Menos del 1% de personas no accede a crédito por estar morosos en Central de Riesgo
Según una encuesta sobre inclusión financiera del INE, es ínfima la cantidad de hondureños que dicen no acceder a créditos por estar en la lista negra de la central de deudores, pese a lo afirma Rixi Moncada en campaña
- Actualizado: 26 de noviembre de 2025 a las 09:26 /
Durante sus más recientes intervenciones públicas, la candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, ha insistido en la promesa de “sacar de la Central de Riesgos a más de 2.1 millones de hondureños” que arrastran historiales crediticios negativos, aunque la realidad financiera dicta lo contrario.
El mensaje ha calado especialmente entre sectores golpeados por deudas, empleo precario y limitadas oportunidades financieras, pero expertos en economía y regulación bancaria advierten que la propuesta podría ser menos viable de lo que parece y que podría traer más riesgos que beneficios para el sistema financiero de Honduras.
Moncada ha presentado la eliminación de los registros como una medida de “justicia económica”. Durante sus discursos ha afirmado que la Central de Riesgos “castiga a los pobres” y los mantiene excluidos del acceso a créditos, vivienda y proyectos productivos.
La narrativa, aunque potente, apela directamente a una frustración real, donde miles de hondureños han tenido dificultades para ponerse al día con sus obligaciones financieras.
El planteamiento de la candidata del oficialismo no aclara cómo se realizaría la “eliminación” ni cuál sería el marco legal para intervenir en la base de datos que manejan instituciones reguladas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Los que trabajan y producen saben quién los defiende.
— Rixi Presidenta (@RixiPresidenta) November 4, 2025
Mientras los bancos niegan créditos a quienes buscan crecer, Rixi propone eliminar la Central de Riesgo para que los emprendedores y trabajadores tengan oportunidades. Su proyecto no habla desde los privilegios, sino desde la... pic.twitter.com/MbIN8wL9Gr
De acuerdo con analistas, la promesa podría encajar dentro de un tipo de oferta populista que simplifica problemas complejos para obtener simpatías electorales, pues no es legalmente posible borrar una deuda sin un acuerdo con las instituciones acreedoras, tampoco la Central de Riesgos condena “de por vida”, ya que los reportes negativos desaparecen tras cierto periodo una vez regularizados los pagos.
La responsabilidad de un crédito no se elimina con una decisión administrativa, por ello se cuestiona si Moncada realmente buscaría reformar el sistema o simplemente capitaliza una narrativa emocional.
Según un último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Módulo de Inclusión Financiera 2024, un total de 830,040 personas en Honduras tenían un préstamo o crédito reciente, otorgado durante los últimos 12 meses del análisis. Esto equivalía al 12.9% de la población adulta total.
Del universo de usuarios financieros, 13.7% eran hombres y 12.2% mujeres.
La Encuesta de Inclusión Financiera, aplicada en noviembre de 2024 a 7,250 hogares (equivalentes a 26,576 personas), mostró que la mayoría de los hondureños que no solicitaron crédito lo hicieron por motivos completamente ajenos a la Central de Información Crediticia, mejor conocida como central de riesgo.
Según el INE, entre las personas que no solicitaron un préstamo, el 51.4% afirmó que simplemente no tenía necesidad. Este es el hallazgo más contundente, es decir, más de la mitad de los hondureños encuestados no solicita créditos no por estar castigados, sino porque no ven una razón para endeudarse. Estas proyecciones contradicen de forma directa la idea de que la Central de Riesgos es un obstáculo masivo para el acceso al crédito.
El segundo motivo más común también desmiente el argumento político. Un 21.2% de las personas consultadas dijo que pedir un crédito es demasiado riesgoso, lo cual refleja un temor personal y una falta de demanda real; no es la banca la que cierra puertas, es la población la que se autolimita por miedo a no poder cumplir.
En tercer lugar aparece el incumplimiento de requisitos, con un 18.7%, que está más relacionado con la alta informalidad laboral del país que con el historial crediticio. Esto está íntimamente ligado a la informalidad laboral, que supera el 70% en Honduras. Este es el verdadero cuello de botella del sistema financiero, no la Central.
Solo 1.5% de los adultos dijo que evitó solicitar crédito porque pensó que no sería aprobado y la falta de garantías apareció con apenas 1.5%. Esto desmiente la narrativa de que la población vive “aterrada” de aplicar por estar en la Central.
De hecho, apenas 0.7% del total de adultos encuestados indicó que no pidieron préstamo por estar en la central de deudores (morosos), lo que desmonta la tesis de que la Central de Riesgo es el obstáculo principal del acceso al crédito.
Contraproducente
Para la economista Liliana Castillo, expresidente del Colegio de Economistas, la idea de retirar a hondureños de la Central de Riesgos no solo es técnicamente errónea, sino que podría tener efectos severos sobre la estabilidad financiera del país.
