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La planta de gas natural de Génesis Energías debía abastecer de combustible a Brassavola y marcar el fin de la generación con diésel que la empresa mantiene desde hace meses. Sin embargo, el proyecto se ha convertido en una cadena de incumplimientos y fechas fallidas que, hasta ahora, mantienen en incertidumbre el inicio de sus operaciones.
La fecha original establecida contractualmente apuntaba al 1 noviembre de 2024. Desde entonces, el cronograma ha sido modificado una y otra vez.
Primero, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) trasladó la entrada en funcionamiento de la planta de gas natural para mediados de 2025; posteriormente, los desarrolladores del proyecto aseguraron que la terminal estaría lista en noviembre de ese mismo año.
Las reprogramaciones continuaron durante 2026, pues autoridades de la administración pasada del sector energético anunciaron que la planta comenzaría a operar en marzo, mientras que el representante de Génesis Energías, Samir Siryi, afirmó después que el proyecto entraría en funcionamiento a inicios de julio.
No obstante, la fecha volvió a incumplirse, acumulando cinco retrasos desde el plazo originalmente pactado y sin que exista, hasta ahora, claridad sobre cuándo comenzará a operar.
Este medio conoció que el primer cargamento de gas natural ya ingresó a Honduras y que, incluso, se realizó el suministro inicial a una embarcación, pero se desconocen los pasos a seguir sobre el traslado de mismo a Villanueva, Cortés.
200
millones de dólares
es la inversión de Génesis Energías en la planta de gas, según confirmó Ignacio Cheret, representante de Génesis Energías
Durante dos visitas realizadas por LA PRENSA Premium en los últimos seis meses al sector de La Puntilla, en la península de Puerto Cortés, se constató que la construcción de la planta de gas natural muestra pocos cambios visibles respecto a la primera inspección.
En el terreno aún no se observan edificaciones industriales ni sistemas de regasificación que evidencien una fase avanzada de ejecución.
En la última visita, a unos metros del área donde se desarrolla el proyecto, se observó el Bilbao Knutsen, la unidad flotante de almacenamiento con capacidad para 138,000 metros cúbicos de gas natural licuado (GNL).
Sin embargo, la infraestructura necesaria para completar el proceso de suministro todavía no refleja el nivel de avance esperado para una planta que debió iniciar operaciones desde hace dos años.
Como en Honduras no existe producción de gas natural, el combustible debe ser convertido a estado líquido en países como Estados Unidos o Canadá, transportado por barco y almacenado antes de iniciar el proceso de regasificación.
Expertos señalan que el traslado del gas requeriría el uso de camiones criogénicos, con una logística que implicaría el tránsito de al menos 45 unidades diarias por Choloma, San Pedro Sula y Villanueva, donde finalmente sería regasificado para inyectarlo a las turbinas de generación eléctrica.
Este esquema, advierten especialistas, "representaría un costo elevado para la empresa que eventualmente podría trasladarse a la tarifa eléctrica de los consumidores".
La planta fue diseñada para abastecer a Brassavola, empresa térmica anteriormente conocida como Cechsa, cuyo historial está marcado por incumplimientos contractuales y renegociaciones.
En 2008 recibió un contrato directo para generar 150 megavatios, pero no logró cumplir las condiciones pactadas. Durante la administración anterior, el acuerdo fue renegociado y ampliado hasta 240 megavatios.
La expectativa del Gobierno era que la transición del diésel al gas natural permitiera reducir los costos de generación y beneficiar a los consumidores con tarifas más bajas. Sin embargo, los retrasos del proyecto plantean el escenario contrario.
LA PRENSA Premium solicitó nuevamente una entrevista con Samir Siryi, representante de Brassavola, para conocer la situación actual del proyecto, pero al cierre de esta publicación no obtuvo respuesta.
En las redes sociales de Génesis Energías y Brassavola suelen publicar información sobre las ventajas del gas natural licuado y el funcionamiento, además de preguntas frecuentes y pequeños trabajos previos.
Sus publicaciones se mantienen activas con actualizaciones periódicas cada cuatro o cinco días, pero tampoco ahí se han informado fechas del inicio de operaciones de generación con gas natural
A los incumplimientos en el cronograma de operaciones se suma que el contrato de arrendamiento entre la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y Génesis Energías aún no ha sido aprobado por el Congreso Nacional (CN).
Pese a ello, en el plantel donde se desarrollará la planta de gas ya se observan materiales preliminares y trabajos de adecuación del terreno, constató LA PRENSA Premium.
Este medio solicitó una entrevista con Yaudeth Burbara, gerente general de la ENP, para conocer los detalles del convenio de arrendamiento suscrito con Génesis Energías, que fue anulado por el Consejo Directivo de la ENP seis meses después de ser firmado en 2024.
Aunque inicialmente accedió a la solicitud, posteriormente decidió no pronunciarse al conocer que el tema central sería el contrato.
