"Estoy en la ruina”: Proveedores de Támara al borde de la quiebra por deudas del INP

Don José (nombre ficticio para proteger su identidad), un comerciante de 45 años, lleva un año completo tocando las puertas del Instituto Nacional Penitenciario (INP). Durante 2025, abasteció cada semana los economatos del Centro Nacional Penitenciario de Támara (CNPT) con productos y hoy el sistema le debe más de un millón de lempiras.

"El último pago lo recibí el año pasado y para no cerrar mi negocio he tenido que sacar préstamos a mis familiares, vendí mi carro y tuve que despachar a dos muchachos que me ayudaban, ya no sé qué hacer", relató.

La misma espera la viven al menos otros tres pequeños proveedores que abastecían los economatos de Támara y que aseguran que las deudas acumuladas por la venta de productos al recinto los ha llevado al borde de la quiebra.

LA PRENSA Premium conversó con varios de los afectados, quienes solicitaron mantener su identidad en reserva por temor a represalias. Los emprendedores compartieron facturas y documentos que respaldan los compromisos de pago pendientes del centro penal.

“Todo esto me ha dejado mal, estoy en la ruina. Después de ser un emprendedor exitoso, ahora vivo al día. Los intereses me ahorcan porque siguen corriendo en todos mis financiamientos y no logro avanzar; necesito flujo de efectivo para trabajar y todo mi capital me lo deben”, relató otro de los proveedores.

El caso expone una contradicción, ya que la mercadería que estos emprendedores entregaron a crédito se vendió dentro del penal con un margen de ganancia cercano al 20% (en algunos casos más), y los privados de libertad pagaron por ella.

El dinero para cubrir esas facturas ingresó al sistema; lo que no se sabe es dónde terminó. Aun así, la autoridad penitenciaria plantea que los proveedores esperen a que la justicia condene a los responsables del desfalco de L8 millones en los economatos para recuperar lo que se les debe.

Los afectados explicaron que durante 2025 mantuvieron una relación comercial constante con los directores del presidio, vendiéndoles productos para los economatos a precios competitivos, bajo un esquema de crédito que permitió aumentar el volumen de compras.

Ese esquema se rompió tras el presunto desfalco y la salida del coronel Juan Carlos Osorto Castillo de la dirección del recinto, en abril de 2026.

Con la llegada del coronel Willian Odair García, en mayo de 2026, las reglas cambiaron, ya que a algunos proveedores se les dejó de comprar y a otros solo se les adquirió mercadería con pago contra entrega.

El problema es que varios proveedores arrastran saldos pendientes desde al menos tres administraciones anteriores, entre ellas la del coronel Karlthers Medina, quien actualmente se encuentra en condición de disponibilidad.

Pese a los cambios de mando, el INP todavía no les ha establecido una fecha para saldar esas deudas.

“Estamos desesperados. Siempre que preguntamos, solo dicen que no saben qué pasará. Hemos ingresado escritos y recursos para que nos den una respuesta o una fecha estimada de pago, pero tampoco hemos obtenido respuesta. Estamos sin fondos”, expresó otro de los afectados.

Según relataron los proveedores, parte de la mercadería que entregaron al penal la financiaron con préstamos cuyos intereses siguen corriendo mientras la institución no paga.

"Es también el estrés que causa responder llamadas de bancos todos los días y tener que darles largas. También el hecho de que esos intereses no los van a cubrir ellos cuando paguen lo adeudado y recuerde que cada día van subiendo", mencionó don José.

Los montos reclamados oscilan entre L20,000 y más de un millón de lempiras. Según el cálculo de los proveedores que hablaron con este medio, la deuda acumulada ronda los L3 millones, aunque hay otros afectados que prefirieron no brindar declaraciones.

La documentación a la que tuvo acceso exclusivo LA PRENSA Premium permite dimensionar las deudas acumuladas durante las dos administraciones anteriores.

Según el informe presentado por el coronel Osorto Castillo, la gestión de su antecesor, el coronel Medina Rosales, dejó compromisos pendientes por L4,130,763.53, mientras que los de su propia administración ascendían a L3,990,152.63.

Al revisar el informe partida por partida, este equipo periodístico encontró que Osorto Castillo incluyó en la deuda de su antecesor un inventario valorado en L1.5 millones que él mismo recibió al asumir la dirección. Como esa mercadería quedó bajo su administración, su valor debía restarse del saldo heredado y sumarse al de su propia gestión.

Con ese ajuste, la deuda atribuible a Medina Rosales se reduce a unos L2.6 millones, mientras que la de Osorto Castillo asciende a cerca de L5.5 millones. En conjunto, los compromisos entre tarjetas emitidas y deuda a proveedores superan los L8.1 millones.

Los proveedores aseguran, además, que no todos recibieron el mismo trato, pues aseguran que las grandes empresas lograron recuperar sus pagos después de advertir a la nueva administración que suspenderían el abastecimiento si no se les cancelaba la deuda.

A la falta de pago se suman otras denuncias, ya que los emprendedores también aseguran que, en distintas ocasiones, grupos de agentes penitenciarios de la cárcel de Támara les pidieron sobornos a cambio de mantenerlos como abastecedores de los economatos.

“Yo no acepté. No es justo que hagan eso con uno, que lo único que hace es ofrecer productos a buenos precios. Se aprovechan de sus contactos y de su posición para sangrarnos, como si tuviéramos de dónde. No es así la cosa”, relató otro de los proveedores.

Según dijeron, ese es uno de los motivos por los que temen reclamar públicamente, pues creen que insistir en el cobro podría cerrarles definitivamente las puertas del penal.

LA PRENSA Premium consultó al director del INP, Walter Amador Lacayo, quien reconoció que existen proveedores con pagos pendientes.

Explicó que las autoridades analizan cómo saldar esas deudas, pero que el proceso está ligado a las investigaciones sobre el manejo de los economatos y las posibles responsabilidades de las administraciones anteriores.

“Esperemos a que el Ministerio Público termine el proceso, que haya condenas y que con sus bienes pueda resarcir esa situación. Es un tema financiero y legal que tenemos que definir y reportar a la superioridad para poder buscar una solución”, manifestó.

La postura abre un debate de fondo, ya que los productos fueron vendidos al centro penal como institución y no a un director en particular, mencionaron expertos.

Para los proveedores, esperar una condena significa, en la práctica, esperar años.

Consultada por este medio, la portavoz del Ministerio Público, Claudia Díaz, informó que la investigación sigue en curso.

En cuanto a las denuncias de sobornos, Amador Lacayo aseguró que el caso será investigado. Como primera acción, reveló que el jueves 5 de noviembre se reunió con García, director de Támara, para conocer los señalamientos.

El coronel Osorto Castillo permanece con la baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas y el coronel Medina Rosales, en condición de disponibilidad. Este medio ha intentado contactar a ambos desde junio de 2026, tras la publicación del reportaje “Fuga de L8 millones en economatos de Támara”, pero ninguno ha respondido a las solicitudes de entrevista.

Mientras tanto, don José sigue haciendo cuentas para calcular cuánto debe en intereses y bloqueando los números de los bancos que lo llaman a diario.