectores del centro penal de Támara se les acusa por los hechos que acontecieron en abril de 2021.
-En febrero de 2022, los dos militares fueron destituidos de sus cargos implicados en violaciones de los derechos humanos.
Agravios
Las indagaciones de la Fiscalía señalan que cuando los privados de libertad fueron enviados a La Bestia estuvieron expuestos al sol, lluvia, frío e insectos.
Además, hacían sus necesidades fisiológicas en bolsas, expuestos a la vista y burla de las personas que pasaban por el sector porque solo les permitían ir una vez al día al baño.
Sumado a los tratos inhumanos que sufrieron durante una semana en la celda de castigo, el que fungió como subdirector de la Penitenciaría Nacional les tiró una bomba lacrimógena, golpeó con tolete a tres de los privados de libertad a tal punto que le fracturó los brazos a uno de ellos, por lo cual fue trasladado al Hospital Escuela.
Los dos oficiales de las Fuerzas Armadas comparecieron el fin de semana en la audiencia de declaración de imputado.
Tras esta audiencia, el juez que conoce el caso les dictó medidas distintas a la detención judicial así como la prohibición de salir del país, firmar el libro judicial una vez cada 15 días y no tener ningún contacto con las víctimas. Las FFAA solicitaron que se respete el debido proceso en el caso.
