La Policía Nacional informó a los ciudadanos que pueden instalar cámaras de seguridad en sus viviendas o negocios sin incurrir en ninguna ilegalidad, siempre que los equipos permanezcan dentro de los límites de la propiedad privada.
Wilmer Mayes, director de Comunicaciones de la institución, explicó a los medios de comunicación que los sistemas de videovigilancia son una herramienta legítima para proteger a las familias y los establecimientos comerciales. Sin embargo, advirtió que la instalación de cámaras en calles, postes de alumbrado, bulevares, parques u otros espacios públicos sin autorización constituye una irregularidad que puede ser investigada.
La aclaración surge tras el desmantelamiento de una red clandestina de videovigilancia en varios sectores de San Pedro Sula, presuntamente utilizada por estructuras criminales para monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad y mantener control sobre determinados territorios.
Según la vocería policial, cuando estos dispositivos son instalados fuera de propiedades privadas sin el permiso correspondiente, dejan de ser considerados sistemas de seguridad particulares y pueden convertirse en evidencia dentro de investigaciones por actividades ilícitas.
"Estos sistemas son instalados ilegalmente por estructuras criminales para monitorear los movimientos de los cuerpos de seguridad y de los mismos ciudadanos. Con ellos mantienen la vigilancia para la venta de drogas, verifican quiénes ingresan a las colonias, especialmente si son grupos delictivos rivales, y ejercen un control territorial", explicó Dania Cruz, portavoz policial.
Las autoridades señalaron que estas redes de videovigilancia permiten alertar sobre operativos policiales, vigilar el ingreso de personas a las colonias y facilitar otras actividades delictivas.
Mayes indicó que la instalación de equipos de videovigilancia en espacios públicos requiere la autorización de las autoridades competentes. Añadió que la Policía Nacional mantendrá operativos para identificar y retirar cámaras colocadas de forma irregular, especialmente aquellas que presuntamente sean utilizadas por organizaciones criminales.
El portavoz aseguró que estas acciones buscan impedir el uso ilícito de la tecnología, fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar el uso adecuado de los espacios públicos.
