El Canal Seco -carretera de 100.49 kilómetros que une a Goascorán, Valle, con la Villa de San Antonio, Comayagua- es otro ejemplo de cómo se derrochan nuestros impuestos en proyectos que, por distintos motivos, no son concluidos, quedando a medias su construcción. Basta citar hospitales y centros de reclusión en abandono por nunca haberse finalizado su edificación para empezar a prestar los servicios para las que fueron diseñados.

Cuando se firmó el contrato de concesión con la Concesionaria Vial de Honduras (Covi-H), se incluyeron de forma integral tanto la ampliación de la carretera como su mantenimiento, tanto del Canal Seco como de la CA-5-Norte.

También se incorporó al documento la figura del Ingreso Mínimo Garantizado (IMAG), que obliga al Estado al pago de $10 millones a Covi-H, aun cuando no se inviertan fondos nacionales en concepto de mantenimiento.En 2021 se hizo efectivo el pago a la concesionaria. Sin embargo, no ocurrieron desembolsos entre 2022 y los años siguientes.

En 2022, el entonces presidente Juan Orlando Hernández inauguró el Canal Seco sin que se hubieran cumplido los estándares establecidos en el contrato, razón por la cual la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) no lo ha traspasado y Covi-H no instala la caseta de peaje ni asume el mantenimiento de la vía

En resumen, desde 2022 el Canal Seco se encuentra en abandono, con el consiguiente deterioro progresivo y labores de mantenimiento esporádicas. El mandatario Nasry Asfura se ha comprometido al pago de 42 millones de dólares, alrededor de 1,100 millones de lempiras al cambio actual, por concepto de los cuatro años de indemnización de conformidad con el Ingreso Mínimo Garantizado, a fin de que la Concesionaria Vial de Honduras ceda el Canal Seco al Estado, que se abstendría del cobro de peaje en Lamaní, a excepción del transporte pesado.

Se busca que el Estado asuma el control de la vía para no afectar a los transportistas con el pago del peaje. El Estado debe pagar 10 millones de dólares anuales a Covi-H, sin que invierta en el mantenimiento, debido a que la SIT no le ha traspasado la vía. Dado que el Gobierno aún no ha entregado el tramo al concesionario, está pagando una cuota por incumplir el contrato.

Dos versiones discrepantes emergen. La primera es la sustentada por el titular de la SIT, Aníbal Ehrler, quien sostiene que no se continuará con la concesión ni Covi-H la está solicitando. Según esta posición, ambas partes están de acuerdo en negociar la rescisión del tramo Lamaní-El Amatillo y, de alcanzar un acuerdo, el Estado se hará cargo del mantenimiento sin cobrar peaje.

La otra versión, sostenida por Covi-H, es que tanto la incorporación del Canal Seco como las obligaciones relacionadas con su operación y mantenimiento deben realizarse conforme a lo pactado contractualmente. La empresa recuerda que la concesión fue diseñada como un todo: tanto la ampliación de la carretera como el mantenimiento de la totalidad de la vía, tanto de la CA-5 como del Canal Seco.

En esta controversia debe prevalecer el diálogo entre las partes, a fin de evitar litigios y demandas. De no alcanzarse consensos, correspondería recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), conforme al mecanismo establecido para resolver la controversia. El resultado podría favorecer o perjudicar al Estado de Honduras.