En los primeros nueve meses de 2025, más de 5,000 hondureños originarios del departamento de Cortés han sido deportados desde Estados Unidos, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM).
La mayoría de ellos son residentes de San Pedro Sula, ciudad golpeada por altos niveles de violencia, desempleo y pobreza, factores que continúan empujando a miles de personas a migrar de forma irregular.
Alrededor de 31,000 hondureños han sido deportados entre enero y septiembre, una cifra que evidencia un repunte sostenido en los vuelos de repatriación, los cuales ahora se realizan hasta dos veces al día, de lunes a domingo.
Entre los miles de retornados está Josefa Pineda, una madre sampedrana deportada mientras se dirigía a su trabajo en EE. UU. “Me fui de Honduras hace 14 años por temas de seguridad. Vivo en la Rivera Hernández, y frente a mis hijos asesinaron a un vecino, migré por miedo y por la falta de oportunidades”, relató con tristeza.
Josefa dejó a sus dos hijos en Estados Unidos, bajo el cuidado de una prima. “No permitiré que regresen a Honduras, allá tienen buena educación y seguridad”, expresó.
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Como ella, miles de hondureños regresan a diario con los sueños rotos, enfrentando de nuevo las dificultades que trataron de dejar atrás.
Un retorno con pocas garantías
Al llegar al país, los migrantes son recibidos en el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), donde obtienen atención básica como refrigerio, asistencia médica y un bono de 2,000 lempiras otorgado por el gobierno. Sin embargo, muchos consideran que el apoyo no es suficiente para rehacer sus vidas.
“Nos dan una ayuda mínima y luego uno queda igual, sin empleo, sin oportunidades, en este país no se puede salir adelante”, dijo Mario Hernández, originario de Chamelecón.
Wilson Gómez, jefe de comunicaciones en el INM, informó que en los años 2019 y 2022 se registra el mayor número de deportaciones en la última década.
El departamento de Cortés lidera las estadísticas nacionales de deportaciones, seguido por Francisco Morazán, Yoro y Olancho. Estas regiones concentran los más altos índices de violencia, pobreza y desempleo, las principales causas de migración.
En muchas comunidades de estos departamentos, emigrar se ha convertido en un acto casi obligatorio. Familias enteras venden sus pertenencias o se endeudan con coyotes para pagar el viaje, que puede costar entre 10,000 y 15,000 dólares por persona.
Aunque el gobierno ha anunciado esfuerzos para brindar asistencia a los migrantes retornados, organizaciones de derechos humanos advierten que el país carece de políticas sólidas de reintegración social y laboral.
Mientras tanto, los vuelos de deportación siguen llegando a diario. Y con cada avión, llegan también miles de historias como la de Jenny, marcadas por la lucha, el desarraigo y la esperanza de una segunda oportunidad.