En entrevista, Castillo aclaró que “allí estamos todos, paguemos o no". Todas las instituciones financieras reportan allí la información de cada cliente, si se está al día, si tienen mora o si se cae en incumplimiento. Las categorías van de uno a cinco, donde la uno es la mejor, la cuatro y cinco son las más malas.
La economista detalló que entre el 96% y 97% de los hondureños que tienen crédito pagan puntualmente, y solo entre 2.5% y 3% están en mora. “En esa base hay créditos buenos, malos y excelentes, no es un expediente de castigados, es un registro técnico", explicó.
¿Qué pasaría si se elimina? La experta indicó que los bancos se pondrían más estrictos y los créditos más caros. Eliminar la Central de Información Crediticia no impedirá que los bancos evalúen a las personas, lo que cambiaría es cómo lo harían.
Los bancos podrían crear o contratar una central privada para obtener la misma información, mientras eso ocurre, serían más cautelosos al otorgar crédito. Ante un mayor riesgo, las tasas de interés podrían subir porque habría un costo adicional para adquirir información y se exigirían más garantías, avales y mayor respaldo patrimonial.
“El dinero que prestan los bancos no es de ellos, es de nuestros ahorros, y van a protegerlos con o sin central pública”, apuntó. El escenario para Castillo es que, “aunque quiten la central, el crédito se va a desacelerar, los bancos no pueden arriesgar el dinero del público en un ambiente de incertidumbre”.
Paradójicamente, según Castillo, eliminar la central perjudicaría a quienes sí pagan, ya que sin acceso inmediato a historiales confiables, los bancos deberán asumir que todos representan mayor riesgo y eso se traduce en menos créditos, procesos más lentos, mayores requisitos y tasas potencialmente más altas.
Para la expresidenta del gremio de economistas, el planteamiento de “sacar a la gente de la central” desconoce cómo opera el sistema financiero moderno, es como decir que se eliminarán los historiales médicos porque algunos pacientes tienen diagnósticos complicados.
De su lado, el máster en Finanzas, Elfren Matute, advirtió que la medida no solo carece de sustento económico, sino que, además, elevaría el riesgo crediticio del país, encarecería los préstamos y frenaría nuevas oportunidades para las familias hondureñas.
“El problema no es estar en la central, es la disciplina financiera. La central solo muestra nuestro comportamiento, si no existiera, el riesgo para los bancos sería demasiado alto", dijo.
Explicó que el sistema financiero necesita información fiable para determinar a quién prestar y en qué condiciones. Matute afirmó que el planteamiento de eliminar este instrumento financiero responde más a un intento de generar simpatía popular que a una estrategia económica responsable.
“Es una propuesta populista, no está enfocada en generar oportunidades ni en fortalecer el sistema crediticio. En lugar de beneficiar la economía, es contraproducente”, dijo.
Para el especialista, la función de una central de información es proteger el sistema financiero y los ahorros del público, garantizando que los bancos tomen decisiones basadas en datos, no en suposiciones.
“Si no existe información que permita validar la seguridad del crédito, los bancos restringirán los servicios en lugar de generar más oportunidades y las personas se verán más limitadas”, agregó. Esto sería especialmente grave para sectores vulnerables y emprendedores, quienes dependen del crédito para crecer.
“No es viable ni sostenible, para desmontarla tendrían que cambiar la legislación, lo que provocaría un retroceso para el acceso al crédito”, añadió. Para Matute, la verdadera solución no está en borrar historiales ni eliminar herramientas crediticias, sino en fortalecer la formación de la población mediante la educación financiera, como el ahorro y la toma de decisiones conscientes.
Héctor Soto, economista y politólogo, aportó otra mirada. Soto es de la opinión que el poder la Central de Riesgos no se mide solo en datos y nombres, también en la exclusión que provoca. "Eliminarla no significa que los bancos presten a ciegas, se trata de democratizar los créditos, se aumente la inclusión financiera y así darle una oportunidad de crédito a personas pobres", resaltó.
"Solo el 39.7% de las personas adultas tienen cuentas bancarias y apenas el 20.5% tiene acceso a un crédito en el sistema financiero formal. Así que la Central termina decidiendo quién participa y quién se queda fuera de ella", cuestionó.
Soto calificó a la Central de Riesgos como un "palco VIP", donde a su parecer solo entran "los mejor evaluados, los ricos y una parte de la clase media que se tambalea, y a los pobres les toca que conformarse con las graderías financieras. Allí es donde esperan las financieras poco confiables, los egoístas, las casas de empeño y los que están dispuestos a prestar dinero a tasas de interés inhumanas".
Endeudamiento en Honduras
En otros reportes derivados de un período de entre 2020 y 2024, de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, el total de deudores del sistema financiero supervisado mostró una tendencia creciente al pasar de 922,120 a 1,088,627 personas.
