A partir de enero de 2027, el Partido Demócrata tendrá el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, lo cual le permitirá reorientar políticas de carácter interno e internacional, correspondiendo a la confianza y al respaldo electoral de la ciudadanía, deseosa de cambios que redunden en beneficio de sus vidas cotidianas.
Mal harían los políticos en darle la espalda al electorado, sin prestarle la máxima atención a temáticas existenciales, tales como la pérdida de poder adquisitivo, dada el alza de los precios de los alimentos, la salud, la educación y los combustibles.
Antes que nada, el Partido Demócrata debe superar su actual divisionismo, en razón de discrepancias ideológicas: de un lado, quienes prefieren continuar actuando dentro de las reglas tradicionales del sistema político, que consideran que sigue siendo la mejor manera de alcanzar consensos bipartidistas. Del otro, los llamados “progresistas”, renovadores que respaldan al senador Bernie Sanders, de tendencia socialdemócrata, y concluyen que urge implementar legislación de justicia social, con menores grados de corrupción pública y enfoques que trasciendan el más de lo mismo. Son conscientes de que la desconfianza ciudadana en el Gobierno es cada vez mayor: de un 60 % de confianza en 2000 a un 17% actualmente.
El Poder Legislativo bicameral tendrá que restaurar el equilibrio constitucional -hoy perdido- y sus prerrogativas, por cuanto el Ejecutivo actual lo ha convertido en un mero apéndice de la voluntad y los designios emanados de la Casa Blanca, instrumentalizándolo en temas tales como el control del gasto público, el respaldo incondicional a Israel, tanto político como económico, indicativo de la influencia del lobby judío, y la salud pública.
La aspiración colectiva por la aprobación del seguro médico universal encuentra poderosas resistencias políticas y empresariales: el intento presentado por la entonces primera dama Hillary Clinton naufragó en el Congreso.
Los derechos reproductivos de las mujeres han sido coartados durante la actual Administración, contando para ello con el respaldo de las corrientes religiosas evangélicas, que cuentan con millones de seguidores de inspiración fundamentalista.
La facultad legislativa de aprobar la declaratoria de guerra a otro país ha sido usurpada por el presidente Trump, quien durante su campaña electoral prometió el fin del intervencionismo militar estadounidense en los asuntos internos de otras naciones, promesa que ha sido violada.
En lo que respecta a la reindustrialización de Estados Unidos, las empresas multinacionales prefieren trasladar sus operaciones hacia países periféricos, donde los costos de mano de obra son muy inferiores. Por ello, la promesa de devolver a Estados Unidos su grandeza y su estatus dominante a nivel mundial tampoco ha sido cumplida por el mandatario Trump.
¿Logrará el Partido Demócrata triunfar en las elecciones presidenciales de noviembre de 2028? Su desempeño durante estos dos próximos años lo dirá. Ello pasa por recuperar la unidad, superando el presente fraccionamiento interno.
