La tenaz y valiente labor conjunta sistemáticamente realizada por La Prensa Premium y El Heraldo Plus logra exponer ante el pueblo hondureño, con las debidas pruebas fehacientes, las diversas modalidades perpetradas por el anterior Gobierno para beneficiar a determinadas personas, muy cercanas políticamente con la presidenta Castro y su asesor Zelaya.
Hemos conocido del derroche de fondos públicos -es decir, nuestros impuestos-, de cómo se despilfarraba en las distintas instituciones estatales para recompensar la incondicional lealtad de determinadas personas carentes de valores éticos y morales, pero caracterizadas por la incondicionalidad respecto a las titulares del Ejecutivo, Judicial y el presidente del Legislativo.
Prácticamente a diario van conociéndose más y más ejemplos de lo arriba afirmado, tanto en la Secretaría de Solidaridad Social (Sedesol) como en la de Educación, con el desvío de fondos para el financiamiento de la campaña electoral del partido entonces en el poder, en connivencia entre el titular de dicho ministerio y una diputada por Copán, ambos hoy compareciendo ante el juez que tiene a su cargo la indagatoria judicial.
En Educación, el tráfico de plazas, el nombramiento irregular de personas electas y/o nombradas en otros cargos, -creando duplicidad de funciones y devengando doble o triple sueldo-, constituyen la punta del témpano.
Queda en evidencia que cuando fueron seleccionadas para ocupar tan elevadas funciones, la lealtad hacia la cúpula del Partido Libertad y Refundación (Libre) estuvo muy por encima de la meritocracia, la honestidad y capacidad, como criterios básicos y únicos para ocupar tales funciones claves, en perjuicio directo de compatriotas supuestamente recipientes de ayudas en razón de sus ingresos (caso Sedesol) y de la educación de calidad para la niñez y juventud matriculada en escuelas y colegios públicos (caso Educación).
La indignación y repudios colectivos crecen en la medida que se dan a conocer detalladamente los esquemas y estrategias diseñadas e implementadas para premiar a pseudodirigentes, familiares cercanos, activistas, protegidos.
Desde esta página editorial hemos afirmado la necesidad de establecer un saludable precedente que permita superar la tradicional y enraizada impunidad, prevalecientes desde siempre con quienes llegan a ocupar puestos de confianza en la Administración Pública.
Solamente el comparecer ante los tribunales, obviamente otorgando a los imputados el debido proceso y el derecho a su defensa, permitirá aplicar las sanciones administrativas y penales a que se han hecho acreedores, sentando así un necesario y saludable precedente.
Caso contrario, si se aplica el “borrón y cuenta nueva”, la incondicional amnistía, se profundizará el mal gobierno, desmoralizando a quienes transitan por las rutas de la honestidad y la rectitud.
Nadie debe estar por encima de la ley, cualquiera sea su condición social, económica, filiación política, nexos de parentesco.
El principio de igualdad jurídica debe, desde ahora, prevalecer, marcando un antes y un después.
Así lo exige nuestro pueblo, reiteradamente abusado y manipulado por los de arriba.
