Expertos: derogar la Ley de Energía, paso vital para recuperar la Enee
El gobierno entrante tendrá el desafío de estabilizar el sector eléctrico mediante la derogación de la Ley Especial de Energía, la unificación técnica de la UTCD y Enee Distribución y la depuración del PNRP, reforzando estas medidas con inversión, tecnología y control efectivo del hurto de energía
- Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 22:00 /
La sostenibilidad financiera y operativa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dependerá, en gran medida, de una decisión que el nuevo Gobierno deberá adoptar en el corto plazo: derogar la Ley Especial de Energía, contenida en el decreto 46-2022.
Así lo señalan especialistas del sector, quienes aseguran que mantener vigente este marco legal “ha significado una camisa de fuerza” para la estatal eléctrica, al limitar su capacidad de gestión y evitar una reestructuración real del sistema energético nacional.
"La ley aprobada mediante el Decreto 46-2022 es ampliamente considerada un retroceso para la estabilidad y sostenibilidad del sistema, al estatalizar decisiones clave asociadas a inversiones de alto costo financiero, centralizar el despacho y la regulación de la energía, y no avanzar en la necesaria división operativa de los negocios de generación, transmisión y distribución", mencionó Liliam Rivera, economista y especialista en Finanzas de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Rivera recordó que, pese a las transferencias superiores a 46,000 millones de lempiras asignadas a la Enee entre 2022 y 2025 —equivalentes aproximadamente al presupuesto anual de la Secretaría de Educación— el subsector eléctrico continúa enfrentando los mismos problemas estructurales como el hurto de energía, pérdidas crecientes y alto riesgo de apagones.
De modo que la derogación permitiría —según expertos consultados— ordenar el sistema eléctrico nacional y eliminar de raíz el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), creado mediante esa misma ley y que, a pesar de contar con casi 6,000 empleados (un 57% más que en 2021, cuando el PNRP tenía 1,988 trabajadores y la UTCD 1,498), no ha logrado incorporar personal con las competencias técnicas requeridas.
Y es que, a pesar de manejar un presupuesto superior a los 12,000 millones de lempiras aprobados en los últimos cuatro años, el PNRP no logró reducir las pérdidas energéticas, que hasta el tercer trimestre de 2025 se mantenían cerca del 35%, es decir, más altas que el 33.36% registrado en 2022, pese a las promesas de rescate formuladas por el Gobierno de Xiomara Castro.
Kevin Rodríguez, experto en energía, afirmó que el papel del Congreso Nacional será clave en febrero, ya que el Decreto 46-2022 “debe derogarse sin retrasos”, porque su vigencia limita la capacidad del nuevo gobierno para tomar decisiones estructurales.
A su criterio, cualquier bancada que se oponga estaría “bloqueando el rescate de la Enee”, porque mientras la ley continúe, el PNRP seguirá absorbiendo recursos, contratando personal y operando sin resultados verificables.
Añadió que, una vez derogada la normativa, la Enee deberá revisar el pasivo laboral asociado al programa, ya que más de 3,000 personas han sido contratadas bajo diversas modalidades. “Habrá que depurar ese personal y determinar quiénes realmente aportan a la distribución y control de pérdidas”, advirtió.
El problema es que, hasta la fecha, no existe claridad sobre la naturaleza de esos contratos, si son permanentes, consultorías, servicios profesionales o si eventualmente podrían convertirse en plazas fijas, como ha comenzado a circular a nivel interno.
Pérdidas
23.89%
es el porcentaje de pérdidas
con las que proyectaba cerrar la Enee en 2025, pero se situó en casi 35%
Cuando la presidenta Xiomara Castro asumió el poder en 2022, prometió rescatar la Enee y “acabar con la corrupción y las pérdidas eléctricas”, pero no fue así.
Ese mismo año, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Energía, bajo la cual se creó el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas —una estructura paralela con autonomía presupuestaria— y posteriormente la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD), que sustituyó al fideicomiso administrado por la Empresa Energía Honduras (EEH).
En diciembre pasado, la Enee, a través de su gerente interino, Erick Tejada —quien también funge como ministro de la Secretaría de Energía (Sen) y ocupa el cargo en la estatal ad honorem—, defendió la gestión realizada durante los últimos cuatro años.
“Invertimos, subsidiamos y reducimos pérdidas. Renovamos nuestras centrales y renegociamos contratos energéticos lesivos”, escribió en su cuenta de X.
La Ley Especial de Energía fue la que permitió la renegociación de los contratos de generación eléctrica, un proceso cuestionado durante el gobierno de Xiomara Castro por comprometer al país con deudas de largo plazo.
Aunque la normativa prometía una reducción sustancial de pérdidas y un alivio financiero para la Enee, en la práctica las pérdidas no disminuyeron en la magnitud anunciada.
Además, las renegociaciones se realizaron bajo un proceso poco transparente y los subsidios presentados como apoyo social han resultado, en gran medida, engañosos, según constató LA PRENSA Premium.
