La más reciente encuesta realizada a nivel latinoamericano por Latinobarómetro, con sede en Chile, ofrece datos reveladores para nuestro país, al medir el nivel de confianza y aceptación que merecen para nuestros compatriotas. Los resultados son preocupantes y merecen la debida reflexión por parte de las y los hondureños. No podemos ignorarlos ni pasarlos por alto, a menos que carezcamos de la capacidad de rectificar oportunamente.
El gobierno elegido en los comicios del pasado noviembre solamente recibe el 23 % de aceptación; el titular del Poder Legislativo -que muy prematuramente ha indicado públicamente su deseo de postularse a la Presidencia de la República para el próximo torneo electoral-, un 24 %; el gobernante al frente del Ejecutivo, 26 %. Eso, a nivel individual. Colectivamente, la Policía Nacional, un 28 %, y las Fuerzas Armadas, 37 %.
¿Cuáles son las causas que han ido erosionando el nivel de confianza ciudadana respecto de individuos e instituciones? Un intento de análisis y respuesta debe tomar en cuenta diversos factores contribuyentes, entre ellos, acciones corruptas y delictivas cometidas por algunos, siendo los más recientes casos los perpetrados por coroneles que en su momento tuvieron a su cargo el Centro Penitenciario Nacional en Támara, con millonaria pérdida de fondos.
Si retrocedemos en el tiempo, se debe incluir el indebido comportamiento, por demás parcializado e ilícito, acaecido durante el más reciente torneo electoral, en que el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, intentó interferir en el resultado final de la elección para favorecer el continuismo del anterior régimen.
Todo esto, simultáneo con los ataques escritos y verbales en contra de la libertad de prensa, derecho humano protegido por la vigente Constitución de la República de Honduras.
Con respecto a la Policía Nacional, la insuficiente depuración de quienes han cometido abuso de poder y actos de cohecho pasa factura más temprano que tarde, revelando complicidades con narcotraficantes, homicidios, secuestros, torturas, sustracción de fondos propiedad de particulares, manipulación de pruebas de sustracción, violaciones, enriquecimiento súbito e ilícito. En uno y otro caso, se trata de acciones de personas -manzanas podridas- que deshonran su respectivo uniforme y su juramento de defender y proteger el espacio aéreo, las fronteras terrestres y marítimas, la soberanía y el honor nacional, la seguridad de las personas y sus bienes.
Empero, el “brazo armado del pueblo” debe siempre estar por encima de quienes mancillan su uniforme, haciendo escarnio de su lema y consigna: Honor, Lealtad, Sacrificio.
Algo similar se aplica a la fuerza policial, en la que deben consignarse actos de sacrificio de sus vidas en el cumplimiento del deber, así como ejemplos de heroísmo en la protección de la existencia de sus compatriotas. Las personas, independientemente del cargo y posición que en su momento hayan ocupado, son pasajeras, en tanto las instituciones poseen longevidad indefinida, a menos que el nivel de crisis interna haya socavado sus cimientos de forma irreversible, provocando su colapso y reemplazo.
Tanto la encuesta recién realizada por Latinobarómetro como la de la Orden Jesuita, con sede en El Progreso, departamento de Yoro, llevada a cabo en su 15.ª edición del 12 al 13 de mayo pasado, disfrutan de merecido reconocimiento por su alto grado de confiabilidad, y sus respectivos resultados deben ser objeto de análisis y reflexión para todo aquel preocupado por el rumbo y destino de nuestra nación que, lejos de permanecer indiferente, trata de contribuir al bien colectivo. Ambas son, de hecho, un aldabonazo y, a la vez, la oportunidad para honrosas rectificaciones individuales e institucionales.
