Las elecciones primarias de 2025, celebradas el 9 de marzo, estuvieron marcadas por retrasos y caos en la distribución del material electoral. Ahora, según dos requerimientos fiscales del Ministerio Público, ya se conocen los primeros implicados en el escándalo.
La acusación señala a seis altos funcionarios y empresarios por su papel en la contratación irregular del transporte electoral, cuya ineficiencia provocó un caos en la distribución de las maletas de votos en San Pedro Sula y Tegucigalpa, afectando la apertura de los centros de votación y generando un grave retraso en el escrutinio.
Uno de los principales señalados es Joel Ramos García, un hombre que tenía 14 años laborando en el Consejo Nacional Electoral (CNE) como coordinador el proyecto de transporte electoral.
Ramos García fue destituido tras el desastre logístico "por no responder a nuestros llamados", según dijo la presidenta del CNE, Cossette López.
La investigación del MP reveló que Ramos hizo un estudio que estipulaba 43 millones de lempiras para el proceso de transporte de las maletas electorales, pero en el contrato original se pagaron L64 millones a la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V.
El excoordinador tenía pleno conocimiento del cronograma de distribución y de los requerimientos logísticos para garantizar la llegada del material electoral a tiempo. Sin embargo, no alertó sobre las fallas que empezaron a surgir desde el inicio del proceso.
En lugar de exigir correcciones o advertir sobre la incapacidad de la empresa contratada, permitió que el desastre se desarrollara, desencadenando uno de los episodios más caóticos en la historia reciente de las elecciones primarias en Honduras, con decenas de hondureños votando en horas de la noche.
A su lado, la Comisión Evaluadora del CNE jugó un papel clave en la aprobación de la empresa. Entre sus miembros se encuentran Raúl Amílcar Rivera Montoya, Dennis Emilio Hércules Rosa, José Martín Pastrana Sánchez y Juan Carlos Canales Lobo, quienes permitieron la adjudicación del millonario contrato a pesar de que la empresa no cumplía con los requisitos básicos.
Según la investigación del MP, la compañía solo disponía de 10 cabezales y 2 camiones, cuando se requería una flota de 143 furgones de 48 pies y 497 camiones de 24 pies, así como 2 camiones de 12 pies, es decir, un total de 722 unidades de transporte para garantizar el orden logístico de cinco lotes, según el contrato al que LA PRENSA Premium tuvo acceso.
Aun con estas deficiencias evidentes, ninguno de los miembros de la comisión declaró fracasado el proceso ni aplicó sanciones a la empresa, permitiendo que se consumara un fraude.
Raúl Amílcar Rivera Montoya y Juan Carlos Canales Lobo, vinculados al Partido Nacional, tuvieron un papel determinante en la recomendación y validación de la empresa contratada.
La investigación señala que ignoraron informes técnicos que advertían sobre la falta de capacidad operativa de la compañía Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V.
Canales Lobo, quien inicialmente fue citado como testigo en la investigación, terminó siendo arrestado en el Centro Logístico Electoral (CLE) tras encontrarse pruebas directas de su participación en el fraude.
Del lado del Partido Liberal, Dennis Emilio Hércules Rosa y José Martín Pastrana Sánchez también avalaron la contratación, a pesar de que los vehículos de la empresa no habían sido sometidos a inspecciones rigurosas.
Ahora enfrentan cargos por fraude, violación de los deberes de los funcionarios y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Fraude
Pero el fraude no se hubiera consumado sin la participación del empresario Carlos Salomón Fonseca Robles, representante legal de Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V..
Su empresa, que carecía de experiencia en logística electoral, logró hacerse con un contrato millonario gracias a falsos informes de capacidad técnica.
Las pruebas recopiladas por la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE) del Ministerio Público indican que se presentaron documentos fraudulentos para acreditar la solvencia de la empresa, ocultando su falta de infraestructura y personal capacitado.
Ahora enfrenta cargos por fraude, con penas que podrían superar los 10 años de prisión.
A medida que la investigación avanza, el MP dejó claro que aún podrían surgir más implicados. Sin embargo, sectores lamentan que todavía no haya miembros de las Fuerzas Armadas (FF AA) señalados por el abandono y retraso registrado.
Con la declaración oficial de los resultados a la vuelta de la esquina, la presión sobre el CNE aumenta.
Los señalamientos que afectan a la misma estructura electoral han minado la confianza en el proceso, creando un clima de desconfianza, especialmente con las elecciones de noviembre cada vez más cerca.
