Bandas extorsionan con DNI suplantados y billeteras electrónicas
Autoridades buscan al cerebro de una red de extorsionadores en Choloma que llegó a acumular en cuentas bancarias alrededor de 1,500 millones de lempiras producto de la extorsión
- Actualizado: 06 de enero de 2026 a las 22:00 /
Entregar la cédula de identidad como garantía o al pagar una compra puede convertirlo en un extorsionador o, al menos, hacer que su nombre figure en cuentas electrónicas creadas por redes criminales utilizadas para extorsionar en Honduras.
Esta es la situación que viven cientos de hondureños que, confiados, proporcionaron su cédula de identidad en tiendas de venta de artículos como celulares, pero cuyo documento fue empleado para abrir cuentas en billeteras electrónicas utilizadas por grupos de extorsionadores que exigían grandes cantidades de dinero a sus víctimas.
LA PRENSA Premium conoció que agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipamco) están tras la búsqueda del cerebro de esta red de extorsionadores que operaba desde tiendas de Choloma, Cortés, y que llegó a acumular en cuentas bancarias alrededor de 1,500 millones de lempiras, producto de la extorsión.
El cabecilla de la estructura criminal, denominada La Rumba, utilizaba puestos de venta de celulares, donde los encargados solicitaban la tarjeta de identidad a sus clientes por cada compra. El vendedor aprovechaba este momento para fotografiar el documento por ambos lados, así como tomar nota de otros datos personales. El objetivo: abrir cuentas en billeteras electrónicas para recibir dinero de la extorsión.
Al contar con puntos autorizados, los extorsionadores recolectaban fácilmente el dinero de sus víctimas, captando millones de lempiras que movían de forma electrónica.
Estos depósitos —dinero procedente de la extorsión— se registraban a nombre de ciudadanos que ignoraban que su cédula de identidad había sido utilizada para abrir billeteras electrónicas, por lo que los agentes de la Dipamco demoraron varios meses en identificar a los verdaderos cabecillas y miembros de la estructura criminal.
Operativo
Mario Fu, portavoz de la Dipamco, afirmó a LA PRENSA Premium que solo en esta operación realizada en Choloma detectaron que los extorsionadores recolectaron 900 millones de lempiras en una cuenta y 600 millones en una segunda, fondos que ahora estarán en proceso de privación de dominio.
Indicó que los negocios allanados en Choloma también tienen una medida de aseguramiento y están bajo custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).
Informó que las modalidades de extorsión cambian y se vuelven más sofisticadas, pues emplean tecnología para evitar ser detectados. Este escenario representa un desafío, ya que la ley no está adaptada a las nuevas modalidades del crimen.
Pese a que no hay reformas en el Código Penal, los investigadores continúan atendiendo las denuncias.
Extorsión, un problema nacional
Fu detalló que solo en 2025 las autoridades detuvieron a 2,581 personas a nivel nacional por extorsión, tráfico de drogas y asociación para delinquir, en su mayoría en Tegucigalpa y municipios del Valle de Sula, como San Pedro Sula, Choloma, La Lima y El Progreso.
Agregó que lograron la desarticulación de 135 grupos criminales, decomisaron 460 armas de fuego que salieron de circulación y evitaron que cientos de personas siguieran siendo víctimas de extorsión.
Una de las primeras ocasiones en las que se detectó este inusual cobro de la extorsión, que se valía de billeteras electrónicas con identidades suplantadas, ocurrió en una aldea fronteriza con Guatemala.
En ese sitio, la dueña de un pequeño mercado comenzó a otorgar crédito a los pobladores, quienes —como garantía—, además de firmar un compromiso, dejaban en depósito su cédula de identidad.
La mujer tenía, a su vez, un punto autorizado de billetera electrónica, el cual utilizaba para crear cuentas con las fotografías de las cédulas y los datos de sus clientes. Luego, empleaban esos perfiles para recibir el dinero procedente de la extorsión.
La fémina enviaba estos números de cuenta con datos suplantados a su pareja sentimental, recluido en un centro penal, desde donde se generaban las llamadas extorsivas a comerciantes de diferentes partes de Honduras.
Una vez realizados los depósitos, la dueña del mercadito reclamaba el dinero.
Las autoridades han detectado cientos de casos de personas que figuran como extorsionadores, pero que en realidad también son víctimas de un esquema de suplantación, extorsión y lavado de dinero.
Redes de lavado
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) también han detectado una red dedicada al lavado de activos mediante la extorsión, que utiliza billeteras electrónicas para captar millonarias cantidades de dinero.
El grupo criminal está coludido con miembros de estructuras delictivas recluidos en la Penitenciaría Nacional de Támara, desde donde realizan llamadas a través de teléfonos celulares. Amenazan a sus víctimas, principalmente dueños de negocios, quienes son obligados a pagar de forma semanal o mensual.
En el terreno, otros integrantes de la red criminal llegan a los comercios y amenazan a los propietarios para que depositen las cantidades establecidas en cuentas bancarias.
Como parte de las acciones para golpear esta célula criminal, agentes de la Atic y la Policía Militar realizaron allanamientos el 10 de diciembre en Tegucigalpa y Juticalpa, donde capturaron a Orlando José Lobo Mencía, Saúl Alfonso Mayorquín Cruz y Katy Julissa Gálvez Banegas, quienes fueron enviados a prisión por el delito de lavado de activos.
Uno de los acusados movió en el sistema financiero bancario, entre créditos y débitos, 23.5 millones, por un lado, y 23.3 millones de lempiras a través de otras operaciones, mediante nueve cuentas bancarias y una billetera electrónica.
La acusación de la Fiscalía también señala que otro de los apresados registró en los últimos cinco años entre 4.9 millones y 4.7 millones de lempiras a través de billeteras electrónicas y cuentas bancarias, mientras que un tercer implicado no justifica 6.4 millones de lempiras.
Poca efectividad
Según una solicitud de información realizada por LA PRENSA Premium al Ministerio Público, desde enero de 2020 hasta octubre de 2025 se presentaron 1,338 requerimientos fiscales por el delito de extorsión que llegaron a los tribunales de justicia de Honduras.
De esas acusaciones, los fiscales lograron 188 sentencias condenatorias, lo que significa que el proceso penal llegó a su etapa final de juicio oral y público, en la que se presentaron pruebas en contra de los acusados.
Las sentencias absolutorias registradas en ese período fueron 33, mientras que antes de llegar a juicio oral y público, 180 acusados aceptaron haber cometido el delito mediante procedimientos abreviados.
Lo anterior refleja que apenas el 27% de los casos de extorsión judicializados termina en condena o aceptación de culpabilidad.
