Gerente administrativo del INP tenía cuatro militares asignados a su seguridad

El abogado Alberto Lozano Ferrera contaba desde mayo con dos oficiales y dos suboficiales que también custodiaban a su familia, aunque su cargo no figura entre los autorizados y, según fuentes, no existía un análisis de riesgo que lo justificara

Gerente administrativo del INP tenía cuatro militares asignados a su seguridad
  • Actualizado: 16 de noviembre de 2026 a las 23:00 /
Tegucigalpa, Honduras.

Cuatro militares custodiaban desde mayo de 2026 al gerente administrativo del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Alberto Martín Lozano Ferrera, y a su familia.

LA PRENSA Premium conoció de manera exclusiva que el funcionario tenía a su disposición a dos oficiales y dos suboficiales.

De acuerdo con una fuente consultada por este medio, la asignación se justificó por los riesgos que, según se argumentó, implicaba el ejercicio de sus funciones.

El despliegue incluía dos vehículos, cada uno con dos de los militares asignados, que brindaban protección las 24 horas del día. Según la misma fuente, la custodia se extendía a su familia, a la que también cubrían en distintos lugares.

Sin embargo, luego de que este medio publicara el 1 de noviembre el reportaje “INP investiga compras de alimentos con indicios de fraude”, el director del INP, general Walter Lacayo, informó que la seguridad le fue suspendida al funcionario.

Además, este medio conoció por la misma fuente que Lozano Ferrera sería removido de su cargo en el marco de esa investigación interna.

Hasta el cierre de esta edición, sin embargo, continuaba al frente de la Gerencia Administrativa.

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El gerente administrativo del INP es abogado y cuenta con una maestría en Derecho Mercantil por la UNAH.

Reglamento

El artículo 8 del Acuerdo No. 01-2018, que contiene el Reglamento para Regular la Retribución Adicional por Riesgo en el Desempeño del Cargo del INP, fija los criterios para asignar equipos de protección personal a determinados funcionarios.

La norma establece que “la asignación de equipos de protección personal se autorizará tanto por el cargo que desempeñan como por el riesgo que corren en el ejercicio de sus funciones”.

Entre los beneficiarios enumera al director nacional, los subdirectores, el inspector general, el secretario general y los directores y subdirectores de centros penitenciarios.

El reglamento deja abierta la posibilidad de incluir a “otros funcionarios de esta Institución” que, a criterio de la Dirección Nacional, realicen funciones de riesgo, pero solo previo análisis de la Dirección de Inteligencia Policial.

El gerente administrativo no figura entre los cargos enumerados y, según conoció este medio, tampoco contaba con el análisis de riesgo que exige la norma para avalar su seguridad. La protección extendida a su familia, además, va más allá de lo que contempla el artículo.

Este medio buscó al abogado Lozano Ferrera por WhatsApp para conocer su versión sobre la asignación de seguridad y su posible salida de la institución, pero hasta el cierre de esta edición no respondió.

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Investigación

La Gerencia Administrativa no es una oficina cualquiera dentro del INP. Es la unidad que gestiona las compras y contratos de la institución, incluido el suministro de alimentos para la población privada de libertad, hoy bajo investigación interna.

Según el testimonio de una fuente con conocimiento directo de la administración penitenciaria, publicado previamente por este medio, cada mes quedaba un remanente de entre seis y diez millones de lempiras entre lo que el Estado pagaba y lo que realmente se entregaba en alimentos.

Ese dinero no regresaba a las arcas públicas, sino que quedaba en efectivo en manos de proveedores que supuestamente luego entregaban a altos mandos de la institución.

Hoy ese es el eje de la investigación interna que el general Lacayo confirmó públicamente.

La indagación deberá establecer qué ocurrió con esos fondos, quién decidió su destino y si funcionarios de la Gerencia Administrativa intervinieron en su manejo al margen de los procedimientos establecidos.

Para dimensionar el posible daño, expertos consultados por este medio coinciden en que hará falta además una auditoría que contraste los productos comprados, los precios pagados y lo que efectivamente llegó a cada centro penitenciario.

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Redacción web
La Prensa Premium

Artículo elaborado por la unidad especializada en investigación periodística, reportajes de profundidad y análisis de datos. Se omiten los nombres por protección.