Tanto nuestros compatriotas como la comunidad internacional está presenciando el intento, por demás ilegal, de colapsar y anular los resultados oficiales de la declaratoria oficial de los resultados electorales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Tal -ilícita y desesperada maniobra por retener el poder- se inició con la convocatoria a sesión por parte del titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, la pasada semana, a la que únicamente asistieron parlamentarios del partido político oficial y un par de diputados de otro partido, más una suplente liberal, impidiendo el ingreso a la Cámara de 74 legisladores de la oposición, con lo que se careció del necesario quórum.
En tal reunión se exige un nuevo escrutinio electoral, desconociendo lo previamente actuado y resuelto por el órgano competente en materia electoral, y se ordena al fiscal general acción penal en contra de las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López.
La siguiente maniobra -igualmente ilegal- estuvo a cargo de la titular del Poder Ejecutivo, Xiomara Castro, al sancionar tal decreto espurio ordenando su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, incluido en la edición del pasado viernes 9 de enero.
Ambas iniciativas -sin duda- pretenden el continuismo del actual régimen, en clara violación de la normativa constitucional relativa a la alternabilidad en el ejercicio del poder, lo que equivale a un autogolpe de Estado, imitando lo actuado en su momento por Fujimori en Perú y Serrano Elías en Guatemala, impedido en ambos casos por las Fuerzas Armadas, en ambas repúblicas.
Ello ha sido repudiado por juristas nacionales: “El Congreso Nacional carece de legitimidad constitucional para actuar en materia electoral” (Félix Ávila), en tanto Washington ha advertido las “graves consecuencias para quienes pretenden cancelar ilegalmente los resultados de las elecciones generales. El pueblo hondureño merece una transición pacífica del poder”.
La población debe estar atenta y pendiente de la evolución de esta grave crisis institucional que atenta abiertamente en contra del Estado de derecho, la estabilidad política y económica, el presente y futuro de nuestras vidas. Permanecer al margen de lo que está sucediendo revela tanto desamor respecto a la patria como irresponsabilidad total acerca de nuestro irrenunciable derecho a elegir y ser elector de manera legal y transparente.
Las próximas horas serán decisivas para la existencia misma de nuestra patria, que estamos obligados, todas y todos, a protegerla de cualquier asechanza, venga de donde venga. Están ocurriendo hechos de máxima gravedad para la existencia democrática de la nación, que requiere de la defensa por parte de la totalidad de sus hijos, independientemente de ideologías y clases sociales. El compromiso patriótico no puede ni debe ser obviado.
