Las estadísticas de asesinato de mujeres son aterradoras: solamente se han emitido 275 condenas por feminicidios en cinco 5 años. La gran mayoría queda en total impunidad. La intimidación, acoso, abuso sexual, aislamiento (“le había prohibido que saliera de la casa”), amenazas (“si no eres mía, no serás de nadie”), manipulación física, emocional, mental, incumplimiento de obligaciones paternas: alimentación, vestuario, educación, salud, recreación para los hijos procreados con su pareja, ya que todas las personas menores de edad y aquellas que por diferentes causas no pueden satisfacer por sí solas todas sus necesidades tienen el derecho a que se las suplan. La muerte a manos del compañero de hogar constituye la culminación de escenarios cotidianos en la existencia de miles de mujeres más allá de su condición social, cultural, económica.
De diversas maneras, el agresor intenta justificarse a sí mismo y ante los demás por su patrón de conducta agresiva, pretendiendo racionalizarla. El terrorismo masculino está siempre latente cuando la víctima no acata los caprichos del hombre, que se percibe a sí mismo como el “dueño”, el “amo” de la mujer con la que convive. Las amenazas proferidas incluyen el atentar contra los hijos, el obtener su custodia legal, el divulgar videos de actos íntimos de la pareja, como instrumento de chantaje, despojándola de su dignidad e integridad, convirtiéndolos a ella y a la prole en rehenes, sometidos a sus caprichos y aberraciones, privándola de la libertad de escoger y decidir por sí misma, de manera autónoma, no impuesta por decisión de su carcelero y verdugo.
La hija de Ana Paola Hall, consejera del Consejo Nacional Electoral, recibe mensajes contentivos de amenazas, debido a la decisión de su madre de poner a disposición su cargo en el CNE, en tanto se interfiere en la vida privada de la consejera presidente Cosette López. Toda dama merece respeto, independientemente de su posición en la estructura social, nivel educativo, actividad que ejerce para su subsistencia. El silencio no es una opción: recordemos que derecho que no se defiende es derecho que se pierde. El Código de Familia y el Código Penal fueron emitidos con el propósito de garantizar el bienestar de las personas que por razones diferentes no pueden satisfacer por sí mismas sus necesidades. La Fiscalía de la Mujer en el Ministerio Público es la instancia legal que promueve acciones, medidas o sanciones que correspondan.
Muchas mujeres desconocen sus derechos y cómo acceder a la justicia, percibiéndose a sí mismas en condición de indefensión, atrapadas sin salida ante las decisiones inconsultas, unilaterales, arbitrarias de su pareja. En ese estado psicológico van perdiendo su autoestima y autovaloración, capitulando y renunciando a sus derechos. Si ellas asumen actitudes pasivas, renunciando a su autodefensa física y jurídica, se incrementa la frecuencia e intensidad de los actos violentos hasta culminar con su muerte violenta.