Este enfoque resulta aún más relevante si se observa el comportamiento reciente del mercado crediticio, donde la demanda ha seguido en aumento pese a las limitaciones estructurales del país.
Los productos de consumo, tarjetas de crédito y vivienda registraron un comportamiento ascendente durante todo el quinquenio. El número de deudores por créditos de consumo creció de 515,166 en 2020 a 591,658 en 2024, manteniéndose como el principal tipo de crédito en términos de cantidad de usuarios financieros involucrados.
Las tarjetas de crédito también reflejaron un crecimiento significativo, con un incremento de más de 153,000 deudores en el período, mientras que el crédito hipotecario mostró una trayectoria más moderada, aunque constante, alcanzando 91,321 deudores en 2024.
Durante el período de tiempo, la cantidad de deudores como personas naturales mantuvo una trayectoria ascendente, pasando de 922,013 a 1,088,072.
En el caso de las personas jurídicas, si bien su participación siguió siendo reducida en términos absolutos, se observó una expansión significativa en términos relativos, al incrementarse de 107 deudores durante el 2020 a 555 en 2024.
El crédito comercial constituyó el principal destino del financiamiento para personas jurídicas, registrando un incremento de 54 a 238 deudores entre 2020 y 2024, producto que concentra el acceso al crédito en este segmento.
En ese orden, se posicionaron los productos de consumo y tarjetas de crédito, que mostraron incrementos de 42 a 124 y de ocho a 277 deudores, respectivamente, reflejando una diversificación en el uso de instrumentos crediticios, particularmente en aquellos de corto plazo y alta rotación. Por su parte, el microcrédito mantuvo una presencia marginal, cerrando el período con solo siete deudores.
Entre las instituciones supervisadas, los bancos comerciales concentraron el mayor número de deudores, con un total de 894,698 (el 82.2% del total), siendo además la única entidad que reportó una participación relativamente significativa de personas jurídicas (501).
Le siguieron los fondos de pensiones (120,326 deudores) y las sociedades financieras (105,640 deudores), ambos con cartera compuesta exclusivamente por personas naturales. Asimismo, las organizaciones privadas de desarrollo financiero de primer nivel registraron 86,474 deudores, mientras que los bancos estatales y de segundo piso reportaron 19,992 y 35,002 deudores, respectivamente, sin operaciones dirigidas a personas jurídicas en estos casos.
El total nacional de deudores se encontraba altamente concentrado en el departamento de Francisco Morazán, que reportó 560,446 personas con obligaciones crediticias, seguido por Cortés con 281,714 y Atlántida con 158,488. Estos tres departamentos representaron de forma agregada más del 60% del total de deudores registrados.
El departamento de Cortés, aunque con una base similar de personas jurídicas (73), mantuvo su liderazgo en deudores naturales (281,698); y Atlántida, con 337 deudores jurídicos, superando incluso a Cortés en ese segmento, a pesar de su menor población relativa.
Las personas jurídicas enfrentaron tasas de interés más moderadas en todos los productos, excepto en tarjetas de crédito, en comparación con las personas naturales. A lo largo del quinquenio, las tasas para este grupo registraron leves oscilaciones, con repuntes al cierre de 2024 en todos los productos, destacando los aumentos en el crédito comercial (de 9.1% en 2023 a 11.6% en 2024) y en microcréditos (de 17.8% a 21.3%).
Por su parte, las personas naturales presentaron tasas sistemáticamente elevadas en todas las categorías, explicado por el perfil de riesgo percibido, la ausencia de garantías reales en ciertos productos y a la granularidad del portafolio crediticio.
El INE, en sus últimos datos publicados del último año, indicó que solo el 11.1% de las personas adultas con nivel educativo primario o menor accedió al crédito, mientras que, entre los que tenían nivel educativo superior fue el 23.6%.
La mayoría de hondureños solicitó préstamos argumentando gastos personales, representando el 33.2% del total de los créditos recientes. En segundo lugar se encuentraron los créditos para comenzar o hacer crecer un negocio, 14.0%, seguido por reparación o compra de una vivienda, 13.5%, y consolidación de deudas previas, 13.4%.
Las mujeres pidieron más créditos para inversión, un 21.3% de los otorgados fueron para comenzar o hacer crecer un negocio o producción agropecuaria, comparado con 15.9% para los hombres. A su vez, los hombres pidieron más créditos para reparación o compra de bienes durables (vivienda, vehículo o motocicleta), que representaron el 18.2% del total de crédito, frente al 16.3% para mujeres.
Las personas de menor nivel educativo solicitaron menos créditos para consolidar deudas previas (11.2% del total), mientras que, los de mayor nivel educativo requirieron más (17.6%). Los créditos para educación no mostraron un patrón por ingreso, pero los créditos por razones médicas o salud fueron del 11% del total para los de menor nivel educativo y del 7.2% para los de mayor.
