Desertores de maras, imitadores y exconvictos controlan la extorsión en Honduras

La extorsión en Honduras ha estado asociada principalmente a la Pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), pero investigaciones de equipos de inteligencia de la Policía Nacional apuntan que desde 2025 hubo una transformación delincuencial.

Ahora, según los reportes, son protagonizados por desertores de estos dos mismos grupos criminales, también hay casos de exprivados de libertad, personas sin vínculos reales con maras o pandillas que utilizan el miedo y la mala reputación de estas organizaciones para obtener dinero.

La nueva División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) ha identificado un crecimiento de individuos que se presentan como integrantes de organizaciones tradicionales para intimidar a sus víctimas y extorsionar, aunque en muchos casos nunca han pertenecido a las estructuras.

Aunque las operaciones policiales ejecutadas han debilitado significativamente a varios grupos, esta fragmentación ha generado como efecto secundario la reorganización de antiguos miembros en núcleos más pequeños y menos estructurados.

Desertores de la Pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha han creado grupos independientes y, en otros casos, se han involucrado en círculos recién formados como Los M-1, Los Chirizos, Los Iluminati y El Combo Que No Se Deja, aglutinando nuevas asociaciones ilícitas para continuar obteniendo ingresos mediante la extorsión.

Esto se refleja en las cifras de la Secretaría de Seguridad, facilitadas a través de la solicitud de información SSSS-2951-2025, que indican que entre 2022 y 2025 hubo 3,526 denuncias de extorsión, pero el 51% de los casos los responsables eran delincuentes independientes.

Las denuncias fueron contra 66 grupos o estructuras criminales, entre ellas el Barrio 18 (con 1,175 casos) y la MS-13 (con 288 reportes). También hubo denuncias contra Los Iluminati, Los Chirizos, el Combo Que No Se Deja, entre otros.

Las autoridades sostienen que estos grupos carecen del poder territorial y operativo de las pandillas y maras, lo que facilita su identificación y desarticulación, pero siguen representando una amenaza para sectores económicos.

"La desarticulación de maras y pandillas está dejando consigo la reorganización de estos sujetos en nuevas bandas. Cuando son identificadas son más fáciles de desarticular porque no tienen la fuerza de una mara o pandilla consolidada", señaló Mario Fu, vocero nacional de la Daet.

Uno de los hallazgos llamativos involucra a personas que han cumplido condenas en prisión y que, tras recuperar su libertad, regresan inmediatamente a actividades criminales, específicamente a la extorsión. Las investigaciones identificaron solo durante este año a perfiles de dos expresidiarios que anteriormente desempeñaban roles de mando intermedio en las maras, y que, tras salir de la cárcel, buscaron consolidarse como cabecillas independientes y cobrar la extorsión.

Algunos de ellos salen de los centros penitenciarios con cartas de libertad y, según los investigadores, en cuestión de semanas comienzan a coordinar nuevas operaciones de extorsión afuera de las pandillas.

Por otro lado, se ha detectado un incremento de individuos que nunca han pertenecido a maras, pandillas u otros grupos criminales, pero que conocen los métodos utilizados y los replican para generar terror. Su principal herramienta son las aplicaciones de mensajería, especialmente WhatsApp. Estos sujetos adquieren líneas telefónicas sin registros claros de identificación, activan cuentas en plataformas digitales y envían mensajes intimidatorios utilizando nombres de organizaciones criminales reconocidas.

En muchos casos exigen depósitos en cuentas bancarias o billeteras electrónicas, dificultando el rastreo inmediato de los recursos. Además, ni siquiera tienen vínculos cercano con organizaciones criminales, simplemente han aprendido los patrones de conducta de los extorsionadores y los reproducen para obtener ganancias rápidas.

Hace apenas unas semanas, transportistas de Tegucigalpa denunciaron una ola de amenazas atribuidas al grupo criminal venezolano conocido como Tren de Aragua, la situación provocó alarma entre conductores de taxi y autobús, quienes reportaron mensajes intimidatorios y atentados; sin embargo, la Policía concluyó que detrás de muchas de estas amenazas no estaba la organización internacional.

Los delincuentes locales utilizan nombres de grupos ampliamente conocidos para aumentar el impacto psicológico sobre las víctimas. "El Tren de Aragua no está operando en Honduras, lo que hemos identificado son personas que utilizan ese nombre para generar miedo y facilitar el cobro de la extorsión", indicó una fuente cercana a las investigaciones.

