Las que el actual Gobierno ha retomado de administraciones anteriores, que apuntan tanto hacia el creciente debilitamiento de nuestro frágil sistema democrático -con todas sus limitaciones- y que indican un rumbo muy preocupante que conduce a la nación hacia la consolidación del autoritarismo, opción visible a lo largo de nuestra trayectoria histórica, tanto en regímenes civiles como castrenses.
Hemos seleccionado algunos indicadores que revelan el creciente abuso de poder y la voluntad de profundizarlo a efecto de apuntalar al partido hoy en el poder, que pretende por diversos medios proyectarse a futuro indefinida e irreversiblemente.
Las restricciones a la libertad informativa, coaccionando e intimidando a los comunicadores independientes, con el propósito de silenciar a quienes cuestionan y disienten de la versión oficial de los hechos.
El acoso a la oposición política y a sus candidatos a cargos de elección popular, judicializándolos de forma antojadiza, sin poseer pruebas fidedignas, contundentes, de los cargos formulados, desnaturalizando al debido proceso y a la presunción de inocencia,
Transformando a los poderes Legislativo y Judicial en instrumentos de los designios del Ejecutivo.
Politizando a las Fuerzas Armadas, asignándoles funciones que exceden las consignadas en el artículo 272 constitucional, con lo que las transforma de “obedientes y no deliberantes” respecto a la autoridad civil en cómplices y punta de lanza del debilitamiento institucional y el orden jurídico, en abierta violación a la Ley Fundamental que nos rige, en el proceso dividiéndolas en facciones antagónicas, con la consiguiente inestabilidad nacional.
Consolidando prácticas de nepotismo, corrupción e impunidad para beneficio familiar y partidario, drenando recursos públicos para desviarlos hacia fines distintos a los asignados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos. Maniobrando mediante la aplicación de estrategias que favorecen el continuismo en el poder, presionando y saboteando las instituciones a cargo de las elecciones, con objetivos oscuros.
El papel de las actuales autoridades es garantizar un proceso electoral transparente, que garantice el libre ejercicio del voto y el respeto irrestricto de la voluntad popular.
La ciudadanía no puede ni debe permanecer indiferente a tales designios que atentan contra la soberanía popular, incluyendo el derecho a elegir y ser electos de forma totalmente pacífica y transparente.
