¿Por qué la CNBS y el MP dejaron que Iván Velásquez manejara más de L400 millones?

A casi un mes del caos generado alrededor de Koriun Inversiones, empresa que operaba al margen de la ley, muchos se preguntan qué motivó a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y al Ministerio Público (MP) permitir que el propio gerente, Iván Velásquez, fuera quien realizara la devolución del capital a miles de inversionistas.

La decisión de permitirle a Velásquez manejar más de 400 millones de lempiras —L358 millones encontrados en efectivo durante el aseguramiento y L63 millones depositados en cuentas bancarias— sin que el proceso pasara por un canal institucional como la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), ha despertado serias dudas sobre la actuación de las autoridades.

LA PRENSA Premium conversó con Marcio Sierra, presidente de la CNBS, quien justificó la decisión argumentando que la prioridad siempre fue evitar una confrontación social que pudiera desencadenar en consecuencias graves.

“No se puede ver el tema solo legalmente. El problema también es social. El proceso debería de ser intervenir los bienes y pasarlos a la OABI para que proceda a la liquidación, pero la gente es capaz de enfrentarse a las autoridades. Lo primordial es evitar con conflicto social con consecuencias humanas”, justificó Sierra.

La estrategia, explicó, buscaba contener una posible escalada de violencia en Choloma, donde operaba la sede principal de Koriun y donde cientos de personas, desesperadas por recuperar su dinero, llegaron a bloquear calles y protestar enardecidas.

Ante este escenario, el Estado optó por una salida poco convencional: permitir que fuera el mismo Iván Velásquez quien iniciara el proceso de devolución de los fondos.

Sierra detalló que, al estar registrada como una empresa mercantil y no como una institución financiera, Koriun no estaba bajo la supervisión directa de la CNBS. Sin embargo, la entidad participaría como coordinadora del proceso, mientras que el Ministerio Público actuaría como veedor.

Aun así, esta supervisión no se concretó en el terreno, debido a que los funcionarios de las instituciones fueron amenazados por los propios socios e inversionistas, por lo que tuvieron que retirarse.

El titular de la CNBS también señaló que las cuentas bancarias estaban a nombre de Velásquez, su esposa y empleados cercanos, por lo que, legalmente, eran ellos quienes debían hacer los retiros. Además, dijo que fue un juez quien autorizó este mecanismo y que la CNBS únicamente debía coordinar y supervisar el cumplimiento de la orden judicial.

Desde el Ministerio Público, el fiscal general Johel Zelaya también defendió la medida, al argumentar que, por tratarse de un esquema Ponzi, el reembolso sería insostenible en algún punto, generando inevitablemente un desfase. Por eso, la responsabilidad recaería sobre la operativa fraudulenta de la empresa y no sobre el Estado.

"Convocaremos una conferencia para demostrarle al pueblo que el Estado tenía razón, ya que, sin duda, habrá un enorme faltante de dinero en efectivo que no se puede ignorar", advirtió.

Sin embargo, la presidenta Xiomara Castro anunció, a través de declaraciones del mismo Sierra, que el dinero faltante sería cubierto por el Gobierno.

Esta decisión ha generado aún más cuestionamientos, ya que no existe claridad sobre el monto exacto que quedó pendiente ni sobre los criterios y fondos que se usarán para realizar ese reembolso.

En lugar de judicializar el caso de inmediato, las autoridades permitieron que Velásquez iniciara la devolución del dinero encontrado en las oficinas.

El argumento fue que, de haber sido arrestado en el momento de la intervención, no habría sido posible proceder con la entrega de fondos a los socios, aunque hasta ahora se desconoce si la devolución fue total.

Hasta ahora, ni la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ni el Ministerio Público han emitido un informe oficial sobre cuánto dinero fue efectivamente devuelto, cuántas personas resultaron beneficiadas ni bajo qué criterios se hizo la distribución.

No obstante, en una tensa reunión realizada el lunes 12 de mayo entre la CNBS, MP e Velásquez, este último aseguró que llevaba un control de la devolución en una computadora, pero esta información no ha sido verificada por las instituciones involucradas.

La semana pasada, después de que Velásquez retirara 63 millones de lempiras de una cuenta bancaria para continuar con el proceso de devolución, cientos de personas seguían aglomeradas afuera de la sede principal exigiendo su dinero.

Muchos de ellos aseguraron que fueron informados por representantes de la empresa que “ya no había fondos disponibles”.

Las demás sucursales, como las ubicadas en Choluteca, Olancho y Copán, permanecen cerradas, y no se ha reportado ninguna devolución formal en esas zonas.

Koriun Inversiones operó durante al menos siete años en Honduras sin regulación alguna. Aunque llevaba años en funcionamiento, fue en 2024 cuando se volvió masiva y ganó popularidad, ofreciendo retornos que muchos consideraban “demasiado buenos para ser verdad”.

La empresa ofrecía ganancias del 5% semanal y hasta un 20% mensual. Su modelo, impulsado principalmente por recomendaciones entre conocidos, se expandió rápidamente por departamentos como Santa Bárbara, Cortés, Choluteca, Olancho y Copán, hasta que fue intervenida el pasado 23 de abril por el Ministerio Público tras una investigación de la CNBS en diciembre pasado.

El caso ha revelado una preocupante brecha legal y es que las empresas mercantiles que se dedican a captar dinero del público, sin estar autorizadas para ello, escapan al control de las instituciones financieras, pero aun así generan un riesgo económico que la ley dejó de amparar desde las reformas al Código Penal en 2017.