Pérdidas, licitación y deuda: los tres focos rojos de la Ley de Justicia Energética

Reducir las pérdidas, licitar energía a tiempo y ordenar una deuda de L143.8 mil millones son los tres frentes en los que se juega la Ley de Justicia Energética, según un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) al que LA PRENSA Premium tuvo acceso en exclusiva.

A tres semanas de su entrada en vigencia, el documento revela que el Estado apenas ha completado una de las 42 tareas que debe ejecutar, mientras que otra está en proceso, 20 no han comenzado y de 20 no existe ningún dato público.

La única tarea cumplida es, en realidad, el punto de partida, es decir, la entrada en vigencia de la ley, una vez que salió del Poder Ejecutivo.

En tanto, la que figura en proceso es la licitación de 1,500 megavatios, que ya fue aplazada para el primer trimestre de 2027.

El documento, titulado “De la ley a resultados: Hoja de ruta para la transformación del sector eléctrico”, es la base del Monitor de la Ley de Justicia Energética, una plataforma digital que la organización lanza este martes a través de su iniciativa Potencia Honduras.

“La ley abre una oportunidad real para tener una Enee ordenada, despolitizada y que rinda cuentas, pero por sí sola no cambia nada. Lo que el país espera ahora son resultados", afirmó Edgar Aguilar, especialista en energía de la ASJ.

"La ENEE ya ha sacado más de 11,500 millones de lempiras en préstamos este año. Ese dinero muchas veces tiene garantía pública, garantía soberana, que compromete las finanzas públicas que podían ir a otras áreas", agregó.

La reforma llega cuando el servicio eléctrico está lejos de lo que esperan los más de dos millones de clientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). Según el Termómetro de País, una encuesta elaborada para la ASJ, el 87% de los usuarios sufre cortes de energía cada semana.

En 2025, cada usuario pasó en promedio 165 horas sin luz, el peor registro de Centroamérica.

Uno de los principales problemas de la Enee han sido las pérdidas de energía, que pasaron de 33.6% en 2025 a 34.4% en el primer semestre de 2026, lo que se traduce en pérdidas de al menos L50 millones diarios.

Según la organización, la ley legisló casi todo lo necesario para atacar el problema, pero las acciones no se ven materializadas, pues hay 292,000 solicitudes de medidor en espera y 350,000 usuarios a quienes se les factura por promedio.

La normativa ordena instalar un medidor en un máximo de 30 días por solicitud, aunque no existe información pública sobre su cumplimiento.

La ventana única de regularización voluntaria de conexiones vence el 29 de diciembre y, a la fecha, no se ha anunciado una campaña ni la capacidad operativa para ejecutarla.

Del antiguo Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), al que se asignaron más de L 11,700 millones y del que se ejecutaron L7,300 millones, tampoco hay un informe de cierre.

El análisis de la ASJ estima que reducir las pérdidas al 25% en tres años liberaría cerca de L4,500 millones anuales.

"No podemos aceptar los hondureños algo menos que un compromiso y un plan que reduzca las pérdidas cinco puntos porcentuales por año. Esto representaría un ahorro de miles de millones en los próximos cinco años y, en ese período, la Enee debería llegar a un punto donde las pérdidas ya se recuperen todas mediante tarifa y que no sigan cargando las finanzas públicas", expresó Aguilar.

"Creemos que el gerente de la Enee debe dedicar el 50% de su tiempo a la reducción de pérdidas, ya que esto genera cambios en el flujo de caja que luego le ayudan a la Enee a ser mejor en todas las otras áreas, incluyendo la parte de licitaciones", agregó.

"Es importante también que se trabaje con los recursos que ya hay, que se priorice, que haya un abordaje integral y, especialmente, que se vaya primero a los circuitos donde hay mayores pérdidas, que ya sabemos dónde están".

Otro punto importante es la licitación de potencia y energía, que por ley debe iniciar a más tardar el 28 de marzo de 2027 y concluir en un año.

El plazo es decisivo, ya que en 2029 saldrán de operación 886 megavatios de generación y solo hay 119 megavatios nuevos comprometidos. Si no se contrata a tiempo, el déficit firme llegaría a 2,031 megavatios en 2035.

La licitación de 1,500 megavatios ya se aplazó al primer trimestre de 2027, apenas el 28% del plan de expansión de transmisión tiene financiamiento y no hay obras adjudicadas.

