Si bien las autoridades de Seguridad anuncian con entusiasmo que las cifras de homicidios en el país van a la baja y que ya no estamos en la lista de los países más violentos del mundo, lo cierto es que son muchos los hondureños que siguen perdiendo la vida violentamente. Grave es también que la mayoría de los homicidios en Honduras quedan en las sombras de la impunidad, sea por falta de interés por parte de los órganos investigativos o por no contar con las suficientes pruebas para poder enjuiciar a los sospechosos.
Son muchos los casos que sirven como ejemplo, y entre los más emblemáticos, que han movido los cimientos de la sociedad, está la muerte violenta del ambientalista, defensor de los derechos humanos, celebrador de la Palabra en la Iglesia Católica, concejal de la Corporación Municipal de Tocoa, departamento de Colón, Juan López, acaecida el 14 de septiembre del pasado año.
Se han cumplido ya seis meses del hecho y hasta hoy siguen sin conocerse los avances de las investigaciones que las autoridades dicen impulsar con el propósito de dar con los actores intelectuales y materiales de este crimen, y las causas que les motivaron a cometerlo.
Es cierto que se arrestaron a tres supuestos sicarios, y desde entonces se paralizó el intento para llegar al fondo de esta sórdida trama. El ominoso silencio ha virtualmente paralizado las pesquisas, lo que motivó a diversas organizaciones, que mantienen su voz en alto, demandando las respuestas a este caso.
Lo preocupante es que no solo este caso está en la impunidad, son muchos más los crímenes contra líderes ambientalistas, sociales, campesinos, de personas comunes, que no han sido investigados y mucho menos judicializados.
La impunidad en sociedades violentas como la hondureña es un problema que además de perpetuar la violencia porque los perpetradores de esa violencia creen que no enfrentarán consecuencias, lo que les motiva a continuar cometiendo estos delitos, también debilita las instituciones como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, poniendo en entredicho su trabajo y credibilidad, sin olvidar las implicaciones en el sector salud, en la economía, la falta de inversiones y la migración, entre muchas otras consecuencias negativas, que al final perpetúan los índices de pobreza que golpean a altos porcentajes de la población.
Los retos para revertir esta problemática son muchos y se deben enfrentar con mucha responsabilidad, desde todos los sectores sociales y sus autoridades.
No podemos como sociedad seguir siendo actores pasivos, solo contando el número de muertes que a diario enlutan a miles de familias a nivel nacional.
