Una letal combinación de una intensa y prolongada sequía y fuertes lluvias, ocurridas respectivamente en la zona centro-sur y nororiental, ha provocado severos impactos en la producción agrícola, en el hato ganadero y en el deterioro de los suelos, así como la pérdida de cosechas, lo que, a su vez, genera hambrunas colectivas.
Las consecuentes alzas de precios en los productos de la canasta básica alimentan una espiral inflacionaria que impacta más a quienes disponen de menores ingresos económicos.El cambio climático, la deforestación resultante de la tala irracional e ilícita de los bosques, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua y los suelos, la degradación de los ecosistemas, así como la minería a cielo abierto, como elemento del modelo extractivista de los recursos naturales, pasan la factura que cada vez afecta más a nuestro país.
Los efectos catastróficos y devastadores de esta combinación de fenómenos inciden sobremanera en las poblaciones más vulnerables, mientras no se reducen los factores generadores de riesgos que violan los derechos tanto de los individuos como de las comunidades, ni se deducen responsabilidades legales a individuos y empresas causantes de esta creciente destrucción del medio ambiente.
Las represas ubicadas en Tegucigalpa contienen cada vez menos agua, al punto de que el suministro llega a los hogares solamente tres veces por mes. Esto refleja el descenso en su nivel, mientras la demanda supera a la oferta, con repercusiones tanto a corto como a largo plazo.
La disponibilidad de agua potable resulta indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. El acceso al recurso hídrico es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la supervivencia de las personas y, por tanto, es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos, tal como lo advirtió en su momento el papa Francisco en la encíclica Laudato si’.
Por medio del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) proyecta que hasta 2.2 millones de compatriotas sufrirán inseguridad alimentaria a finales de 2026, un incremento de 400,000 personas respecto de la cifra actual.
Esto se debe a la combinación de factores como la pobreza, en la que actualmente subsisten 6.4 millones de hondureños (as); el cambio climático; el aumento en los costos de producción agrícola; el encarecimiento de los productos básicos; los incrementos en los precios internacionales del petróleo y sus derivados; la falta de articulación entre las instituciones estatales; la desigual distribución de la tierra productiva; y los sistemas de riego concentrados en pocos propietarios.
A esto se suma que miles de pequeños agricultores cultivan parcelas de subsistencia, incapaces de generar excedentes y de enfrentar fenómenos climáticos extremos, como la cruel sequía que directamente los afecta a ellos y a sus familias. Resulta evidente la urgente necesidad de implementar acciones estratégicas orientadas a rediseñar los actuales sistemas alimentarios, a efecto de alcanzar la sostenibilidad ecológica, económica y social.
