La ya aprobada -y puesta en vigencia- Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras, pretende asegurar, de hecho y de derecho, tanto la seguridad legal en la tenencia de tierras productivas como la seguridad alimentaria, con respeto al proceso de reforma agraria consignado en nuestra Constitución política.
Ahora dicha legislación otorga mayores seguridades jurídicas tanto al gran propietario como al minifundista, ambos expuestos a invasiones, usurpaciones y paralizaciones del agro productivo, actualmente en situación de zozobra permanente por parte de grupos vinculados al crimen organizado, de acuerdo a las declaraciones formuladas a este diario por el ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera, quien notificó que ya se ha procedido a cinco desalojos efectuados en la Costa Norte: Yoro y Tela, así como en la Sur: Choluteca, invadidas en el pasado como recientemente.
Las autoridades exponen que los autores materiales e intelectuales de masacres -tanto en áreas rurales como en centros urbanos- están directamente aliados o forman parte de redes integradas por narcotraficantes que manipulan o aniquilan a grupos campesinos de acuerdo a sus particulares designios.
Honduras no puede continuar siendo teatro de operaciones y refugio de bandas mafiosas que ponen en estado de permanente zozobra a propietarios nacionales y extranjeros, con ello ahuyentando cualquier tipo de inversiones locales y foráneas de tipo agroindustrial.
Por ello, es de suma importancia implementar una situación y condiciones propicias para que todo legítimo propietario de tierras de vocación agropecuaria disfrute de paz y seguridad garantizadas permanentemente.
La conflictividad en el agro, de carácter crónico, debe ser superada definitivamente, caso contrario continuaremos lamentando nuevos enfrentamientos armados con el consiguiente derramamiento de sangre, con saldo de muertes evitables si se actúa de manera preventiva y firme, bajo el principio de legalidad y autoridad.
“Existen más de mil órdenes de desalojo listas para ejecutarse y diariamente se siguen acumulando nuevos casos”, confirmó el ministro Talavera.
Ya están advertidos los usurpadores de oficio, sus ilícitos están llegando a su fin, con ello sus millonarios ingresos adquiridos mediante el terror y la violencia.
También aclaró que la distribución de tierras nacionales no se ha paralizado: se dispone de L200 millones para la distribución de predios a labradores.
Con respecto a tierras comunales de grupos indígenas y afrodescendientes debe procederse a rigurosas investigaciones jurídicas e históricas, a efecto de localizar títulos de tenencia cuando existan, caso contrario, otorgarlos cuando en Derecho proceda.
Siendo grupos étnicos vulnerables y tradicionalmente marginados, deben gozar de especial protección por parte del Estado.
Se requiere de un inventario y bases de datos de tierras y propietarios actualizado, disponiéndose de una valiosa herramienta estadística: el Censo Nacional Agropecuario publicado recientemente por el INE.