Sobre el subsidio a las personas que consumen menos de 150 kilovatios, los expertos consideran que ha sido asumido, en gran parte, por la misma población, ya que se recarga en el sector comercial, el cual termina trasladando esos sobrecostos a los productos y servicios que consumen los hogares. “Al final, la gente termina pagando el subsidio a través de sus compras”, mencionó un economista.
Cabe mencionar que el 14 de febrero de 2022, Tejada fue juramentado como secretario de Energía y, pocos días después, asumió de manera provisional la gerencia de la Enee.
Desde entonces, durante los cuatro años de gobierno de Castro, no se nombró un gerente general titular para la estatal eléctrica, lo que dejó a la empresa bajo una administración provisional y concentrada en una misma figura.
Para el economista Edgar Aguilar, el sector eléctrico representa una oportunidad inmediata para que el nuevo gobierno envíe una señal de credibilidad. Coincidió en que desde el primer día el Ejecutivo debería impulsar acciones concretas, como remitir al Congreso la derogación de la Ley Especial de Energía de 2022.
"También publicar una hoja de ruta del proceso de escisión de la ENEE, definiendo con precisión los objetivos del proceso, su gobernanza, los principales hitos y el rol que corresponderá al Ejecutivo, al Legislativo y a la propia empresa. Tomar estas decisiones desde el primer día permitiría anclar la reforma como una política de Estado y no como una corrección tardía o reactiva", declaró.
"Los primeros meses determinan si la escisión será una reforma real o solo un anuncio. En los primeros 90 días, con la hoja de ruta ya pública, correspondería avanzar en el diseño detallado del proceso, validando la contabilidad separada, definiendo con precisión el perímetro de las nuevas entidades y estableciendo con claridad qué decisiones requerirán ajustes regulatorios o legales adicionales", agregó.
A finales de 2025, se anunció un incremento en la tarifa eléctrica de 4.62 a 4.81 lempiras por kilovatio hora (kVh), lo cual resultó difícil de explicar para los expertos, tomando en cuenta que durante 2025 la propia administración reportó una tendencia a la baja por la renegociación de contratos de energía.
Poco después, Tejada, escribió en sus redes sociales que “después de una bajada brutal en el costo del kilovatio hora en 15 meses, un ligero incremento del 4.11% no afecta el logro de haber reducido el precio por debajo de países como Guatemala y El Salvador”. Después anunció que el aumento sería subsidiado por el Gobierno.
Sobre esta “baja brutal” reportada, Rodríguez explicó que debe analizarse con cautela, porque entre noviembre y enero las pérdidas tienden a reducirse naturalmente, debido al menor consumo por las temperaturas más frescas.
Un ejemplo sencillo es el de los hogares que sustraen energía sin pagar y utilizan intensivamente aires acondicionados durante el calor.
En temporada fría, ese consumo puede reducirse a la mitad o más. “Por eso las pérdidas deben medirse por año calendario, de enero a diciembre, y no por períodos intermedios”, subrayó.
Separación
Otro punto crítico es la separación operativa entre la Unidad Técnica de Control de Distribución y la distribución de la Enee.
La UTCD heredó personal calificado de la extinta Empresa de Energía Honduras (EEH), muchos de ellos con formación técnica especializada. Sin embargo, la capacidad operativa se debilitó tras supuestos despidos masivos, lo que profundizó la escasez de personal técnico en el subsector eléctrico.
El acuerdo firmado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) menciona la necesidad de unificar el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), la UTCD y la distribución de la Enee. No obstante, esta medida no puede ejecutarse plenamente mientras continúe vigente la ley que dio origen a dicho programa.
“No se puede hablar de unificar, de reducir, de mejorar o extirpar algo que fue creado mediante una ley, que es el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, y ahí es donde está realmente el problema”, señaló Rodríguez.
Para los expertos, ambas áreas deben volver a integrarse, porque el modelo actual genera mayor burocracia, retrasa la respuesta operativa y reduce la eficiencia.
Rodríguez citó como referencia a Guatemala, donde la distribuidora de energía Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA, con alrededor de dos millones de usuarios) opera con apenas 800 empleados, mientras que Honduras administra una cantidad similar de abonados con más de 5,000 trabajadores en distribución.
“Lo razonable sería operar con entre 1,000 empleados, hay quienes dicen 1,500, pero eso es demasiado, especialmente si se incorporan herramientas tecnológicas e inteligencia artificial”, añadió.
Un punto central es que no se requiere una nueva legislación para sancionar el robo de energía, ya que el Código Penal vigente contempla penas —incluida prisión— para quienes incurren en este delito.
El artículo 369 del Código Penal vigente castiga con prisión de hasta tres años y multa hasta de 400,000 lempiras a la persona que, con ánimo de lucro, se apodera, sustrae o utiliza electricidad, empleando medios clandestinos o no autorizados, de acuerdo con las estimaciones económicas de lo defraudado.
Aun así, especialistas advierten que la reducción de pérdidas solo será posible con inversión sostenida de al menos 80 millones de dólares anuales, con una meta optimista de disminuir tres puntos porcentuales el primer año y dos puntos en los siguientes.
