La investigación conjunta de LA PRENSA Premium y El Heraldo Plus ha revelado una fuerte transferencia de fondos aprobados por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que excede los 150 millones de lempiras y gestionados por diputados del partido político hoy en el poder, que fueron canalizados por medio de la Secretaría de Gobernación y entregados a dos ONG’s: Manos a la Obra y Mujeres Unidas Extraordinarias, ambas integradas por personas vinculadas estrechamente con Libre, carentes de previa experiencia en la ejecución de proyectos comunitarios, supuestamente para la construcción de obras de infraestructura en distintos departamentos del país, que o bien nunca se han concretado o se encuentran inconclusas, tal como ha comprobado LA PRENSA Premium en Santa Bárbara y Cortés.
Este nuevo escándalo en que fondos públicos son desviados para fines privados empezó a ser conocido gracias a la divulgación de un video que registró la conversación entre el entonces ministro de Solidaridad Social con la diputada del partido oficial por Copán, en que planifican estrategias para favorecer a familiares y activistas de la congresista.
Lo que ayer fue el Fondo Departamental en el seno del Poder Legislativo, hoy solamente cambió de nombre: Fondo de Administración Solidaria, pero con un común denominador: el desvío de fondos estatales para beneficio de particulares.
Esto, tal como acertadamente indica Kevin Isidro del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), “ha consolidado una cultura legislativa orientada más a la concentración del poder que al ejercicio genuino de la representación democrática”, en que se perpetúa “una relación clientelar de los diputados con la ciudadanía, socavando con ello el principio de representación auténtica que constituye la base del Congreso”.
Las prácticas ilegales del reciente pretérito continúan vigentes, perfeccionándose para maniobrar con total impunidad, escudándose en la inmunidad parlamentaria que facilita la comisión de ilícitos que saquean el presupuesto asignado al Poder Legislativo, con la venia del titular de este poder del Estado hondureño.
Las investigaciones periodísticas deben abrir las puertas a investigaciones por parte de las autoridades competentes con el único fin de comprobar las irregularidades y castigar a quienes resulten responsables del mal manejo de los ya precarios fondos públicos para la atención de los problemas estructurales, principalmente el de la pobreza, que golpea a más de siete millones de hondureños y hondureñas.