La participación extorsiva no se limita únicamente a cobradores, despachadores o conductores, se han documentado casos en terminales de Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde hay propietarios de unidades de transporte que inicialmente colaboraban bajo amenazas, pero que posteriormente terminaron formando parte activa del esquema de cobro.

Las pesquisas indican que algunos comenzaron proporcionando información a las estructuras criminales de la cantidad de transporte en las terminales, luego participaron en la recolección del dinero y finalmente recibieron porcentajes de las ganancias obtenidas mediante la extorsión. Incluso se han encontrado casos donde una misma víctima recibe cobros simultáneos en nombre de cuatro grupos criminales diferentes.

Esta práctica muestra la fragmentación del mercado criminal y la proliferación de grupos que buscan aprovechar el temor histórico generado por las pandillas y maras.

Un ejemplo de esto es un caso registrado el 27 de febrero de este año, cuando Juan José Morazán García (27), alias "El Bembas", fue interceptado por suponerlo responsable de dedicarse a la extorsión. Las autoridades detallaron que el sospechoso había laborado anteriormente como conductor en algunas rutas de transporte de la capital, lo que le permitía conocer de primera mano la dinámica de operación, horarios y puntos estratégicos, información que posteriormente utilizó para identificar y presionar a sus víctimas.

Frente a esta realidad, la estrategia de la ahora Daet se centra en fortalecer la inteligencia y la investigación. La nueva división especializada busca identificar no solo a quienes ejecutan las amenazas, sino también a quienes financian, facilitan o colaboran con las redes de extorsión.

Como parte de este proceso, aproximadamente el 90% del personal que pertenecía a la extinta Dirección Policial Antimaras y Crimen Organizado (Dipampco) fue puesto a disposición para ser reasignado a otras funciones mientras se realizan evaluaciones psicológicas, toxicológicas, patrimoniales y de confianza.

"Más de la mitad del personal ya ha sido sometido a estas pruebas, además, se están fortaleciendo los canales de denuncia ciudadana y los acercamientos con sectores afectados como transportistas, comerciantes, microempresarios y cámaras empresariales", indicaron desde la sección de Relaciones Públicas de la institución.

De acuerdo con un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), más de 300,000 hogares hondureños fueron víctimas de la extorsión entre 2022 y 2024, pasando de un 9% a un 11.6%.

Los efectos de la extorsión van más allá de la pérdida económica, muchas víctimas se ven obligadas a cerrar negocios, cambiar de residencia o modificar sus rutinas diarias por temor a represalias. Según la ASJ, el miedo y la falta de confianza en las instituciones provocan un alto subregistro de denuncias, dificultando la lucha contra este delito.

De las 3,526 denuncias por extorsión a nivel nacional, 2,589 fueron interpuestas por comerciantes, 264 por transportistas y 673 por personas vinculadas a otras ocupaciones.

Se identificó un patrón de alta concentración geográfica, ya que un reducido número de ciudades urbanas concentró la mayoría de los casos, en particular, tres municipios acumularon cerca de tres cuartas partes del total registrado.

Los números mostraron un escenario crítico en tres ciudades: Distrito Central, con 1,141 denuncias (32.3%); San Pedro Sula, con 595 denuncias (16.8%); y La Ceiba, con 352 denuncias (9.9%). En conjunto, estos tres municipios sumaron 2,088 denuncias, lo que representó aproximadamente el 60% del total nacional.

Otros datos de Seguridad, facilitados a LA PRENSA Premium a través de la solicitud SOL-SSSS-2707-2025, muestran que entre 2019 y 2024 se contabilizaron 2,863 personas capturadas por extorsión a nivel nacional. En Francisco Morazán se suscitaron 1,226 capturas (42.8%) y en Cortés 953 aprehensiones (33.3%); en conjunto, ambos sumaron 2,179 arrestos, lo que representó aproximadamente el 76% del total nacional.

El análisis mostró que 2,515 capturados eran hombres y el resto mujeres, lo que significa que por cada mujer arrestada hubo aproximadamente siete hombres aprehendidos.