Los expertos coinciden en que la derogación de la ley no resolverá por sí sola los problemas estructurales de la Enee, pero abrirá una ventana para reordenar el sistema, depurar personal, fortalecer la distribución y ejecutar una reducción real de pérdidas.
Lo contrario —mantener intacto el decreto 46-2022— equivaldría a prolongar la crisis de la estatal eléctrica y aumentar la presión financiera sobre el Estado.
Retos
El exgerente de la estatal José Arriaga Yacamán sostiene que la recuperación financiera de la Enee debe ser una prioridad nacional. “Resolviendo las finanzas de la Enee se resuelve el problema financiero del país”, afirmó, al explicar que la estatal debe volver a funcionar como una empresa formal, con indicadores claros y seguimiento mensual de sus resultados.
Coincidió en que uno de los pilares es el combate frontal a las pérdidas técnicas y no técnicas, que actualmente superan los 13,000 millones de lempiras anuales.
La meta propuesta por el experto es que el nuevo gobierno reduzca al menos el 9% a diciembre de 2029 y mantener una tendencia permanente a la baja.
El exgerente también coincidió en la urgente reorganización del área de distribución, hoy afectada por duplicidad de funciones y descoordinación interna. A su criterio, el uso eficiente de recursos y la claridad en la estructura operativa es clave para mejorar resultados.
Otro factor crítico es la morosidad. Según Arriaga, la deuda de usuarios con más de 120 días de retraso supera los 16,700 millones de lempiras, además de 2,200 millones adicionales en mora de 30 a 90 días. “Es necesario depurar y reducir esa morosidad porque golpea directamente las finanzas de la Enee”, subrayó.
Para reducir la frecuencia y duración de los apagones, Arriaga propone licitaciones internacionales transparentes que garanticen capacidad suficiente de generación y precios competitivos.
Además, plantea reforzar la red de transmisión y distribución con nuevos transformadores y alrededor de 72 nuevos circuitos, así como fortalecer el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura.
En este punto, insiste en la importancia del recurso humano. “La Enee debe gestionarse con personal calificado y bajo meritocracia”, expresó.
Honduras sigue siendo el país con menor cobertura eléctrica en Centroamérica, con cerca de 85% de acceso a energía. Para Arriaga, el nuevo gobierno debe priorizar la expansión del servicio utilizando tecnologías que agilicen la conexión de más comunidades, financiado en parte con utilidades de la Enee y aportes estatales.
Cifras
Entre enero y agosto de 2025, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) registró ingresos por 27,430.5 millones de lempiras, ligeramente inferiores a los 28,033.4 millones contabilizados en el mismo período de 2024. Estos recursos provinieron de la venta de 4,853,723 megavatios hora de energía durante el año.
El desglose por sector indica que el residencial aportó 12,751.7 millones de lempiras, equivalente al 46.5% del total, seguido por el comercial con 7,466.4 millones (27.2%) y el industrial con 4,690 millones (17.1%).
Además de los ingresos operativos, la Enee recibió transferencias adicionales del Estado. A través del Acuerdo Ejecutivo 263-2025, la estatal eléctrica recibió 981.8 millones de lempiras del presupuesto de la Secretaría de Energía (Sen) vía transferencia interinstitucional.
Según el documento oficial, estos recursos serán destinados a la ejecución de proyectos de inversión prioritarios, reducción de pérdidas, disminución de tarifas y activación de la economía nacional.
En cuanto a pasivos, la empresa acumulaba cuentas por pagar a proveedores por 19,418.7 millones de lempiras al cierre de agosto de 2025, un aumento de 2,927.8 millones respecto a los 16,491.2 millones registrados en enero-agosto, es decir, un incremento significativo en la deuda operativa de la estatal.
El Sindicato de Trabajadores de la Enee (STENEE) espera que el nuevo Gobierno fortalezca la empresa pública con una visión técnica y no política, afirmó su presidente, Miguel Aguilar.
Señaló que el principal reto será invertir de forma sostenida en el sistema de distribución, para mejorar la continuidad del servicio y la atención a los abonados.
Aguilar recordó que las pérdidas de energía continúan en niveles altos, por lo que urge instalar controles más eficientes apoyados en tecnología ya disponible en la Enee.
También consideró prioritaria la compra masiva de transformadores y la mejora del voltaje en las redes, para garantizar un suministro estable, especialmente por los comunes apagones.
“La Enee requiere una estructura técnica con visión de país, no política, que nos lleva a más de lo mismo y los tiempos en el aprendizaje de la operación se llevan los cuatro años, ya no se puede improvisar, no hay tiempo", advirtió.
Aguilar reconoció que la administración anterior avanzó en transmisión y generación privada en arrendamiento, pero aseguró que el sistema de distribución fue abandonado, lo que incrementó las pérdidas y golpeó aún más las finanzas de la estatal. “En muchas áreas fue un fracaso”, admitió.
