¿Qué hace Honduras y el resto de Centroamérica para contener alza al combustible?

Mientras la guerra en Oriente Medio dispara el precio del crudo a niveles alarmantes, el Gobierno hondureño intenta contener principalmente el golpe mediante un subsidio del 50% aplicado únicamente sobre el incremento semanal de la gasolina regular y el diésel, una medida que contrasta con las acciones más decididas de sus vecinos centroamericanos.

En tanto Panamá impulsa un programa sólido para mitigar el impacto y Nicaragua congela por completo sus tarifas, la administración del presidente Nasry Asfura mantiene una política de alivio parcial -subsidio y teletrabajo para personal público no esencial- que no es acompañada por verdaderos planes de ahorro energético estatal ni por una revisión profunda de la estructura de costos de los carburantes.

El Gobierno hondureño sumó este martes otra medida a su estrategia: la extensión del subsidio a la tarifa de energía al sector residencial (100% a los consumos entre 0 y 150 kWh y de 50% entre 150 y 500 kWh). También decidió aplicar el alivio en la micro, pequeña y mediana empresa (del 100% a los consumos de hasta 1,000 kWh y del 50% entre 1,000 y 3,000 kWh).

Esta falta de profundidad en las medidas genera críticas en el sector económico. Amparo Canales, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), señaló que la respuesta institucional es insuficiente y que, al carecer de claridad técnica, deja al consumidor en una posición de vulnerabilidad ante una posible espiral inflacionaria que superaría las metas del Banco Central de Honduras (BCH).

“El Gobierno debe ser transparente en lo que está captando, cuál es el aporte que está teniendo y cuáles son los márgenes de comercialización que tienen en la cadena de combustibles, porque debe haber una respuesta institucional donde se indique claramente qué es lo que están haciendo”, demandó.

Asimismo, Canales criticó que el Gobierno mantenga un silencio sin ofrecer alternativas estructurales o programas de consumo responsable que sean sostenibles en el mediano plazo.

El impacto social es grave, especialmente porque el producto que más ha subido es el kerosene, combustible vital para la cocción de alimentos en los hogares hondureños con mayores índices de pobreza, reflexionó.

Entre algunas medidas recomendadas por la economista, mientras pasa la tormenta, están los subsidios focalizados en un mediano plazo, promover el uso de tecnologías de ahorro o programas de consumo responsable, la diversificación de la matriz energética, así como un monitoreo de precios por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico.

“Es sumamente importante ejercer esa vigilancia para evitar la especulación”, manifestó.

En Centroamérica, Panamá es el país que presenta una mayor cohesión en sus acciones para disminuir el impacto en su economía por el incremento de los combustibles. Su programa presenta medidas agresivas y diversificadas, comenzando por un programa de alivio focalizado para el transporte público, de carga y la pesca artesanal.

Asimismo, impulsa un plan de movilidad para que la ciudadanía utilice el transporte masivo, obliga a las instituciones públicas a reducir su flota vehicular y escalonar horarios de trabajo para disminuir el consumo nacional de energía, pero también se trabaja en las calles buscando reducir el tiempo en el tráfico vehicular.

Incluso, el Gobierno determinó reducir los viajes de los funcionarios públicos al exterior por el alto costo de los pasajes producto del encarecimiento del combustible para los aviones.

El enfoque panameño busca “blindar” la cadena de suministros y evitar el aumento en los pasajes del transporte masivo. El objetivo es que la crisis global no detenga la actividad comercial ni asfixie a los ciudadanos que dependen diariamente del sistema de transporte de la capital y del interior del país.

En el caso de Nicaragua, desde 2022 “blindó” su mercado interno al mantener congelados los precios de la gasolina regular, superior y diésel. Esta política busca proteger la economía familiar y la productividad, asumiendo el Estado el 100% de los incrementos internacionales para evitar que se trasladen al costo de vida.

El Salvador ha priorizado el monitoreo constante de precios y mantiene un fuerte subsidio focalizado al gas licuado de petróleo (GLP).

A diferencia de sus vecinos, El Salvador no ha anunciado por ahora un nuevo paquete de alivio fiscal específico para las gasolinas, confiando en que sus precios promedio sigan siendo los más accesibles de la región.

Por su parte, Guatemala, al tener un mercado libre en el negocio de los hidrocarburos, los precios se fijan libremente en atención a los precios internacionales, por lo que el Ministerio de Economía únicamente vigila que no haya abusos.

Por el momento -según su presidente Bernardo Arévalo León- la estrategia gubernamental, además del monitoreo de precios, solo se ha enfocado en la eficiencia logística en los puertos, buscando evitar cualquier costo innecesario en la entrada de hidrocarburos.

A principios de la Semana Mayor, el partido oficialista guatemalteco planeaba proponer en el Congreso Nacional algunos proyectos de ley temporal para reducir el precio del diésel y el gas propano a través de subsidios focalizados y la implementación del teletrabajo.

Como el Legislativo no se reunió, tales medidas serán discutidas en esta semana entrante.

Mientras tanto, en Costa Rica, la situación tiene una particularidad: como los precios de los combustibles, internamente, se revisan cada mes los efectos del conflicto internacional empezarán a sentirse después de Semana Santa.

Debido a trámites pendientes entre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), el Gobierno tico pospuso los aumentos proyectados para abril, permitiendo que los veraneantes circularan con precios antiguos durante la Semana Mayor.

Ante la amenazante situación, las autoridades de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) pidieron a la ciudadanía una eficiencia energética, uso de transporte público y practicar la movilidad compartida para mitigar el gasto familiar.

Para Juan Ferrera, el empresario y exministro de Finanzas, la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, cuya fecha final es incierta, ha puesto difícil la situación económica de los países que son netamente importadores de derivados del petróleo.

“El sistema de subsidios, pues, tiene su límite hasta donde está la capacidad del Estado”, lo que obliga al Gobierno a buscar alternativas que trasciendan la simple inyección de fondos públicos, exigió.

El empresario sugirió al Gobierno “entrarle con algún diálogo entre los sectores para ver cómo podemos mantener los precios porque al final es la inflación la que se come todos los recursos”.

Por otro lado, al no existir un sistema de transporte público de calidad manejado por el Estado, los hondureños se ven forzados a importar vehículos particulares, saturando las vías y disparando el consumo de carburantes.

“Si hubiese un servicio público de buena calidad y seguro y a buen precio nos ahorraríamos mucho”, afirmó.

Para mitigar el caos vial y reducir la factura petrolera, Ferrera propuso implementar medidas de organización, como el sistema de “pico y placa”, utilizado en otros países de la región, y la regulación del alto cilindraje.

A criterio del empresario, el teletrabajo en el sector público surge como otra alternativa viable para minimizar el gasto de combustible, siempre que se garantice la productividad.