Positiva ha sido la reacción por parte de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil, tras conocerse la declaración de la presidenta Xiomara Castro, en el sentido de que ha quedado suspendida hasta el 26 de enero de 2026 la denuncia del tratado de extradición con los Estados Unidos de América, a fin de que sea el nuevo gobierno hondureño el que decida su continuidad o su cancelación.
Sin duda que con tal decisión --anunciada por la titular del Poder Ejecutivo y ampliada por el canciller Reina-- se percató de dos realidades: el creciente malestar colectivo por el anuncio, el pasado año, de dar por concluido tal instrumento jurídico bilateral, y las presiones emanadas por la nueva administración estadounidense, cuyas posiciones a nivel internacional se han tornado inflexibles: amigos o enemigos.
En todo caso, debe ser bienvenida la rectificación, ya que de haber procedido tal como se había originalmente decidido, Honduras se hubiera convertido en un santuario ideal para el crimen organizado, aprovechando la ubicación geoestratégica de nuestro país y su cercanía al principal mercado consumidor de estupefacientes, con todas las implicaciones de seguridad resultantes. Recuérdese que Washington ha calificado de terroristas a los cárteles de la droga, por tanto un peligro inminente para su estabilidad.
Con la oportuna rectificación se ha evitado la captura del Estado nacional transformado en narcoestado.
Hasta ahora no se ha logrado dar captura a la totalidad de las personas requeridas por la justicia estadounidense para fines de extradición, lo que obliga a la policía hondureña a redoblar esfuerzos para su ubicación y captura donde quiera se encuentren.
A partir de hoy, se debe proceder a trabajar en los otros temas incluidos en esta negociación con el Departamento de Estado: migración, defensa, tratado de libre comercio, inversiones, lo que requiere de habilidad y flexibilidad por ambas partes, a efecto de alcanzar consensos mutuamente aceptables y benéficos para ambas partes.
Un sentido de urgencia debe estar presente, ya que nuestro país debe hacer frente y encontrar respuestas rápidas al retorno de miles de connacionales deportados, a la contracción de nuestro comercio bilateral, a la recepción de capitales extranjeros en diversas áreas productivas necesarias para reactivar la economía y la generación de empleo, así como para garantizar la seguridad de las personas y sus bienes.
