El ordenado por el fiscal general Johel Zelaya al reubicar a su colega Luis Javier Santos de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) a labores docentes, orientadas a la formación y actualización de conocimientos por el personal profesional del Ministerio Público, apenas a doce días de que el actual Gobierno entregue el poder a su sucesor, libremente electo por la ciudadanía.
Se han ofrecido diversas interpretaciones de tal decisión, en un intento explicativo de tan súbita determinación.
Para Juan Jiménez Mayor, exvocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), la que durante su permanencia en nuestro país, merced a la presión popular que obligó al entonces presidente Hernández a negociar con la Organización de Estados Americanos (OEA) su llegada, investigó y denunció casos graves de cohecho y abuso de poder al más alto nivel, tal decisión significa el “debilitamiento y aviso de lo que ocurrirá (...), el desmantelamiento de instituciones encargadas de combatir la corrupción e impunidad”.
En tanto, el primer fiscal general, nombrado por el exgobernante Callejas, Edmundo Orellana Mercado, concluye que la salida de Santos “significa una pérdida para Honduras (...), que la remoción coincida con este cambio de gobierno plantea interrogantes preocupantes”.
Julieta Castellanos, socióloga y exrectora de la Unah, interpreta el traslado debido a que Santos “posee información privilegiada de casos de corrupción”.
Y Gabriela Blen, activista en la marcha de las antorchas, que, en su momento, movilizó a miles de hondureñas y hondureños en distintos centros urbanos del país exigiendo la investigación de sonados casos de corrupción e impunidad oficial, expresa que Zelaya “desea congraciarse con los investigados por Uferco-Maccih... para asegurar su permanencia frente al Ministerio Público”.
Todas estas opiniones son coincidentes en el sentido de que vivimos y presenciamos un notorio y evidente retroceso en el combate permanente contra ese grave flagelo, que impacta negativamente tanto en la precaria calidad de vida de las mayorías, en la imagen de la nación en el exterior, en la credibilidad de la administración presidida por Xiomara Castro, quien, durante la campaña electoral que culminó con su elección en 2021, formalmente prometió el ataque sostenido contra tan endémico mal, notoriamente incumpliendo tal promesa a lo largo de los cuatro años de su gestión, viajando en varias ocasiones a entrevistarse con el secretario general de la ONU, meramente para ganar tiempo y calmar las crecientes expectativas ciudadanas.
En síntesis, la ardua batalla en contra de la corrupción e impunidad llegó a su fin, incrementando los peligrosos niveles de frustración e impotencia colectivas, alienando con ello a nuestro pueblo, reiteradamente abusado y manipulado en su legítimo anhelo de adecentamiento de los sectores público y privado.