Ante la falta de información sobre el proceso legislativo, LA PRENSA Premium consultó a varios diputados del Congreso Nacional para confirmar si el contrato ya había sido remitido al Hemiciclo.
Los legisladores consultados aseguraron desconocer el caso y señalaron que el acuerdo no ha sido discutido ni figura en agenda, pese a tratarse de un arrendamiento de largo plazo en una zona estratégica para el desarrollo energético del país.
Y es que el contrato suscrito entre la ENP y Génesis Energías contempla el arrendamiento de aproximadamente 78,500 metros cuadrados distribuidos en dos lotes dentro de La Puntilla.
El convenio establece un canon inicial de apenas un dólar por metro cuadrado, tarifa que aumentará a 2.5 dólares cuando inicien operaciones comerciales.
Las condiciones han despertado críticas debido a que los valores están muy por debajo de las tarifas promedio que suelen manejarse en áreas portuarias, donde los arrendamientos oscilan entre 12 y 20 dólares por metro cuadrado.
En la subcláusula 12.5 del contrato con Cechsa se establece el fallo en alcanzar la capacidad comprometida, estipulando que se aplicará al generador una penalización de 3,000 dólares por cada megavatio promedio mensual de deficiencia o en proporción a la fracción del mismo después del 30 de abril de 2024.
Solo se exceptúa por un evento de fuerza mayor o caso fortuito regulado en el contrato.
La garantía de cumplimiento contractual que deberá constituirse dentro de los 10 días hábiles, luego de la entrada en vigencia del convenio, está contemplada en la subcláusula 12.10.
Se dispone que “el vendedor (refiriéndose a Cechsa) se compromete a rendir a favor del comprador —en este caso la Enee— la garantía de cumplimiento de contrato por 14.3 millones de dólares, prorrogable anualmente por el resto de vigencia del contrato por 240 megavatios de capacidad”.
El economista y experto en energía, Edgar Aguilar, consideró que los constantes retrasos en la entrada en operación de la planta de gas de Génesis Energías obligan a la Enee a revisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y regulatorias asumidas por la empresa.
A su juicio, la estatal debe evaluar la aplicación de sanciones o multas a Brassavola, subsidiaria de Génesis Energías, debido a que continúa generando energía con diésel y no con gas natural, que fue el combustible comprometido en el proyecto.
"Este contrato ya acumula suficientes señales de opacidad, incumplimientos sistemáticos y posible perjuicio al Estado. Es urgente que se abra una investigación formal. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree) debe revisar con rigor el cumplimiento contractual y aplicar las penalidades correspondientes", expresó.
El especialista también señaló la importancia de verificar que la empresa cuente con todos los permisos ambientales y operativos necesarios, tanto para la generación actual como para la futura operación de la planta de gas en Puerto Cortés.
Por su parte, Miguel Mejía, dirigente sindical de la Enee, sostuvo que los reiterados aplazamientos del proyecto han tenido repercusiones económicas para el Estado y los consumidores.
"El Estado debe tener ya en proceso jurídico el incumplimiento porque la población es quien paga las consecuencias de las malas decisiones", mencionó.
Mejía afirmó que los efectos de estos contratos, junto con los arrendamientos de generación energética, ya se reflejan en el incremento de las tarifas eléctricas y advirtió que podrían registrarse nuevos aumentos durante el tercer y cuarto trimestre del año.
"Ahora bien, en la operación de mantenimiento, la Enee avanzó en la parte de campo, pero no en la parte administrativa. A la inversión. La Enee necesita una importante cantidad de transformadores para poder sectorizar el sistema, garantizar niveles adecuados de voltaje a la población y brindar una mayor seguridad en el servicio al cliente", señaló.
En entrevista con LA PRENSA Premium, el gerente general de la empresa estatal, Guillermo Panting, fue consultado sobre los contratos renegociados por la estatal y la importancia de garantizar certeza jurídica para el sector energético.
El funcionario señaló que los acuerdos vigentes deben respetarse, incluso cuando existan desacuerdos sobre sus condiciones, ya que modificar o desconocer contratos podría generar arbitrajes internacionales y afectar la confianza para atraer nuevas inversiones.
Sin embargo, explicó que cuando existen incumplimientos contractuales corresponde que los organismos reguladores evalúen las acciones a seguir.
“Cuando hay incumplimiento es un tema de la Cree, porque son mercados regulados. Entonces hay que dejar que la Cree haga su trabajo. Pero si es tan grave el incumplimiento que hay que terminar el contrato, pues ya es un tema que tiene que ser autorizado por el marco regulatorio”, afirmó.
Hasta ahora, se desconoce qué disposiciones o medidas ha adoptado la Cree frente a los incumplimientos relacionados con el proyecto de Génesis Energías y las obligaciones contractuales asumidas por Brassavola.
La entidad reguladora no ha informado si inició procesos de revisión, sanción o algún otro procedimiento contemplado dentro del marco regulatorio vigente.