No se está acatando el artículo constitucional relativo a que las Fuerzas Armadas son “una institución nacional, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante”. Todo lo contrario, se olvida un principio esencial de un sistema y régimen democrático: la subordinación militar al poder civil y su apoliticidad. Con ello se están violando diversos derechos humanos y garantías consignados en nuestra carta magna, entre otras a la libre emisión del pensamiento, “por cualquier medio de difusión, sin previa censura”.
La creciente politización militar ha convertido a la institución castrense en un ente deliberante e ideologizado a favor del partido político hoy en el poder y de la cúpula que lo controla, en abierto conflicto con la sociedad civil. Resurgen medidas represivas de diverso tipo, en afán de socavar la institucionalidad, el pensamiento crítico e independiente, reviviendo la letal Doctrina de Seguridad Nacional, fundamentada en la existencia de “enemigos internos” que deben ser eliminados, mediante la aplicación del terrorismo de Estado. La transparencia y rendición de cuentas de todas y cada una de las dependencias gubernamentales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, queda relegada a un segundo o tercer plano.
Quienes la integran, desde soldados a oficiales, deben meditar el rumbo y orientación a la que se está conduciendo al “brazo armado del pueblo”, por parte de una alianza que la aleja y distancia de sus compatriotas, que no portan ni armas ni uniforme y que le han otorgado respeto y apoyos cuando han ocurrido agresiones provenientes del exterior que han puesto en peligro la soberanía nacional. Tanto los integrantes de las Fuerzas Armadas en servicio activo como en situación de retiro están obligados a reflexionar respecto a las desviaciones, enfrentamientos, confrontaciones que están debilitando y desprestigiando a tan vital institución estatal.
Ya no solo a lo interno de nuestro país crecen las declaraciones de condena a la serie de ataques en contra de la libertad de opinión y de prensa. También se suman organizaciones extranjeras en solidaridad con sus colegas hondureños, a quienes se pretende silenciar definitivamente.
El calificarlos de ser “sicarios”, o lo que es lo mismo asesinos a sueldo, reviste máxima gravedad. Los tres colegas así acusados y, por extensión, todo el gremio periodístico, puede y debe recurrir a las vías legales para llevar a juicio a quienes, de manera temeraria e irresponsable, lanzan acusaciones carentes de sustento jurídico.
Si lo que se pretende es atemorizarlos, no lograrán su vil propósito: por el contrario, se mantendrán verticales en sus opiniones, sin doblegarse ante el poder, sea este civil o castrense. Su profesionalismo y su código de ética, más la solidaridad gremial, local e internacional, los fortalece en la convicción de estar del lado de la verdad y la razón.
El filo de los sables no podrá quebrantar ni a las ideas ni al pensamiento crítico.