De la Pandilla Barrio 18 fueron capturadas 1,459 personas (51%), mientras que de la Mara Salvatrucha se detuvo a 580 (18%). En conjunto, ambas estructuras representaron cerca del 69% del total de arrestos. El resto de los detenidos estaba vinculado a otros grupos criminales como El Combo que no se deja, Los Chirizos, Los Iluminati, Los Olanchanos y Los Benjamín.

Según el perfil ocupacional de los procesados, se consignó 199 labradores, 133 jornaleros, 87 amas de casa, 85 comerciantes y 51 albañiles, mientras que otros 51 estaban desempleados al momento de su captura.

Del total de casos de extorsión registrados durante este período, 29 capturados trabajaban como taxistas, 16 como ayudantes de bus, 11 como conductores de mototaxi, seis eran propietarios de rutas de transporte, cuatro cobradores de bus y dos desempeñaban funciones como despachadores de bus y taxi. Esto coincide con lo que las autoridades han señalado como una posible infiltración de estructuras extorsivas en el sector del transporte público, uno de los rubros más afectados por este flagelo.

El dirigente del sector transporte en San Pedro Sula, Elio Muñoz, afirmó que la crisis de extorsión que los afecta históricamente continúa sin control debido a la falta de voluntad institucional para aplicar la ley y a presuntos actos de corrupción dentro de los cuerpos de seguridad.

A su juicio, “lo que falta es voluntad de querer hacer las cosas como manda la ley”, y denunció que dentro de la estructura de seguridad existe un porcentaje de miembros coludidos con el crimen organizado, lo que debilita las acciones de combate a la extorsión.

El dirigente también criticó los procesos de denuncia, asegurando que estos resultan complejos y desmotivantes para las víctimas. “La gente pierde hasta cuatro horas para poner una simple denuncia y al final no hacen nada”, expresó, al tiempo que cuestionó la eficiencia de las instituciones encargadas de atender estos casos.

En sus declaraciones, Muñoz sostuvo que las modalidades de extorsión se han vuelto cada vez más sofisticadas, obligando a las víctimas a realizar pagos a través de entidades bancarias, una práctica que, según dijo, es conocida por las autoridades: “Eso lo sabe la Policía”.

Dijo que en algunos casos, múltiples grupos de extorsión operan contra una misma empresa. “Han salido más delincuentes, son hombres que han creado otro frente, un mismo grupo de extorsionadores (están) extorsionando a la misma empresa, hasta cuatro veces”, manifestó.

El dirigente lamentó que la violencia asociada a este delito continúe generando temor y desplazamiento de personas. “Muchos de nuestros compañeros han emigrado porque nadie quiere perder la vida, estamos en la calle de la amargura”, externó.

Muñoz cuestionó, además, la efectividad de las acciones policiales, señalando que los resultados no son visibles y que los casos quedan en la impunidad. “Que me demuestren que la Policía ha combatido la extorsión y así me voy a callar, solo cambiaron de nombre, pero son los mismos policías”, expresó, refiriéndose a la antigua Dipampco y ahora Daet.

La depuración policial y el fortalecimiento de los organismos de investigación representan avances importantes en la lucha contra la extorsión y el crimen organizado, pero resultarán insuficientes si el Estado hondureño no implementa una política pública integral que ataque las causas estructurales de la violencia, advirtió el director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado.

Maldonado sostuvo que Honduras necesita un profundo proceso de profesionalización de los cuerpos investigativos y una revisión exhaustiva de quienes anteriormente formaron parte de unidades especializadas como la Dipampco y la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA).

El defensor de derechos humanos recordó que varios agentes policiales fueron sometidos a pruebas de confianza debido a sospechas sobre posibles vínculos con actividades ilícitas. “Este ente policial estaba sumamente contaminado y representaba un peligro tanto adentro como hacia afuera de la institución”, afirmó.

Para Maldonado, uno de los principales riesgos radica en que los agentes involucrados en actividades criminales poseen amplio conocimiento sobre el funcionamiento interno de los organismos de seguridad.

“Los policías conocen las fortalezas y debilidades de nuestra Secretaría de Seguridad, saben cómo penetrar e incidir en las acciones institucionales”, señaló; sin embargo, advirtió que la simple expulsión de agentes corruptos tampoco resuelve el problema.

Según el director del Codeh, estas circunstancias obligan a las autoridades a desarrollar mecanismos de seguimiento y control que eviten que personal con entrenamiento policial termine fortaleciendo estructuras criminales.

