Tegucigalpa
El fiscal general, Johel Antonio Zelaya Álvarez, presentó dos requerimientos fiscales en relación con las irregularidades ocurridas durante las elecciones internas del 9 de marzo. Zelaya explicó que la Unidad Especial contra Delitos Electorales ha estado investigando diversos aspectos del proceso electoral, incluido el manejo del transporte del material electoral y los costos asociados.
El funcionario afirmó que, a pesar de los ataques que ha recibido el Ministerio Público, su misión no se verá interrumpida por aquellos que buscan proteger su impunidad. “Parte importante para la democracia en un país y cuando informamos de manera objetiva, nos volvemos más poderosos como comunicadores sociales. Con los eventos del 9 de marzo, hemos sido atacados, pero hemos sido atacados por quienes ven amenazada su impunidad. Pero no permitiremos que la democracia se convierta en un juego en mafias”, señaló el fiscal.
En relación con las elecciones internas, Zelaya comentó que, aunque en más del 96% de los casos las elecciones se llevaron a cabo de manera adecuada, un pequeño porcentaje de incidentes intentó empañar el proceso. “¿Por qué otra vez la corrupción pública en privado ha tratado de ser el punto negro en una página blanca que se llaman elecciones internas? En más de un 96% se llevaron a cabo de manera perfecta. Pero sucedieron eventos que han tratado de manchar”, destacó.
En el marco de sus investigaciones, el Ministerio Público presentó dos requerimientos fiscales, uno ante el Juzgado con Jurisdicción Nacional y otro ante el Juzgado Común, también conocido como el Juzgado de La Granja. Estos requerimientos están relacionados con el manejo de la logística electoral y los contratos asociados al transporte de material electoral. Según Zelaya, entre los acusados figuran varios funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y representantes de empresas privadas involucradas en la contratación del transporte.
“Este acto democrático, por eso le digo al pueblo hondureño que hoy el Ministerio Público por medio de la unidad especial contra delitos electorales ha presentado dos requerimientos fiscales, un requerimiento fiscal en el juzgado de jurisdicción nacional y otro requerimiento fiscal en el juzgado común, cómo le llamamos el juzgado de La Granja”, dijo el fiscal. Entre los involucrados se encuentran el coordinador del proyecto de transporte electoral, Raúl Amílcar Rivera Montoya, y el miembro de la comisión evaluadora para la contratación del transporte de material electoral, José Martín Pastrana Sánchez, además de Carlos Salomón Fonseca Robles, representante de la empresa Ingeniería Logística.
La empresa Ingeniería Logística fue contratada para gestionar el transporte del material electoral, pero según Zelaya, la empresa no cumplía con los requisitos establecidos en el contrato. Según el acuerdo, se exigía que la empresa proporcionara 143 furgones de 48 pies, 497 camiones de 24 pies y 82 camiones livianos de 12 pies. Sin embargo, la empresa solo disponía de 10 cabezales y 2 camiones. En este contexto, Zelaya agregó que el estudio presentado por Joel Ramos, un testigo clave en la investigación, señaló que el costo real del servicio de transporte debería haber sido de 43 millones de lempiras, pero la empresa solicitó un monto superior, que excedió en 21 millones de lempiras el presupuesto original. "Hoy, el señor Joel Ramos entregó un estudio donde manifestó que para el transporte se necesitaban 43 millones de lempiras, pero cuando estas empresas presentaron la oferta, solicitaron 21 millones más de lempiras, lo que terminó costando al pueblo hondureño", señaló.
Además de las irregularidades en el contrato, el fiscal explicó que la empresa encargada del transporte no cumplió con las condiciones estipuladas, lo que resultó en retrasos significativos en la entrega del material electoral. La falta de una adecuada planificación y logística provocó que las maletas de votación no estuvieran listas a tiempo para ser distribuidas en las rutas establecidas. “Los testigos manifiestan que el material no estaba confeccionado a tiempo, se tuvo que cargar más, porque no había espacio físico en el lugar de almacenamiento. Las maletas del Distrito Central tuvieron que irse cargando en cada ruta, lo que causó un desorden y atrasos”, explicó el Fiscal.
Otro de los puntos críticos en la investigación fue la falta de inspección adecuada por parte de la comisión evaluadora. A pesar de que se esperaba que se realizara una revisión de la logística y el estado de los materiales, esta no se llevó a cabo de manera efectiva, lo que afectó la organización del proceso. “La comisión evaluadora tenía obligaciones que no cumplió. Yo por hecho que hubo inspección mecánica, pero no hubo inspección de la logística”, dijo Zelaya.
Por otro lado, el fiscal hizo un llamado a los funcionarios públicos para que no se dejen influir por presiones externas o políticas y cooperen con las investigaciones. “Les digo al pueblo hondureño, tengan confianza, representamos sus intereses y no los de un grupo que ataque. No importa lo que digan, es parte de la democracia. Pero nuestra conciencia está tranquila, porque vamos a llegar al fondo”, agregó.
Zelaya concluyó su intervención reafirmando el compromiso del Ministerio Público con la transparencia y la justicia en las elecciones internas. El fiscal aseguró que, aunque se hayan presentado dificultades, las investigaciones seguirán su curso y se buscará esclarecer todos los hechos irregulares relacionados con las elecciones. Además, hizo un llamado a la población para que continúen confiando en las autoridades judiciales, reiterando que no habrá impunidad para quienes intenten manipular el proceso electoral en beneficio propio.