La ASJ advierte que, sin una garantía de pago estructurada, no habrá ofertas competitivas, y que el riesgo es repetir la contratación de diésel de emergencia.

Para Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Enee (Stenee), la ley ya marcó con claridad el camino: la estatal tiene 180 días para arrancar el proceso con bases listas y, desde la entrada en vigencia, un año para tener adjudicada la nueva potencia.

Aunque reconoce que algunos contratos seguirán dependiendo de negociaciones del Gobierno, insiste en que el país necesita asegurar potencia firme para los años posteriores a 2027.

“Esperamos como sindicato que la empresa vaya tomando en cuenta los tiempos, igual que la Comisión Reguladora, para un proceso de licitación amplio que llene las expectativas y consiga buenos precios para favorecer al pueblo hondureño”, afirmó.

El dirigente sindical considera que la reforma es la oportunidad para romper con el ciclo de las soluciones de última hora. “Es importante que Honduras salga del bache de la improvisación, de los contratos de arrendamiento, del diésel y de las crisis de emergencia, porque hoy tenemos una ley que establece los tiempos”, señaló.

El tercer punto son las finanzas de las tres empresas que nacerán de la escisión de la Enee, es decir, generación, transmisión y distribución.

La estatal arrastra una deuda económica de L143.8 mil millones, equivalente al 31% de la deuda pública de la Administración Central y a cerca del 14% del Producto Interno Bruto. El 79% de ese monto recaerá en la futura distribuidora.

Con lo que generan, las tres empresas solo podrían sostener unos L28.6 mil millones, apenas la quinta parte de lo que se debe.

Nacerán, además, con un capital de L150 millones, sin activos propios y sin una fecha fijada en la ley para completar la escisión, según han dicho las autoridades.

El calendario agrava el riesgo, pues los estatutos de las nuevas sociedades y el informe de deuda histórica que la Enee y Finanzas deben presentar al Congreso Nacional vencen el mismo día, el 27 de enero de 2027.

Esto quiere decir que, si los estatutos se aprueban sin conocer el tamaño real de la deuda, o el plan de pago llega sin candados, la deuda se reconstruye, alerta la organización.

El informe reconoce que la ley tiene elementos muy positivos, pero señala que el Congreso Nacional también aprobó medidas que debilitan las finanzas de la Enee y presionan las del Estado. La más visible es el congelamiento de la tarifa por seis meses, hasta el 29 de marzo de 2027, prorrogable a un año, sin una fuente de financiamiento.

El gerente de la Enee, Guillermo Peña Panting, explicó que "el período de seis meses comenzará a contar una vez que la reforma sea publicada en el Diario Oficial La Gaceta, momento en el que también iniciará la implementación de las nuevas disposiciones".

“En este periodo no se traspasa un alza de la tarifa; la tarifa la va a absorber el Gobierno”, agregó.

A ello se suman las condonaciones a municipalidades y a usuarios residenciales de bajo consumo, aprobadas sin cuantificar cuánto suman ni quién las cubre. A la fecha no existe una cifra pública del monto condonado ni del costo mensual del congelamiento.

“Se perdonan saldos sin decir cuánto suman ni quién los cubre. Premia a quien no pagó y debilita la cobranza justo cuando la Enee necesita cobrar para sobrevivir”, menciona el informe.

La primera prueba de la reforma está a la vuelta de la esquina. El reglamento del Comité de Conducción y de la Unidad Técnica, las instancias que deben coordinar toda la transformación, debe emitirse a más tardar el 4 de diciembre.

Hasta ahora no hay información sobre nombramientos ni sobre un borrador del reglamento, y la hoja de ruta oficial contra la que se medirá la ley ni siquiera tiene plazo.

La ASJ pide que la Enee publique un plan de reducción de pérdidas con línea base auditada por circuito y metas verificables, y que el apoyo financiero del Estado se entregue solo contra resultados cumplidos.

Propone, además, licitar a tiempo y con garantía de pago, y que la aprobación de los contratos en el Congreso Nacional sea una verificación y no una renegociación.

Recomienda, además, que las nuevas empresas nazcan con juntas directivas elegidas por mérito, límites de endeudamiento y un plan para la deuda histórica, de modo que no vuelvan a trasladar sus problemas al presupuesto público.