Maldonado consideró que, pese a los operativos y capturas ejecutadas por las autoridades, los sectores transporte y comercio seguirán siendo blancos prioritarios de las redes de extorsión.

A su criterio, el endurecimiento de las penas tampoco ha demostrado ser una herramienta efectiva para frenar el fenómeno. “Las penas existentes no asustan al individuo que decide involucrarse en este tipo de actividades”, cuestionó.

El defensor de derechos humanos argumentó que la criminalidad encuentra terreno fértil en comunidades impactadas por la falta de oportunidades educativas, laborales y de desarrollo social, por lo que a su parecer, Honduras necesita construir una estrategia nacional de largo plazo enfocada en salud, educación, empleo y desarrollo comunitario.

También lamentó la práctica de importar modelos de seguridad diseñados en otros países sin considerar las particularidades de la realidad hondureña. “No hay que importar políticas públicas extranjeras, debemos trabajar con lo que tiene el país y convertirnos en generadores de nuestro desarrollo”, dijo.

Uno de los planteamientos centrales de la sociedad civil es fortalecer la educación técnica en el nivel medio para ofrecer alternativas reales e inmediatas a los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La extorsión continúa consolidándose como una de las principales amenazas para la supervivencia de los micro y pequeños negocios en Honduras, provocando cierres de establecimientos, pérdidas económicas e incluso la muerte de emprendedores que se niegan o no pueden cumplir con las exigencias de grupos criminales.

Así lo manifestó Efraín Rodríguez, representante de la Asociación Nacional de la Micro y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), quien advirtió que la situación se ha agravado durante el último año y requiere nuevas estrategias por parte de las autoridades para contener el avance de la delincuencia.

"Desde el año pasado hemos visto un incremento de la delincuencia, creemos que deben implementarse nuevas estrategias para contener este avance porque la situación se está complicando cada vez más", señaló.

Rodríguez explicó que, aunque en algunos sectores la incidencia de la extorsión ha disminuido, en otros continúa afectando severamente a los emprendedores, especialmente a quienes operan pequeños negocios con recursos limitados.

El dirigente empresarial indicó que la micro y pequeña empresa se encuentra entre los sectores más expuestos debido a las limitadas medidas de seguridad con las que cuentan sus propietarios.

"Este problema se da con mayor fuerza en la micro y pequeña empresa porque las medidas de seguridad que tenemos son bastante limitadas y contamos con menos opciones para defendernos ante una extorsión", expresó.

Según Rodríguez, muchos emprendedores optan por cerrar sus negocios al verse incapaces de enfrentar las constantes amenazas y pagos exigidos por estructuras criminales.

La problemática es más fuerte en colonias y barrios donde la presencia de grupos dedicados a la extorsión es mayor. En estas zonas, numerosos comercios han bajado definitivamente sus cortinas.

"Prácticamente todo el comercio está expuesto, especialmente las tiendas, restaurantes y establecimientos abiertos al público, que son de fácil acceso para los delincuentes", refirió. Incluso, señaló que en algunos casos las medidas de seguridad privadas, como las cámaras, no han sido suficientes para evitar que los comerciantes sean víctimas de amenazas o cobros extorsivos.

Recordó que el impacto de la extorsión trasciende las pérdidas económicas de los empresarios, ya que también afecta la generación de empleo y contribuye al deterioro de las condiciones sociales.

"Esta situación viene a debilitar al sector, cuando se pierde una empresa también se pierden empleos, y eso puede generar más delincuencia, es un círculo que termina afectando a toda la sociedad", exteriorizó. Así también, lamentó que algunos empresarios hayan perdido la vida mientras realizaban sus actividades laborales, convirtiéndose en víctimas de la violencia vinculada a este delito.

El representante de la Anmpih hizo un llamado a las autoridades para fortalecer la nueva unidad encargada de combatir la extorsión mediante mayores recursos económicos y operativos.

"Tenemos la esperanza de que esta situación pueda mejorar, ojalá se le asigne más presupuesto para combatir la extorsión, disminuir este problema que crece año tras año y dificulta sostener a las micro y pequeñas empresas en nuestro país", concluyó.

La extorsión es uno de los delitos que más golpea al sector productivo hondureño, especialmente a los pequeños emprendedores, quienes enfrentan el problema de mantener abiertos sus negocios en medio de amenazas constantes y un clima de inseguridad que continúa afectando la economía nacional.