Nos referimos al pueblo misquito, poseedor de una cultura distintiva, expresada en su lengua, religión e historia. Se le considera el primer grupo indígena organizado para defender sus derechos, al crear en 1967 la Federación Masta (Mosquitia Asla Takanka), miembro de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (Conpah).
A pesar de que el departamento de Gracias a Dios, creado por la Junta Militar de Gobierno en 1957, alberga la reserva de recursos naturales más importante del país y posee un enorme potencial para el desarrollo económico -pesca, bosques, turismo y minerales-, permanece en el abandono y la marginación por parte de los distintos gobiernos.
Esta situación se refleja en las deficiencias en materia de salud, educación, vivienda y vías de comunicación, indispensables para integrarlo plenamente con el resto del territorio nacional.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha documentado la “exclusión y discriminación estructural” que sufren sus pobladores.
Un ejemplo de ello es la situación de entre 3,000 y 4,000 buzos que quedaron con discapacidad permanente al no haber sido provistos de equipos adecuados para la inmersión en aguas profundas por parte de las flotas pesqueras procedentes de Islas de la Bahía.
Esta realidad revela que el Estado hondureño no ejerce un control efectivo sobre los propietarios de embarcaciones pesqueras industriales, ni siquiera en los puertos, mucho menos en alta mar, lo que facilita el incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad ocupacional establecidas en el Código de Trabajo.
La limitada capacidad de supervisión también queda evidenciada en el hecho de que un solo inspector de la Dirección General de Pesca debe atender todo el departamento, cuya extensión territorial es de 16,997 kilómetros cuadrados.
La ONG Mopawi, por medio del representante Elsser Brown Evans, denunció que se está dando pesca ilegal, mientras la industria camaronera viola las 3 millas náuticas y destruye la reproducción de las principales especies marinas costeras.
En materia sanitaria, un solo hospital brinda atención a los seis municipios del departamento, aunque dispone de presupuesto y personal apenas suficientes para atender a un municipio.
En síntesis, los servicios de salud, educación y justicia se encuentran colapsados.
A ello se suma la presencia del narcotráfico, que encuentra refugio en la vasta extensión del territorio y ha generado nuevos problemas de diversa índole, con efectos directos sobre la seguridad de las personas y sus bienes.
Mopawi recomienda al Gobierno garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios en todas las decisiones relacionadas con sus territorios y los recursos pesqueros; fortalecer los consejos territoriales indígenas para la gestión de la pesca artesanal, reconociéndola como una ocupación tradicional de los pueblos indígenas; brindar protección jurídica efectiva a sus territorios; impedir la explotación pesquera durante los períodos de veda por parte de embarcaciones de países vecinos; y asegurar que los servicios de salud, educación y justicia sean culturalmente pertinentes y se presten también en lengua misquita.
